Según datos de La Oficina Europea de Estadística (Eurostat), España es el tercer país europeo donde más ha crecido la pobreza, solo por detrás de Grecia (del 28,1% al 35,6%) y Chipre (del 23,3% al 27,7%). A pesar de que la pobreza en la UE ha descendido un 0,3% desde 2008, en España se ha producido un preocupante aumento del 4,1%, situando los datos oficiales europeos en el 22,3% el porcentaje de personas en riesgo de pobreza en nuestro país.

 

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social confirma que cerca del 6,4% de la población española, más de 2,9 millones de personas, vive en pobreza severa, pues los ingresos en sus hogares, por unidad de consumo, son inferiores a 342€ al mes.

Los datos del Informe indican que que el 14% de las personas con empleo están por debajo del umbral de la pobreza y casi una tercera parte de la población pobre en edad de trabajar, el 32,6 %, lo continúa siendo a pesar de tener trabajo.

 

¿Qué marca el umbral de la pobreza?

La UE considera que una persona está en riesgo de pobreza o exclusión social cuando está en uno de estos tres supuestos:

  • Cuando los ingresos no alcanzan el umbral de la pobreza (el 60% del ingreso nacional medio después de pagar impuestos)
  • Cuando está “severamente privada de medios materiales” (cuando no puede pagar el alquiler, la hipoteca o las facturas, la calefacción, imprevistos, carne o pescado, no tiene coche, lavadora, teléfono o no puede irse de vacaciones ni una semana al año)
  • Cuando vive en un hogar con muy baja intensidad laboral (donde los mayores de 18 años no estudiantes hayan trabajado menos del 20% de su potencial de trabajo en el último año).

 

La lucha contra la pobreza

Hay determinados perfiles y colectivos que son más susceptibles de caer en la pobreza y la exclusión social. Es el caso de la infancia, de las familias monoparentales, de las personas con baja cualificación o de los pensionistas. La pobreza y su perdurabilidad en el tiempo se han convertido en uno de los mayores dramas a los que se enfrenta la sociedad española, y es una manifestación no solo de la crisis, sino una consecuencia de los reiterados recortes sobre el Estado de Bienestar llevados a cabo por el Gobierno desde hace años

Para luchar contra esto, es necesaria la revalorización de salarios y pensiones, una mayor  protección para las personas con menos recursos, asegurar unos ingresos mínimos y el refuerzo de la equidad, progresividad y suficiencia del sistema tributario español, de forma tal que contribuya al reparto de la riqueza y que permita el mantenimiento del Estado de Bienestar.

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