Por Javier Díaz Ortiz

¿Pero es que han perdido el juicio? Quizá sea una pregunta retórica de pronta respuesta tratándose de sujetos de tamaña irresponsabilidad como lo son Mariano Rajoy y Carles Puigdemont. Sendos nombres ya venían siendo asociados con el desastre y el caos en los últimos meses, pero el grotesco espectáculo acaecido hoy ha superado con creces los límites de la vergüenza soportable como demócrata. Ambos, cada uno a su manera, ha retorcido malintencionadamente la voluntad de la ciudadanía; y es que la negligencia política, al igual que el dinero, no tiene patria ni bandera. Una avalancha de decisiones demenciales que ha sumido a la ciudadanía, española y catalana, en enfrentamientos absurdos que bien utilizan para desviar la atención de las personas lejos de los casos de los recortes en gasto social y los casos de corrupción que arrastran ambos ejecutivos.

La semana pasada, los partidos de la derecha política, que ahora se hacen llamar los constitucionalistas, respiraron aliviados tras conocerse la firme intención del Gobierno central de aplicar el ya repetitivo artículo 155 de la Constitución. Un artículo deliberadamente ambiguo pensado a modo de botón de emergencia para situaciones extremas en las que una Comunidad Autónoma incumpla gravemente sus obligaciones. Esta carta en blanco entregada al ejecutivo es un arma muy peligrosa, muy efectiva en situaciones de verdadera necesidad, pero manifiestamente antidemocrática cuando trata de resolver un problema de índole político, como es el caso actual. Ahora bien, el Gobierno central es libre en su aplicación, previa aprobación del Senado (sí, aunque no lo creáis en España hay uno), y eso abre la puerta a que la irresponsabilidad del ejecutivo tenga consecuencias desastrosas para la convivencia de sensibilidades nacionales diferentes dentro del mismo país. Y como un niño con zapatos nuevos, zapatos comprados sin sorpresa alguna por el PSOE y Ciudadanos, el gobierno del Partido Popular se entregó al éxtasis de la suspensión del autogobierno en Cataluña. No obstante, dejó una puerta entreabierta, una vía para evitar la aplicación de dicho artículo con la convocatoria de elecciones autonómicas. Puigdemont no pareció convencido, aunque ayer mismo se mostraba abierto a esta posibilidad, para lo que incluso convocó una comparecencia que finalmente fue anulada. Era demasiado tarde, y la palabra del PP se depreció todavía más cuando advirtió de que hiciese lo que hiciese, la aplicación del artículo maldito estaba en vías de aprobación y no había marcha atrás posible sino con las exigencias que Mariano Rajoy hacía.

¿Y entonces qué? La pregunta que todo el mundo se hizo ante la negativa del Gobierno de paralizar la tramitación de la intervención en la autonomía. La presión aumentaba, ya estaba convocado el pleno de la cámara alta para aprobar el requerimiento, y finalmente el Govern de la Generalitat optó por la vía dura y convocó un pleno del Parlament casi simultáneo para debatir la respuesta a la adopción de dicha media por parte del ejecutivo central. A las 15:25 horas del 27 de octubre de 2017 se proclamó la República de Catalunya en sede parlamentaria con los votos favorables de JxSí (exceptuando dos votos en blanco) y la CUP, los votos en contra de Catalunya Sí que es Pot y la ausencia de las demás formaciones. Apenas una hora después, el pleno del Senado aprobaba con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos (y sus coaligados regionales) la autorización al ejecutivo para hacer efectivo el artículo en el Consejo de Ministros que se celebró a las 18.00 horas de ese mismo día. La mayor vergüenza ocurrió en el momento de anunciarse los resultados de la votación, cuando la bancada popular rompió en aplausos y vítores; parece que una crisis social e institucional de este tipo y la aplicación de un artículo de tamaña severidad son motivos de alegría y celebración para un partido que esta semana ha sido determinado como partícipe a título lucrativo por la Fiscalía en uno de los casos de corrupción más grandes de la historia.

Pero la imagen en Barcelona no era menos vergonzosa. Un Parlament medio vacío celebraba con tibieza en el interior y euforia en el exterior una independencia avocada al desastre. La famosa Declaración Unilateral de Independencia (DUI) se había consumado, y el camino a partir de ese momento era incierto. Esta declaración fue un error catastrófico que Cataluña arrastrará durante años; un suicidio político que pone en una muy complicada situación a los detractores de la aplicación del artículo 155, ya que, al igual que el Gobierno central, ha abandonado la vía del diálogo y se ha entregado a la fuerza bruta parlamentaria. La decisión sorprendió a buena parte de la sociedad que, confusa en los primeros instantes de tensión, no entendía muy bien qué había ocurrido. ¿Ya está?¿Somos independientes? La República Catalana había nacido, y las instituciones del Estado no tardaron en actuar. De las primeras fue la Fiscalía, que anunció que el próximo lunes día 30 de octubre presentará una querella por un supuesto delito de rebelión (de aplicación muy dudosa para este caso concreto) tipificado en el Artículo 472 del Código Penal y penado con hasta 30 años de prisión.

A última hora de la tarde, Mariano Rajoy anunciada las medias concretas en que se iba a materializar el artículo 155, entre las que destacan: la disolución del Parlament, el cese en pleno del Govern de la Generalitat, la convocatoria de elecciones autonómicas para el día 21 de diciembre y el control de los Mossos d’Esquadra. Una batería de medidas que se concretan en la disolución de una cámara legislativa legal y legítimamente constituida, el cese de un ejecutivo autonómico nacido de esa cámara representativa y, en definitiva, la ejecución del autogobierno de una autonomía. Esta es la gran solución del ejecutivo de Rajoy, dinamitar el autogobierno e imponer su criterio desde Madrid. Ahora bien, no es raro preguntarse: ¿y si el 21 de diciembre vuelven a tener mayoría las formaciones independentistas? ¿Se volverá a disolver el Parlament hasta que salga una mayoría conveniente a los intereses de La Moncloa? Eso tiene un nombre, por desgracia muy conocido en este país.

Así las cosas, la irresponsabilidad de ambos ejecutivos sigue causando estragos en la sociedad, fomentando una situación de inestabilidad y fractura. Los representantes de las burguesías española y catalana hacen mella entre las personas para obtener sendos beneficios políticos y económicos anunciando finales apocalípticos. Nada más lejos de la realidad, esta crisis habrá de solucionarse con personas y entre personas, dialogando y tendiendo puentes para el entendimiento, no con declaraciones unilaterales ni con imposiciones por la vía de la fuerza. Esa es la teoría pero, teniendo en cuenta las manos que han de ponerla en práctica, hagan sus apuestas.

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