El Programa Presupuestario 2018 que el Gobierno ha trasladado a Bruselas deja a las claras las prioridades del Ejecutivo en materia de inversiones públicas, revalorizando solo el 0,25%, pero asumiendo un gasto de 2.000 millones por las autopistas de peaje, antes privatizadas y ahora en concurso de acreedores.

Con estas previsiones los pensionistas volverán a perder poder adquisitivo. Tampoco se restituyen los derechos de los trabajadores del sector público. Sin embargo, sí se destina parte del crecimiento económico (un 3,1% en 2017 y un 2,3%, en 2018) a rescatar el sector privado (como es el caso de las autopistas). Esta fórmula de mantener los ingresos y establecer un menor gasto social tiene un enorme coste social.

Siguiendo con esta línea económica, la nueva proyección sitúa a la tasa de paro para 2017 en el 17,2% de la población activa, y estima que disminuirá casi dos puntos adicionales en 2018, hasta el 15,5%. Por lo tanto, recoge un menor crecimiento del empleo respecto a la estimación, que realizó el propio Gobierno, en julio de este año.

Además, se mantienen los efectos de la falta de calidad en el empleo que caracteriza a nuestro mercado laboral, donde la mayoría de los trabajadores y trabajadoras pierden poder de compra y no participan de la recuperación económica.

El Gobierno sigue anteponiendo la reducción del déficit público (mantiene sus previsiones del 3,1% en 2017; 2,2% en 2018; 1,3% en 2019 y 0,5% para 2020) a las necesidades sociales y el resultado será que, a pesar del crecimiento económico, sigan creciendo la desigualdad y la pobreza.

Deja un comentario