El trabajo doméstico es una necesidad. La mayoría de las veces forma parte de nuestra actividad en nuestros hogares. En muchos casos la distribución de tareas en el seno familiar es manifiestamente mejorable entre la pareja o se desborda y se acomete con la familia amplia (los abuelos). Pero, también está el trabajo doméstico que lo acomete otra persona, a cambio de un sueldo: una trabajadora (o trabajador) doméstico.

Existe una gran demanda de los servicios personales y domésticos; atención personal, la economía de cuidados que abarcan múltiples necesidades, hacia mayores o niños; limpieza, ‘hacer la casa’, plancha o jardín, compra y preparación de alimentos, etc. También, hay elementos sociales y culturales que propician que estos servicios se hagan por la propia persona o familia o se encarguen fuera del hogar, se externalicen, se demanden residencias o guarderías o se encargue comida, etc., o se prefiera ejecutar todas esas actividades con el concurso personalizado de una trabajadora doméstica.

En nuestro país, con una renta per cápita menor a otros, hay un número relativo mayor de personas que trabajan remuneradamente en esas actividades. Más del 92 por ciento son mujeres. Como las 67 millones de personas en el mundo. La mayoría de las personas dadas de alta en el régimen especial son de nacionalidad española, aunque quizá adquirida tras aplicarse los convenios de doble nacionalidad. Según los datos de la EPA, del tercer trimestre de 2016 hay en España 616.000 hogares con empleadas de servicio doméstico.

En España, según las estadísticas oficiales hay más de 425.000 personas dadas de alta en el régimen especial de trabajadoras en el hogar, una persona puede trabajar en varios hogares, aunque también hay casos de alta artificial, para salvaguardar su estatus de residente.

En el año 2011, antes de la ley actualmente vigente, eran menos de 300.000 las personas con esta actividad y en la formalidad económica. Es decir, en plena crisis económica la formalización de más de 100.000 personas alivió, no cabe duda, la caída estadística de empleo. Pero, también hay que señalar que hay mucho empleo informal. Según estimaciones hay otras 400.000 mujeres que trabajan remuneradamente sin estar de alta laboral y otras que se han dado de alta. Se ha paralizado la política de acercamiento al régimen general, hasta la plena homogeneización, de las trabajadoras domésticas a trabajadoras ‘normales’.

Hay una pescadilla que se muerde la cola. La diferencia de prestaciones entre una trabajadora doméstica y una ‘normal’ viene dada porque la primera no tiene prestaciones de desempleo en caso de que la trabajadora se quede en paro. Pero eso ocurre porque la persona o familia empleadora no cotiza a la seguridad social por ese concepto.

Generalmente, la remuneración de las trabajadoras domésticas es muy cercana al salario mínimo y, se cree, porque no hay estudios y no hay experiencias conocidas, que es sensible la cantidad de empleo al coste del mismo. Pero, la regularización del año 2011-2012, en plena crisis, demostró que se puede mejorar la condición de prestaciones, regularizando cotizaciones, mediante una campaña de sensibilización y publicidad de derechos tanto a las trabajadoras domésticas como a las personas y familias que contratan esos servicios.

La subida del salario mínimo interprofesional para 2017 es una buena noticia y debe continuar hasta alcanzar, por lo menos el 60 % del salario medio, como establece la Carta Social Europea. Las trabajadoras domésticas tienen derecho a tener unos ingresos en correspondencia al crecimiento económico y con todos los derechos, como cualquier trabajador. Porque todos sabemos que según sean las cotizaciones, así serán las prestaciones asistenciales, de pensión., etc. Y todos tenemos que procurar lo mejor para todos. Y esto es un camino insoslayable y que hay que asumir como normal si queremos que este trabajo tenga la consideración que merece. Lo otro está fuera de lugar.

Para lograr mejores condiciones para las trabajadoras domésticas se han creado plataformas, como la denominada Turín, formada por asociaciones de mujeres empleadas de hogar, cooperativas de empleadas de hogar, otras cooperativas, asociaciones de inmigrantes y algunos sindicatos que aspiran a que las trabajadoras domésticas tengan los mismos derechos, que cualquier trabajador, también el derecho al desempleo. Hay otros problemas relevantes, desde las consecuencias de accidentes o enfermedad o la inexistencia de una inspección laboral. De ahí, que reclaman que España, como ya ha recomendado el Consejo de Europa y lo han hecho diversos países europeos, ratifique el Convenio 189 y la Recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo. Fátima Báñez, Ministra de Empleo y de Seguridad Social, interrogada recientemente sobre esta reclamación, dijo ‘estamos en ello’. Pero fueron las mismas palabras que dijo, también, hace un año ante la misma demanda. Y llevamos cinco años sin hacerlo, mirando para otro lado. Pero no podemos mirar para otro lado.

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