Por Javier Díaz Ortiz

Inconstitucionalidad, la palabra maldita. Ese pequeño trabalenguas que nadie se resiste a pronunciar al menos una vez en su vida. Sin duda es una palabra potente, de peso, una afirmación categórica que hace a cualquiera estremecerse de miedo. Calificar algo de inconstitucional es sinónimo de terror y desolación; toda una declaración de malas intenciones. Pero, ¿qué tan grave es la inconstitucionalidad en España? Pues bien, eso depende, como normalmente ocurre, de quien se trate. Llevar a término un acto calificable de inconstitucional es algo que no siempre trae consecuencias. De hecho, en la mayoría de los casos ni tan siquiera se inicia un proceso ante el Tribunal Constitucional, órgano encargado de tal función y cuya composición, dicho sea de paso, deja mucho que desear desde el punto de vista de la imparcialidad necesaria para un sistema democrático con unas mínimas garantías. Pero regresando al punto central de los infractores, para quienes la Constitución vale o no dependiendo del contexto, cabe destacar que no es fácil encontrarse en la posición de quebrantar gravemente los principios constitucionales. El común de los mortales tenemos vetado el acceso a los recursos y facultades para incumplir los preceptos que el texto supremo configura mirando hacia las instituciones de poder. Es por este motivo que los ejecutivos se han posicionado en el centro de la inconstitucionalidad. Ah, pero es que no vale cualquier ejecutivo para violar la Constitución y salir impune. Si la acción huele a antisistema, secesionismo o contubernio judeo-masónico, tengan por cuenta los artífices que la caza de brujas está servida. Ahora bien, si la inconstitucionalidad procede de ejecutivos, vamos a decir, poco molestos, tal vez se pueda pasar por alto si no es demasiado manifiesta la infracción.

A veces la inconstitucionalidad de algunos actos no se encuentra intrínseca en un choque de interpretaciones como una sutileza solo visible para ojos expertos

Pero si hay que hablar de actos inconstitucionales impunes la razón clama al cielo y el dedo acusatorio gira hasta apuntar de frente a los ejecutivos estatales. Los gobiernos del Partido Popular y del PSOE, con más o menos descaro, han burlado el mismo texto que ellos configuraron a imagen y semejanza de las élites de poder. No han sido capaces de respetar la propia norma que ellos mismos redactaron en despachos a puerta cerrada. Ahora bien, para no pecar de arrogancia insinuando que el Tribunal Constitucional no ha hecho bien su trabajo, quede claro que estas líneas simplemente buscan denotar la torsión jurídica que sufre el texto constitucional hasta el punto de ser interpretada a contrasentido; y denotar igualmente, que esta capacidad para sortear los principios constitucionales y hacerlos aplicables solo en algunos casos y para algunas personas es una actividad monopolizada por el Gobierno central en todas las legislaturas hasta la fecha. Si bien existen casos en los que el tribunal garante del texto constitucional ha dado un rapapolvo al ejecutivo, como el más reciente caso de la esperpéntica amnistía fiscal, estas resoluciones son las menos.

Es fácil acusar, pero no tanto lo es argumentar. No obstante, en este caso solo se precisa de un simple ejercicio de comparación, con la Constitución en una mano y el Boletín Oficial del Estado en la otra, para darse cuenta de que sendos textos no encajan. Tanto es así que de este ejercicio se puede desgajar una retahíla de incompatibilidades que ocuparían al ya citado tribunal durante años. Pero la sana incredulidad de la sociedad española gusta de ver materializas en ejemplos todas las acusaciones es oportuno detenernos en algunos de los casos más descarados de violación constitucional.

Comenzando por el final, simplemente por llevar la contraria, encontramos un clásico de la política española, la legislación a través del Decreto-Ley, una costumbre tan arraigada en el proceder del Gobierno que ya no parece sorprender la abominación antidemocrática que supone la confusión del poder ejecutivo con el legislativo. Si bien la Constitución, de manera bastante acertada, previó esta figura en su artículo 86, la utilización que han hecho los ejecutivos de ésta supone una torsión malintencionada del texto constitucional que prevé la facultad legisladora provisional al ejecutivo para casos “de extraordinaria y urgente necesidad”, condición que raramente se da. Son muchas las materias que el Gobierno, especialmente el de Mariano Rajoy, ha regulado a través de esta figura pese a carecer de ese carácter urgente; materias que perfectamente podrían haber sido sometidas al trámite parlamentario ordinario sin poner en peligro interés general alguno. Esta mala interpretación intencionada del texto fundamental, aunque cueste creerlo, es un atentado manifiesto contra el sentido original del articulado.

No obstante lo anterior, a veces la inconstitucionalidad de algunos actos no se encuentra intrínseca en un choque de interpretaciones como una sutileza solo visible para ojos expertos. Son muchas las contradicciones con el texto constitucional que por la mera forma de su redacción suponen un error insalvable de inobservancia de la Constitución. Es preciso acudir a modo de ejemplo al artículo 25.2 que, de nuevo con mucho acierto, cita “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”. Pues bien, desde aquí hago un llamamiento a cualquier persona capaz de razonar cómo la prisión permanente revisable, introducida con la reforma del Código Penal bajo la mayoría absoluta del PP, es compatible con un modelo destinado a la reinserción.

Pero antes de llegar al anterior precepto encontramos otros artículos igualmente importantes, si no más, que son burlados con la tácita permisión legal de la propia Constitución. Así, tenemos numerosos derechos fundamentales y de la ciudadanía que recogen, entre otros, el artículo27 que garantiza el acceso a la educación; los artículos 42, 43 y 44 para la protección de la salud, cultura y medioambiente respectivamente; o el ya antológico artículo 47 como garante de una vivienda digna. En estos casos la impunidad de la inconstitucionalidad no es casual en absoluto, sino el resultado de una serie de trabas que han dejado estos artículos prácticamente desprotegidos. En primer lugar, su redacción sumamente abstracta no permite establecer un nivel mínimo de cumplimiento ya que, por ejemplo, no determina a qué se refiere con protección del medioambiente. Si se hace una interpretación extensiva, como debe ser en materia de derechos y garantías, es fácil encontrar cierta disonancia entre estos derechos y medidas tan propias el ejecutivo del Partido Popular como los recortes en sanidad y educación, la elevación del IVA cultural al 21% o la negativa a levantar el conocido como impuesto al sol para energías renovables. Pero la ambigua redacción de estos artículos no es casualidad, pues la propia Constitución ya previó este tipo de conflictos y optó por dejárselo a las instituciones futuras para que actuaran como tuvieran a bien hacerlo. Y es que ya se sabe: quien hizo la ley, hizo la trampa.

Para concluir con este viaje hacia atrás es lógico atender a los primeros artículos del texto supremo. De forma muy sutil, pues la profundización haría correr ríos de tinta, cabe detenerse en dos elementos fundamentales en cualquier democracia: el cumplimiento estricto de la Declaración Universal de Derechos Humanos, tal y como reza el artículo 10.2, y la separación de poderes, prescrita en el artículo 9.3 del texto constitucional. En referencia a lo primero quizá sea más provechoso consultar la numerosas reprimendas de la ONU a los ejecutivos españoles por cuestiones muy variadas, desde la infame amnesia que trata de vetar una recuperación veraz de la memoria histórica hasta la Ley de Seguridad Ciudadana, no mal apodada, ley mordaza. Respecto a la separación de poderes se puede preguntar, entre otros casos, a los fiscales Moix y Maza a tal efecto.

En definitiva, y por contrastar con contexto de estas líneas, parece oportuno traer a la memoria aquella parábola sobre ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. La realidad es que, bien amparados en la legalidad, que no siempre coincide con la constitucionalidad, o bien actuando de forma contraria al ordenamiento, el Gobierno central parece reclamar para sí el monopolio de la inconstitucionalidad ante un sistema político obsoleto que, sin ser capaz de respetarse a sí mismo, cómo habría de hacerlo con las personas.

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