Por Cynthia Duque Ordoñez

¿Tenemos derecho a una muerte digna?

La religión sigue impregnando las leyes actuales por mucho que España sea un país laico y aconfesional o que nos consideremos una sociedad avanzada que respete los derechos individuales, pero ya que no nos piden permiso para nacer, ¿por qué nos prohíben decidir sobre nuestra propia existencia? ¿Acaso ponerle fin a una vida sigue siendo designio de algún dios poco misericordioso que se relame cada vez que uno de sus siervos se retuerce de dolor?
La polémica está servida y a la luz de los sucesos de los últimos días en mayor medida por la muerte de Luis de Marcos, defensor del derecho a elegir una muerte digna a través de la eutanasia o el suicidio asistido sin que ello suponga una pena privativa de libertad para la persona que faculte al enfermo terminal.

Luis de Marcos el día de su 50 aniversario, en la cama de un hospital, rodeado de sus seres más queridos.

Luis “vivía” encamado, aquejado de esclerosis múltiple grave que le había privado de la movilidad de su cuerpo, del cuello para abajo e impedía gravemente su capacidad para hablar y respirar al punto de temer como el mismo dijo “morir asfixiado una noche”, uno de sus mayores temores. Padecía una enfermedad degenerativa, sin cura alguna conocida, bajo terribles sufrimientos que destruían física y anímicamente a él y su familia.
No quería seguir viviendo bajo esas condiciones y así lo hizo saber a los médicos del centro sanitario en el que fue ingresado, sin embargo, a Luis se le hizo sufrir innecesariamente, ya que su deseo de morir dignamente le fue denegado. La actual ley de la Comunidad de Madrid rubricada de muerte digna, a través del suministro de calmantes que suman al paciente, en cuidados paliativos, en un sueño tranquilo hasta que sus constantes se igualen a cero dependen discrecionalmente de la opinión del médico al respecto y no del paciente. Luis estaba ingresado en uno de tantos centros concertados y religiosos (Fundación Víanorte Laguna) que Esperanza Aguirre, anterior presidenta de la Comunidad, delegó el cuidado paliativo de los enfermos terminales de la Comunidad. De manera que el médico negó su suplica por una muerte digna porque “no sufría lo suficiente”, nos dice su viuda.

Los individuos y grupos sociales, solemos aferrarnos a costumbres y tradiciones, aún si éstas se han vuelto inoperantes, contradictorias u obsoletas. En ese sentido, cabe decir que “el actual equilibrio de las cosas, se fundamenta en dos supuestos, la ignorancia y la impotencia”.

Actualmente la presidenta, Cristina Cifuentes, continúa aumentando el presupuesto a tales centros sanitarios privados.

Sin embargo, su lucha no acabó ante esa primera negativa, Luis emprendió una campaña por la web Change.org con el objetivo que su caso sirviera para otros enfermos terminales y que las firmas de los ciudadanos fueran registradas como una petición popular para la regulación de la eutanasia y el suicidio asistido. El día de su muerte contaba con 29.000 firmas.

Su muerte no fue un camino de rosas. El 7 de julio fue trasladado a la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, allí el 25 del mismo mes le empezaron a suministrar unas dosis de sedación terminal mediante calmantes, con el objetivo de paliar los síntomas de dolor, ahogos o angustia sumiendo en un estado inconsciente al paciente o adelantar su muerte. Aunque su aplicación fue tan leve, quizás por el miedo de los médicos a ser acusados por la Comunidad de Madrid de asesinato, que Luis despertó varias veces hasta que finalmente murió el pasado uno de agosto.

La lucha de este hombre contra el dolor y la tortura de morir lentamente reaviva un vacío legal en España que por convicciones religiosas no se ha regulado todavía: el derecho a morir con dignidad. Paises de nuestro entono como Bélgica y Holanda incorporaron en 2002 articulado que permitía la eutanasia, aunque estuviera despenalizada y fuera una práctica habitual desde principios de los años noventa.

En este orden de cosas, se ha puesto de relieve que la autodeterminación, aun no siendo un derecho fundamental, tiene cobertura constitucional en la cláusula de libre desarrollo de la personalidad del art. 10.1 CE. La eutanasia activa es vista como una colisión entre dos valores o bienes jurídicos de rango constitucional: vida humana y libre desarrollo de la personalidad, ambos predicados del enfermo incurable, sin embargo, en realidad, no hay colisión entre estos dos valores, pues el art. 15 CE no protege la vida humana sin más, sino que, protege al individuo frente a los ataques ajenos, por lo que es claro que el Estado tiene constitucionalmente vedado castigar la eutanasia activa.

Importante es la actuación de un tercero como en estos casos siempre sucede, ya que, aunque el paciente cuente con sus capacidades mentales sin alterar no dispone de la capacidad física de poner fin a su propia vida, de manera que necesita la ayuda de alguien que actué por mandato del enfermo. Estos casos están castigados por el Código Penal (art.143.4 CP) aunque atenuada su pena en uno o dos grados respecto de los apartados dos y tres del mismo artículo, lo cual, provoca que en estos casos para eludir la pena privativa de libertad que iría aparejada a los familiares que ayuden a un paciente en estado terminal sin movilidad que quiera acabar con su dolorosa vida, se obliga al paciente a morir en soledad, aumentando aún más su sufrimiento e impidiendo a su familia una despedida. Así fue el suicidio de un enfermo terminal de ELA, José Antonio Arrabal. “Me indigna tener que morir en la clandestinidad”, decía.

El Ordenamiento Jurídico tiene la misión de regular la existencia de las personas para que podamos vivir en paz y ser felices, su misión no es obligarnos a vivir una existencia en contra de nuestra voluntad, si así es nuestro deseo libre y responsable, ni mucho menos debe obligar a un ser vivo a continuar una existencia miserable, en unas circunstancias físicas o psíquicas que le impidan el pleno desarrollo de su personalidad pues esto violentaría el derecho al honor y a la propia imagen entendiendo ambos articulados sobre la esfera de la dignidad: dignidad entendida como salvaguarda de la imagen de una persona ante la muerte y como al honor personal y familiar ante una muerte consentida por el individuo afectado por la misma, pues no hay bienes jurídicos en juego en estos caso más allá de los que afectan a uno mismo.

La vida es el hombre mismo, y si la libertad del hombre consiste en forjar una secuencia, un nuevo eslabón (Kant), en su espontaneidad (Arendt), eso significa que también puede renunciar a ello.

 

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