La familia de Franco se hizo con la propiedad el Pazo de Meiras durante una recaudación de fondos forzosa entre la población en 1938.

El pazo, que fuera residencia de Emilia Parzo Bazán, tiene que ser abierta al público por ser un Bien de Interés Cultural (BIC), categoría que adquirió por un decreto promulgado en diciembre de 2008, a causa de un procedimiento ralentizado judicialmente por los Franco llevándolo a los tribunales una y otra vez. Cuando agotaron las vías judiciales en 2010, se vieron obligados al cumplimiento de la ley de patrimonio cultural y la Xunta, a garantizarlo.

El pazo fue abierto finalmente en marzo de 2011, pero previo pago de la Xunta. Hasta finales de 2012 fue la Xunta la que sufragó a la familia los gastos de las visitas mediante dos convenios y una addenda que sumó un total de 53.713 euros.

Xunta la que sufragó a la familia Franco los gastos por un total de 53.713 euros.

Con estos pactos, la familia Franco “garantizaba la apertura” y el Gobierno gallego asumía “los costes derivados” de las visitas y se comprometía a “hacerse cargo de la cobertura de los daños materiales que se pudieran producir mediante la contratación de un seguro”. Tras la intervención del Valedor do Pobo, la Xunta tuvo que revelar que el convenio implicaba excepciones al deber general de cumplir el régimen de visitas: Durante los días en que la familia se encontrara alojada en el pazo, no se podrían recibir visitas.

En el año 2013 la Xunta dejó de poner dinero para propiciar que los Franco cumplieran con la ley de patrimonio cultural con la presión de los demás grupos políticos.

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