La regulación que ha aprobado el Gobierno sobre el bono social no garantiza el acceso a un suministro básico de electricidad de forma igualitaria para todas las rentas y no resuelve las situaciones que se están produciendo por el incremento del recibo de la luz. Es necesaria una reforma en profundidad del mercado eléctrico, revisar los conceptos fijos de las tarifas eléctricas y reducir la fiscalidad de este suministro básico aplicando el IVA súper reducido.

El bono social, cuya orden aprobada ayer desarrolla el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, no es la respuesta adecuada para proteger a las personas más vulnerables ni para garantizar el acceso al suministro básico de electricidad en condiciones de igualdad para todas las rentas. Y es claramente insuficiente para evitar los cortes de suministro en casos de pobreza extrema.

Tanto la regulación de bono social como la definición de consumidores vulnerables no es la adecuada porque no garantiza el acceso a toda la población a un suministro básico de electricidad. El descuento sobre la factura es claramente insuficiente porque se fija un límite máximo de consumo en función de la unidad familiar, mientras que en el consumo de calefacción deberían tenerse en cuenta fundamentalmente los metros de la vivienda, y no tanto el número de personas que componen el hogar. Tampoco tiene en cuenta el mayor consumo en los meses de invierno, ni diferencia por zonas climáticas. Por tanto, las familias tendrían que pagar el exceso de los kilovatios sin descuento.

El problema radica en que la definición que el Gobierno realiza de consumidor vulnerable fija criterios basados fundamentalmente en los ingresos, el número de miembros de las familias y el límite de consumo, sin tener en cuenta que la mayoría de estos hogares pertenecen a hogares energéticamente ineficientes e incluso, el gasto medio de consumo en hogares energéticamente pobres tiene un consumo superior al límite que se ha establecido en el Real Decreto. El sindicato está también en desacuerdo que las familias numerosas por el hecho de serlo, y sin considerar sus rentas, puedan disponer del bono social sin límite temporal hasta que dejen de ser familia numerosa.

La prueba de rentas no debería ser demostrable desde el año anterior, sino en el momento presentar la solicitud. En cambio, con la regulación aprobada por el Gobierno tiene que acreditar su situación de con la declaración de la renta del año anterior. Una persona pasa en un espacio muy breve de tiempo a situación de exclusión social, desde el momento en el que no se reciben rentas.

El bono social no impide el corte de suministro y solo lo hace para los consumidores en riesgo de exclusión social, si la Administración local o autonómica asume el 50% del importe de la factura.

Esta regulación no resuelve las situaciones que se están produciendo por el incremento vertiginoso de la factura de la luz.

Debido a esta serie de factores es necesaria una reforma en profundidad del mercado eléctrico, estableciendo que el precio de Kwh. se fije en función de su coste real de generación, acabando de esta manera con el actual sobrepago a las empresas eléctricas. Se debería revisar el conjunto de conceptos incluidos en la parte fija de las tarifas eléctricas (potencia contratada), para determinar la procedencia de los que deban ser asumidos por el conjunto de consumidores, permaneciendo en la tarifa, y los que proceda que sean sufragados por los PGE por ser más propios de otras políticas sectoriales, industriales o territoriales.

Es preciso, además, reducir la fiscalidad de estos suministros básicos, aplicando el IVA súper reducido, en el marco de un modelo fiscal justo, progresivo y suficiente como el que debe contar nuestro país; recordando que, en el caso del suministro de agua, otro bien esencial, el IVA aplicado es del 10%.

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