Hace un año, en la madrugada del 15 de octubre, se produjo una pelea en el bar Koxka las Ferias del pueblo en Alsasua. Un bar repleto de jóvenes al que llegan de madrugada dos guardias civiles con tono provocador, se arma una pelea y uno de ellos termina con un tobillo fracturado. La historia continuó con el proceso judicial más escandaloso que se haya vivido en las últimas décadas.

335 días llevan ya en prisión preventiva para tres de estos jóvenes, relocalizados en tres cárceles diferentes a más de 400 Km de distancia de sus familiares. Un año después, miles de personas se movilizaron con cartas de solidaridad en la mano para mostrar que Alsasua no se rinde y que tienen el apoyo del pueblo

El fiscal de la Audiencia Nacional solicitó penas de 50 años de cárcel para Jokin Unamuno, Jon Ander Cob, Julen Goikoetxea, Adur Ramírez de Alda, Aratz Urrizola e Iñaki Abad, mientras que a Oihan Arnanz le quiere imponer 62,5 años de cárcel. Los delitos que les atribuye son “lesiones terroristas” para los primeros, a lo que se suma el cargo de “amenazas terroristas” para Arnanz. El mismo cargo se le endilga a Ainara Urkijo, para la que pide 12 años y medio de cárcel. Además, el fiscal exige que los procesados paguen una indemnización de 41.100 euros a los guardias civiles y sus parejas, que participaron de la trifulca.

En un primer informe emitido por la propia Guardia Civil a fines de octubre de 2016, se constataba que no había habido “linchamiento” ni “paliza organizada”, contrario a lo que venían informando algunos medios. Pero a partir de la denuncia interpuesta por la Coordinadora de Víctimas del Terrorismo, el caso fue trasladado desde Navarra a la Audiencia Nacional.

Desde la Audiencia Nacional se lanza la idea de que la pelea se enmarca en la campaña ‘Alde Hemendik’ contra la Guardia Civil y la Policía en Euskal Herria y la ubica como parte de un intento de crear un clima miedo y rechazo hacia las fuerzas policiales, influyendo de manera negativa en la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil, así como en la de sus familiares y amistades como paso previo a su exclusión social. Desde la plataforma Altsasu gurasoak, desde hace un año vienen denunciando “la existencia de un impulso extrajudicial” para “establecer una tipificación penal ejemplarizante”.

La Audiencia Nacional vincula los hechos del 14 de octubre “con las iniciativas de denuncia de la asociación OSPA de Alsasua, y a continuación vincula las demandas de desmilitarización y de otro modelo policial con reivindicaciones tanto de organizaciones políticas como de la organización ETA”.

Primero se transforma una trifulca de bar en “graves lesiones”, a continuación, éstas se vinculan con la campaña “Que se vayan” contra la presencia de la guardia civil en la localidad, y para finalizar, se identifica esta campaña con la organización ETA, y el resultado es que atribuye a los procesados delitos por “lesiones terroristas”.

Se denuncia tanto la desproporcionalidad de las penas requeridas, como las consideraciones incluidas en la nueva ley contra el terrorismo, modificada en 2015 y que permite todo tipo de interpretaciones arbitrarias.

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