El Acuerdo de Diálogo Social en materia de pensiones alcanzado en 2011 por sindicatos, empresarios y el Gobierno supuso la integración de las Empleadas de Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social. Esta integración suponía la equiparación de la mayoría de los derechos sociales y laborales (incapacidad temporal, maternidad, etc.) con el resto de trabajadores y el compromiso de abordar el derecho al desempleo, un compromiso que el Gobierno no ha atendido aún y que  distintas agrupaciones y sindicatos reclaman para las más de 420.000 Empleadas de hogar en alta que se registran en la actualidad.

El acuerdo de 2011 para la integración de las Empleadas de Hogar incluía también una serie de ayudas a la cotización de los empleadores que diesen de alta en la Seguridad Social a estas trabajadoras, y la obligación de que el empleador cotizase por ellas desde la primera hora de trabajo. Este modelo estuvo en vigor desde el 2011 hasta abril de 2013 y permitió aflorar desde la economía sumergida a 128.271 trabajadoras (un crecimiento de afiliación equivalente al 43,25%). El Gobierno del PP, de forma injustificada, impuso entonces una reforma no pactada que permite trasladar la responsabilidad de asumir la cotización a las propias empleadas cuando trabajan menos de 60 horas mensuales para un empleador. Este hecho, junto a la indolencia del Gobierno para continuar impulsando el proceso, constituyen dos de los factores centrales para explicar la paralización que se ha registrado en el proceso de afloramiento de la economía sumergida en el sector, en la que se mantiene a cerca de un tercio de estas trabajadoras. Desde 2013 hasta septiembre de 2017 las empleadas de hogar en alta se han reducido en 5.398 (una pérdida de afiliación del 1,27%).

Hace unos meses la ministra de Empleo anunció que el gobierno no volvería a establecer ayudas al empleo con fórmulas como las reducciones, que suponen una reducción de los ingresos de Seguridad Social, transformándolas en bonificaciones que el Ministerio financiaría a su cargo para que el sistema de Seguridad Social no se vea afectado. Sin embargo, como ya ocurrió hace unas semanas con la llamada tarifa plana de autónomos, el viernes 6 de octubre el Consejo de Ministros aprobó volver a establecer hasta diciembre de 2018 reducciones a la cotización de los empleadores que hayan dado de alta a sus empleadas de hogar. Se trata de reducciones en las contingencias comunes a cargo del empleador establecidas con carácter general en el 20%, y hasta del 45% en el caso de familias numerosas, pero de las que quedan excluidos los casos en los que sea la trabajadora la que haya asumido la responsabilidad de ingresar las cotizaciones.

Estas reducciones se habían omitido injustificadamente en la Ley de PGE para 2017 y ahora se subsana esa omisión, pero debería hacerse corrigiendo la vía de financiación de ese estímulo, a cargo exclusivamente de la Seguridad Social, asumiendo el Presupuesto del Estado el coste de esta medida.

El Gobierno debe crear la desatención sistematizada que ejerce sobre las Empleadas de hogar, como ha quedado patente cuando ha modificado el régimen de responsabilidades en el alta a la Seguridad Social, incumplido el compromiso de abrir un debate con los sindicatos para la extensión de la protección por desempleo o negándose a que España suscriba el Convenio 189 de la OIT dejando así mermados los derechos laborales de estas trabajadoras.

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