Por Juan Luis del Pozo

A la hora de la verdad, la auto-organización de las personas afectadas por las ejecuciones hipotecarias y los desahucios se ha mostrado más efectiva que la propia acción de las instituciones. Las medidas adoptadas para paliar los efectos producidos por el aumento del desempleo y el endeudamiento de la población han sido más que tibias. Prácticas de apoyo mutuo y un repertorio de acciones del tejido social han permitido hacer frente a las situaciones más dramáticas.

Uno de los espacios donde de una manera más clara se está desarrollando el conflicto político en el estado español y, más concretamente, en las grandes ciudades que actúan como máquinas de crecimiento, es sin duda en el terreno del ejercicio efectivo del derecho a la vivienda.

Es de sobra conocida la especialización del modelo económico español en el sector inmobiliario. Fue este sector el receptor de los flujos de capital que hicieron posible la generación de la burbuja de las infraestructuras y la construcción durante el período dorado de la economía española. Por otro lado, la dinámica de alza de precios necesaria para la generación de plusvalías no habría sido posible sin la colaboración activa de las instituciones, a través de herramientas como la ley del suelo, las bonificaciones fiscales o el uso de la contratación pública.

Estas dinámicas fueron interrumpidas en el momento en que la maquinaria financiera colapsó y los flujos de capital dejaron de alimentar la burbuja inmobiliaria, con los efectos ya conocidos en términos de exclusión y desigualdad. Fue en este terreno, como decíamos al principio, donde se libraron, y se libran actualmente, algunas de las más duras batallas por la impugnación de un modelo de crecimiento que, inevitablemente, ha entrado en conflicto con la necesidad de la ciudadanía de contar con la garantía del acceso a una vivienda donde poder desarrollar su plan de vida.

Pero ni los agentes privados ni las instituciones parecen haber corregido su rumbo, y es que el parque inmobiliario sigue siendo un medio de generación de riqueza para las finanzas antes que cualquier otra cosa, como han demostrado sin ir más lejos las reformas que han tenido lugar en el mercado del alquiler. La revista Alternativas Económicas dedicaba en su número correspondiente al mes de diciembre su sección ‘Tema del mes’ a tratar la cuestión de la subida de los precios y su posible regulación.

Así, en primer lugar, a nivel estatal se han producido cambios legislativos para volver a atraer la inversión que se retirara con el pinchazo de la burbuja. Por un lado, una ley puesta en marcha en agosto de 2012 que permite responder rápidamente a las posibilidades de ganancia que ofrece el mercado, en detrimento de los derechos de los arrendatarios. Por otro, la creación del régimen especial de las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (SOCIMIs), un régimen fiscal que permite a los inversores reducir la carga fiscal sobre los beneficios obtenidos a través de estas sociedades si reparten dividendos, mientras que, si se reinvierten dichos beneficios, directamente no tributan.

Por su parte, y en este caso nos centramos más específicamente en las políticas desarrolladas en la Comunidad de Madrid, las ventas de promociones de vivienda social realizadas por las administraciones madrileñas no solo han servido para poner en manos de fondos de inversión a precio de saldo una parte del patrimonio público, sino también, y esto es quizás lo más importante, para disminuir la ya escasa oferta de vivienda protegida, con las repercusiones que esto conlleva en las posibilidades de alza de los precios del alquiler.

Recordemos que los poderes públicos tienen el deber de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria nos sirvió para ver que el rey realmente iba desnudo, al hacerse patente que el mandato constitucional solo se había cumplido indirectamente a través de la promoción del acceso masivo al crédito, con las consecuencias que esto ha tenido en términos de endeudamiento y fractura social.

Los poderes públicos tienen el deber de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada


Muy al contrario de lo que cabría esperar, hemos podido asistir durante los últimos años al rescate con dinero público de entidades financieras que habían sufrido el desplome del valor de su patrimonio con la crisis inmobiliaria, sobreexpuestas como estaban al ladrillo, y a la depuración de sus balances mediante la creación del “banco malo”, mientras desde el BCE se adoptaban políticas expansivas cuyo objetivo era dotar de liquidez a los mercados financieros de las cuales se han beneficiado asimismo nuestros bancos.

Sin embargo, las medidas adoptadas para paliar los efectos producidos por el aumento del desempleo y el endeudamiento de la población han sido más que tibias. Solo después de que los colectivos de defensa del derecho a la vivienda ejercieran presión a través de la promoción de una ILP, el Gobierno tuvo a bien aprobar una normativa a la que ha podido acogerse un número reducido de deudores hipotecarios.

Y es que, a la hora de la verdad, la auto-organización de las personas afectadas por las ejecuciones hipotecarias y los desahucios se ha mostrado más efectiva que la propia acción de las instituciones. En primer lugar, haciendo visible el problema, pero además desarrollando prácticas de apoyo mutuo y un repertorio de acciones que han permitido hacer frente a las situaciones más dramáticas.

También ha sido desde estos espacios desde donde han partido iniciativas que, ante el bloqueo institucional, han recurrido a la vía judicial para denunciar que la Ley Hipotecaria española incumple el Derecho Comunitario, impugnar malas prácticas desarrolladas por las entidades financieras, como la inclusión de cláusulas suelo en los contratos o las sobretasaciones, o denunciar las ventas ilícitas de viviendas sociales a fondos buitre.

Es asimismo en este marco donde, a mi juicio, cabe situar otras luchas que tienen como objetivo promover un modelo diferente de ciudad, y con ello quiero referirme a los centros sociales que, a través de la ocupación de edificios públicos y privados en desuso, han pretendido poner sobre la mesa la denuncia del uso especulativo de la vivienda y el derecho a contar con espacios donde los colectivos ciudadanos puedan desarrollar su labor cívica y política. En este sentido, recientemente hemos asistido en Madrid a conflictos por el desalojo del Patio Maravillas, en el barrio de Malasaña, la Casa Roja, en Lavapiés, o La Dragona, en La Elipa, unos desalojos sobre los que en algunos casos se ha apuntado su motivación política y su posible respuesta a un intento de obstaculizar la organización del tejido social que dio origen en su momento al 15M.

Ese mismo conflicto ha intentado también resolverse a través de otros cauces, concretamente por medio de las negociaciones llevadas a cabo con el Ayuntamiento para el desarrollo de un marco normativo que regule la cesión de espacios a colectivos ciudadanos, si bien estas conversaciones no han arrojado aun los resultados que cabría esperar. La realidad es que son muchas las organizaciones y entidades que en los diferentes distritos vienen reclamando la cesión de esos espacios. La precariedad en el ejercicio de su labor sigue siendo en muchos casos la tónica dominante, apenas paliada en alguna ocasión gracias a los presupuestos participativos que permitirán el próximo año 2017 la creación en ciertos barrios de centros sociales o casas vecinales.

En conclusión, podríamos decir que, mientras no existan respuestas y haya un cambio palpable en las políticas públicas, el conflicto sobre el derecho a la vivienda seguirá desarrollándose y probablemente ampliándose.

Por otro lado, visto el vergonzoso comportamiento de algunas administraciones y la poca capacidad que muestran para ofrecer soluciones, la legitimidad de las prácticas y las luchas que se vienen desplegando para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna no puede sino incrementarse, por mucho que se intente criminalizarlas.

Deja un comentario