El Partido Popular ha diseñado un Proyecto de Ley que prioriza los aspectos que le interesan yrefuerza el poder de los empresarios en la negociación colectiva. Estas enmiendas facilitan aún más el acceso a la contratación pública de las empresas sin respeto hacia los derechos de los trabajadores, pudiendo incluso pujar por debajo de lo estipulado en convenio colectivo, lo que supone un nuevo impulso a la desregulación de las relaciones laborales y mayor precariedad en el empleo.

Si se aprobasen estas enmiendas, las empresas podrían acceder a los pliegos de condiciones de la Administración Pública y, por tanto, de servicios públicos esenciales que han sido privatizados progresivamente estos años.

El Senado ha vuelto a facilitar que las empresas con menos respeto hacia los derechos de los trabajadores, accedan a los pliegos de condiciones de la Administración Pública, ya que insiste en que el convenio de aplicación es el de la empresa, obviando las garantías negociadas en el convenio sectorial.

El proyecto de ley de contratos del sector público se presentó a principios de año por decisión del Gobierno. La norma da cuenta de una parte muy importante del porcentaje del Presupuesto con que cuentan las Administraciones Públicas y es gestionada a través de contratos públicos. En los últimos años se ha incrementado la utilización de fórmulas de gestión privada, hasta alcanzar, aproximadamente, el 18% del Producto Interior Bruto (PIB). Ello tiene gran trascendencia en el empleo, público y privado, así como en la calidad de los Servicios Públicos.

La solución pasa por que los poderes adjudicadores no tengan la facultad de utilizar solamente el precio o el coste económico como único criterio de concesión y, por otro lado, que se valoren en la relación calidad/precio, tantos aspectos cualitativos como se considere en función de situación social y medioambiental.

Necesitamos que se unan las fuerzas políticas progresistas del Congreso para rechazar estas enmiendas, que prioricen la aplicación de condiciones pactadas en convenio colectivo sectoriales y que difundan en la Unión Europea la actitud de nuestro Gobierno. Solamente así trasladaremos a nuestra legislación las normas de las Directivas Europeas, con las debidas cautelas de igualdad y congruencia democrática.

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