Desde el año 2012, como una de las muchas medidas tomadas por el Gobierno en materia de recortes, los centros de investigación tienen restringida por Ley la contratación indefinida de personal, lo que ha provocado tasas de temporalidad cercanas al 60%. Esta situación repercute directamente sobre la viabilidad del sistema español de I+D+I, que junto a la parálisis en la puesta en marcha del Plan Estatal de I+D+i, que debería haber entrado en vigor en enero de 2017 y aún no ha sido aprobado por el Gobierno, hace que el sector esté bajo mínimos.

Los recortes acumulados desde 2010, del 50%, han sido muy superiores a los anunciados, del 30%. Esto se debe a que a la reducción de las cantidades consignadas en los presupuestos, se han unido unos decrecientes niveles de ejecución presupuestaria, que en 2016 han llegado a su nivel mínimo histórico. España es una excepción en Europa y forma parte del grupo de los cuatro únicos países que todavía no han recuperado los niveles de inversión de 2008. Las cifras de empleados en este sector sin ínfimas, el peso de los investigadores en las empresas, 2,4 por cada mil ocupados, frente a 3,8 del promedio europeo.

El riesgo de despido de cientos de investigadores en los centros de investigación más importantes del país han puesto de manifiesto las condiciones de extrema precariedad laboral en las cuales desarrollan su trabajo y las enormes dificultades a las que se enfrentan en el desarrollo de su actividad profesional a todos los niveles, en un sector fundamental y estratégico como es la I+D+I.

Es necesario un pacto entre el conjunto de las organizaciones sociales y partidos políticos, que apueste decididamente por la investigación como motor de cambio del modelo productivo y que termine con la dramática precariedad laboral de los centros de investigación.

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