Por Laura Villadiego

Hok Pov nunca pensó que la apetitosa oferta que le ofrecían como empleada del hogar en Malasia podría ser peor que su empleo en una fábrica textil en su país natal, Camboya por el que, en 2010, cobraba apenas 80 dólares mensuales. Con la promesa de un salario casi cuatro veces superior y todos los gastos supuestamente cubiertos, Pov pensó que sería una buena oportunidad para ahorrar.

Los escasos cincos meses que pasó en Malasia fueron, sin embargo, un infierno. La familia que la acogió apenas le daba de comer y no tenía descansos asignados; tenía que trabajar siempre que se lo pidieran, 24 horas al día, siete días a la semana. Dormía en el suelo de la cocina y no podía salir de la casa o llamar a su familia. Su empleadora pagaba además sus enfados con ella y le daba palizas varias veces por semana. Ella fue, a pesar de todo, una afortunada. No sufrió abusos sexuales.

Los países pobres de Asia, especialmente Filipinas e Indonesia, y más recientemente Camboya y Birmania, han sido cunas de empleadas del hogar durante décadas. Muchas de ellas han servido en casas pudientes de Europa, Estados Unidos o, sobre todo, Oriente Medio, pero la mayoría se quedaban en sus propios países o en los vecinos más ricos.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que hay al menos 67 millones de trabajadores domésticos en el mundo, de los que, aproximadamente, 23,7 millones trabajan en la región Asia-Pacífico. Un 14% son migrantes y la mayoría de ellas, un 83%, son mujeres. Un informe del organismo internacional publicado este viernes concluye que las prohibiciones a la migración para trabajar en el servicio doméstico que han adoptado diversos países han hecho florecer el mercado negro y han aumentado los riesgos para las empleadas.

“Ahora tienen menos capacidad para negociar”

Trabajando en la invisibilidad de las casas de sus empleadores y muchas veces sin un control estricto de las autoridades, las mujeres migrantes son las más vulnerables. Así, para evitar que otras mujeres sufrieran la misma experiencia que Pov, el Gobierno camboyano prohibió en 2011 la contratación de ciudadanos del país para trabajar como empleados domésticos en Malasia.

Otros países de la región han seguido políticas similares en los últimos años, especialmente Birmania, que congeló la contratación para cualquier país en 2014. Indonesia anunció el año pasado que también prohibiría la práctica, aunque más tarde rectificó la decisión.

Las restricciones han puesto, sin embargo, en mayor riesgo a las empleadas domésticas, tal y como denuncia la OIT. “Se les ha puesto en una situación de ilegalidad así que tienen menos capacidad para negociar sus condiciones”, asegura Rebecca Napier-Moore, responsable del estudio.

La prohibición supone mayores riesgos

Así, las empleadas domésticas usan cada vez más el servicio de agentes ( brokers en inglés) que las transportan ilegalmente a los países de destino y no reciben ningún tipo de formación previa, antes común, que podría reducir su vulnerabilidad, como competencias lingüísticas básicas. Se han incrementado además los casos en los que los empleadores retienen a las trabajadoras en contra de su voluntad porque “hay una falta de mano de obra” y no pueden encontrar sustitutas fácilmente, explica Napier-Moore.

Al tener que emigrar ilegalmente, muchas contraen deudas con los agentes o los empleadores, que pagan por ellas y luego les piden que trabajen gratis hasta que consideren que han satisfecho el pago. “Las tasas de reclutamiento son una de las principales causas de las condiciones análogas a la esclavitud en las que viven muchos migrantes”, explica Andy Hall, especialista en migración en Tailandia.

Esto se añade a las duras condiciones que las empleadas domésticas han sufrido tradicionalmente en Asia. Así, según un estudio realizado por Farsight entre empleadas procedentes de Filipinas e Indonesia y residentes en sus propios países de procedencia, pero también en Singapur y Hong Kong, el 71% de las encuestadas habían sido encerradas por sus empleadores, se les habían confiscado sus documentos para que no pudieran escapar, y había sido objeto de abusos y amenazas verbales, físicas e incluso sexuales.

“[A pesar de conocer los riesgos], siguen migrando porque hay una necesidad de dar de comer a sus familias”, continúa la investigadora.

Un sector que mejora lentamente

Isti Komariyah era una mujer menuda cuando abandonó su Indonesia natal con 23 años y 45 kilos de peso para trabajar como empleada doméstica en Malasia. El empleo en un país cercano, con un idioma casi igual y costumbres similares, debía ser sencillo. Sin embargo, en los tres años siguientes, el matrimonio para el que trabajaba apenas le daría de comer y la trataría como una esclava. En junio de 2011, los 26 kilos que le quedaban no pudieron soportar más. Cuando fue trasladada al hospital, ya muerta, su cuerpo estaba lleno de moratones y arañazos, según los medios locales.

La muerte de Isti por los abusos de sus empleadores no era la primera en Malasia. Sin embargo, la indignación social que despertó fue mayor y el matrimonio fue condenado a la pena capital en 2014. Poco antes otra pareja fue condenada a 24 años de cárcel por la muerte de otra empleada camboyana.

En otros países de la región, la justicia también ha empezado a condenar los abusos de los empleadores. Así, en Hong Kong, una mujer fue condenada en 2015 a seis años de cárcel por asaltar y agredir a su trabajadora, también indonesia, así como por retener sus pagos y no darle días de descanso.

En la legislación también ha habido algunas mejoras, destaca Napier-Moore. De esta manera, Bangladesh sustituyó la prohibición de emigrar por una ley específica que tenía en cuenta la situación de este tipo de trabajadoras. Por otra parte, algunos países como Hong Kong, Filipinas, Tailandia y Vietnam han aprobado protecciones como permisos de maternidad o límites a las jornadas máximas de trabajo.

La mayoría de los países, sin embargo, no ha ratificado la Convención Número 189 que protege a los empleadores domésticos y solo Filipinas la tiene aprobada en toda Asia. No es algo raro, ya que sólo 24 países en el mundo lo han hecho. España no está entre ellos, aunque ha adoptado leyes de protección a los empleados del hogar, según la OIT.

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