Andrea Manzano

Todos recordamos esas palabras pronunciadas por el entonces Presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro. Fueron dichas tal día como hoy hace 42 años. Acto seguido, y en el mismo comunicado oficial, Arias Navarro leía el testamento del dictador, en el que pedía apoyo a la nación para el Príncipe, que sería proclamado Rey dos días después. Se trataba de Juan Carlos de Borbón. Casi un año después y tras duras negociaciones, sería aprobada la Ley para la Reforma Política (1976). De estos dos hechos clave en la historia reciente de España han pasado más de 40 años.

A priori puede parecer que el país, España, ha cambiado mucho desde la muerte de Franco y desde la aprobación de la Ley, y todo lo que ello conllevó: elecciones democráticas, Constitución, libertades y derechos…Toda una serie de elementos que antes de 1975 parecía impensable que existiesen. Esto dos hechos claves fueron el inicio de lo que denominamos la Transición, que trajo la democracia a España.

Pero… ¿Realmente ha cambiado el país y España vive en una democracia? Si la respuesta a tu pregunta es sí, déjame comentarte un par de cosas.

¿Quién ostenta la Jefatura del Estado? Un Rey, Felipe VI, al cual nadie ha votado. Por si fuera poco, el rey mejor preparado es hijo de otro rey, Juan Carlos I, cuya única legitimidad fue ser designado por Franco como Príncipe Heredero. Si revisamos los hechos, vemos con claridad la situación: Franco eligió a su heredero, éste fue proclamado Rey sin consultar a los españoles, argumentando la inestabilidad política del momento. Juan Carlos I fue sucedido por su hijo Felipe, en cuyo proceso de coronación en ningún momento fue consultado el pueblo español. ¿Se puede considerar democracia un país en el que se impone una jefatura del estado con un pasado dictatorial? La respuesta es un claro y rotundo “no”.

Durante el régimen de Franco no existía la libertad de expresión. A día de hoy, puede parecer que sí existe, pero… ¿Realmente es así? La Ley de Seguridad Ciudadana (‘Ley Mordaza’), que entró en vigor en julio de 2015,se planteaba como una ley que ofreciera seguridad a los ciudadanos, pero en realidad fue una forma encubierta que el gobierno del PP encontró para ponerle un alambre de espinas a las libertades de todos los ciudadanos. Esta ley sólo ha servido para enviar a juicio, acusar y condenar a personas que deciden expresar libremente sus opiniones, muchas de ellas en redes sociales. Sonados son los casos de Cassandra Vera o Facu Díaz, así como el rapero Valtonyc, que un día decidieron dar rienda suelta a su creatividad, y por ello fueron condenados. Parece ser que dependiendo de con quién bromees, puedes acabar en juicio o no.

Uno de los puntos claves del régimen franquista era la existencia de un partido único. Con la Ley para la Reforma Política se abría el camino para la legalización de los partidos políticos que habían actuado, hasta ese momento, en la clandestinidad. Alianza Popular, fundada por dirigentes franquistas, y acogiendo en su seno a gente procedente de Falange, fue legalizada inmediatamente tras su inscripción. Por contra, el PCE, que sufrió un atentado (‘la matanza de Atocha, 1977), fue legalizado, tras una férrea oposición, en abril de 1977, provocando dimisiones en cascada, entre ellas, las de destacados mandos del Ejército. Puede verse aquí que en nuestra Transición se consideraba más democrático un partido fundado por antiguos franquistas que uno liderado por torturados y represaliados por el mismo régimen que se trataba de olvidar. Aún a día de hoy, vemos como se demanda la ilegalización de partidos políticos que abogan por un proyecto de país al margen de España, y no se pide la ilegalización de un partido condenado por corrupción, cuyo cabeza de lista y jefe del gobierno, indiciariamente, ha cobrado sueldos en negro.

Una de las cosas más demandadas por la sociedad española en su momento fue la Constitución, aprobada en referéndum en 1978, una constitución que contó con un altísimo nivel de consenso entre la sociedad española y la clase política del momento, y la cual todos se acataron a respetar y cumplir. A día de hoy, sistemáticamente, se incumplen los derechos fundamentales acogidos en la Constitución Española, como el derecho a una vivienda digna, una educación pública y gratuita, o la no discriminación por motivos de género. Por si fuera poco, mientras que el clamor de parte de la sociedad española y la clase política es su reforma, por considerarla agotada, se continúa bloqueando esta posibilidad.

El respeto a los derechos humanos fue uno de los grandes logros de la Transición, que se respetaron durante algún tiempo. Actualmente, en esta España del siglo XXI, se violan sistemáticamente derechos fundamentales: el derecho a voto está restringido con cargas policiales desproporcionadas contra una población que solo pide ser escuchada,el derecho a una vivienda digna se viola con desahucios de familias con hijos o personas mayores a su cargo, el derecho al trabajo se pierde en el momento en el que se pierden los derechos de los trabajadores en favor del empresario, el derecho a huelga se ve perturbado por la ‘Ley Mordaza’, que permite a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado actuar a sus anchas.

Y así, definiendo los defectos de esta ‘democracia’ podíamos estar varios días. Un país que impone una jefatura de estado, cuyo presidente del gobierno y partido gobernante está imputado por corrupción, que sistemáticamente se violan derechos y libertades, y que arroja a su población a una desafección con respecto a su patria, no puede ser considerado democrático. Un país que en esta Transición, y en un intento de romper con el traumático pasado, ha roto también con las familias que más sufrieron en ese pasado. Las heridas del franquismo y la Guerra Civil nunca se cerrarán hasta que no se repare el daño provocado a estas familias, que perdieron a miembros por defender la libertad, la justicia y la igualdad. Estas familias, a día de hoy, no saben donde están sus seres queridos. Más de 100.000 españoles siguen aún en paradero desconocido, haciendo que la ONU reclamen a España un plan urgente para hallar a estas personas, y reparar a sus familias el daño hecho.

Queda claro que Franco, 42 años después de su muerte, sigue aún vivo en las conciencias de muchos españoles. Y lo que es aún peor, su sistema político sigue presente a día de hoy.

 

 

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