Por Alba Martínez @Albita_m_g

Alberto Garzón ha puesto en marcha una iniciativa para que Consuelo Madrigal, la Fiscal General del Estado, comparezca ante la Cámara Baja y explique por qué quiere impedir que se tome declaración a las víctimas e imputados en la querella argentina sobre los crímenes del franquismo.

La iniciativa parlamentaria ha sido apoyada por Unidos Podemos – En Comú Podem y En Marea – Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) , el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Compromís, EH Bildu y el Partit Demòcrata Català (PDC).

Las vías de investigación en España quedaron cerradas tras el intento del Juez Baltasar Garzón. Después de esto, hace ya 6 años (14 de abril de 2010), la justicia argentina comenzó la persecución de los crímenes del franquismo. La jueza, María Servini, ha sido testigo de los obstáculos que el gobierno y la justicia española han puesto en su investigación.

Cada fisura abierta en la impunidad del franquismo se ha cerrado con urgencia y el último golpe llega desde la Fiscalía General del Estado, que ha parado las declaraciones judiciales de víctimas y cargos franquistas.

La jueza citó ante diversos juzgados del Estado a las víctimas para tomarles declaración. El primer afectado ha sido el ex-coodinador general de Izquierda Unida, Gerardo Iglesias, quien iba aportar testimonio de las torturas de las que fue víctima durante la dictadura pero finalmente no pudo declarar en los juzgados de Oviedo.

Esta suspensión de declaraciones para la querella argetina contra la causa del franquismo,  afecta también a una veintena de cargos y representantes del franquismo imputados en Argentina por sus responsabilidades durante la dictadura. La Fiscalia se apoya en la Ley de Amnistía de 1977, alegando que los delitos están prescritos y argumenta que el franquismo debe de ser juzgado en España.

La jueza Servini quiere interrogar a 19 cargos del franquismo, entre ellos los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera , en la por la denuncia impuesta por un grupo de víctimas de la dictadura. Para ello ha remitido varias comisiones rogatorias a distintos juzgados españoles que han hecho saltar la alarma en la Fiscalía General.

La investigación tiene el favor de Organizaciones Internacionales: Naciones Unidas, El Consejo de Europa y Amnistía Internacional han pedido el fin de la impunidad franquista. Sin embargo, España sigue llevando la contraria.

La querella argentina es la única causa abierta contra el franquismo en el mundo. Más de 100 asociaciones de toda España forman parte de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argetina (CeAQUA).

Razones de Madrigal

La Fiscal General, en su escrito argumenta que “la transición fue voluntad del pueblo español”y por ello la jueza Servini no es quién para cuestionarla. Otra razón que Madrigal aporta en su escrito es que fueron crímenes de españoles contra españoles, por lo que la competencia de investigarlos recaería en tribunales españoles.

A su vez, la defensa de la Ley de Amnistía ocupa el tema central del escrito. Afrima que esta ley fue fruto de la “reconciliación nacional” y la necesidad de que no existiéran “dos Españas enfrentadas”.

En el punto séptimo, la fiscal nombra la Ley de Memoria Histórica para respaldar su oposición a la investigación. Declara que se trata de prodecimientos que tienen como objetivos el “esclarecimiento de los hechos”, el “reestablecimiento de la memoria histórica” y la “recuperación de la dignidad”. No tiene en cuenta las denuncias de las víctimas del franquismo sobre el incumplimiento de esta ley.

Por último hace referencia aunque sin nombrarlo al Juez Baltasar Garzón y su intento de investigar esta causa: “Debe recordarse que un proceso seguido en España similar al que se sigue en Argentina motivó una causa penal contra el Magistrado Instructor”.

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