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El recibo de la luz con las tarifas de este mes de agosto será un 5,6% más caro que hace doce meses, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. El incremento representará 3,81 euros para el usuario medio.

FACUA señala de que tras la bajada mensual del 0,8% en el recibo del usuario medio que se produjo en julio, este último mes ha quedado congelado. En junio subió un 1,2% y en mayo otro 0,8%, después de que en abril no hubiese prácticamente variación mensual. En marzo se produjo una bajada del 6,8% y en febrero otra del 13,3%. En enero subió un 9,4%.

La asociación denuncia la pasividad del Gobierno ante la injustificada carestía del recibo de la luz que sufren los usuarios, víctimas de un oligopolio que en lugar de competir, especula con las tarifas. La asociación insiste en reclamar la bajada del IVA de la electricidad y la intervención del sector, para sea el Ejecutivo el que fije periódicamente una tarifa asequible.

Con las tarifas PVPC del 1 al 31 de este agosto, el usuario medio (366 kWh de consumo y 4,4 kW de potencia contratada) pagará 71,82 euros, frente a los 68,01 euros de agosto de 2016.

El precio medio del kWh este agosto ha sido de 14,38 céntimos (11,31 más el 27,19% de impuestos indirectos), un 8,7% más caro que el mismo mes de 2016. El pasado enero llegó a situarse en 18,75 céntimos (14,74 más impuestos).

El oligopolio, protegido por el Gobierno

FACUA denuncia que el Gobierno está protegiendo los intereses del oligopolio energético. El ministro de Energía. Álvaro Nadal, se niega a tomar medidas ante las desproporcionadas tarifas y los dramáticos niveles de pobreza energética para no perjudicar a las empresas del sector, que el año pasado aumentaron un 9% sus beneficios: más de 5.463 millones de euros.

La asociación reclama la intervención del sector para que sea el Ejecutivo el que fije periódicamente una tarifa asequible, dado que el sistema de fijación de precios existente en el mercado de la generación español fomenta la especulación y los abusos. FACUA denuncia que hoy por hoy, es el sector eléctrico el que tiene intervenido al Gobierno, cuya política energética está más orientada a proteger los intereses de las compañías que los de los usuarios.

Se trata, advierte FACUA, de un sector donde nunca ha existido la competencia que se prometió engañosamente a los consumidores cuando se inició su liberalización, por lo que la única solución es emprender medidas similares a las adoptadas hace años en la UE con las tarifas móviles de roaming, de manera que sea el Gobierno el que fije los precios para los consumidores domésticos.

Además, la asociación demanda la bajada del IVA que se aplica a la electricidad, del 21%, impropio de un servicio esencial. En este sentido, reclama al Gobierno que baje el IVA de la luz al tipo mínimo permitido por la normativa europea, legislación que también debe ser modificada para facilitar una bajada mayor.

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