Alfredo Apilánez

“Sangre, sudor y lágrimas arrancadas a millones, ¿por qué?, ¡por la renta!

Lord Byron

Un fantasma recorre Barcelona: la rebelión de los inquilinos. Hastiados de la carestía de la vida, del desempleo y la precariedad laborales y ante el brutal incremento de rentas impuesto por el “sindicato de caseros”, decenas de miles de inquilinos de la ‘rosa de fuego’ se declaran en huelga cesando en el pago de alquileres. La represión no se hace esperar. Los lazos de ayuda mutua tejidos por las clases populares a través de décadas de ásperas luchas contra los amos de la ciudad propician la solidaridad y la resistencia contra el ataque conjunto de los rentistas de la Cámara de la Propiedad y las fuerzas defensoras del orden burgués. En un ambiente de gran crispación -que da lugar, en ocasiones, a intercambios de disparos-, los masivos intentos de desahucio, con lanzamiento incluido de muebles a la calle, son frecuentemente atajados por los aguerridos arrendatarios, organizados en el Comité de Defensa Económica. Los presos gubernativos, en su mayor parte relacionados con los desahucios, inician una huelga de hambre, mientras el conflicto del sector del metal que conmociona a la ciudad se transforma en huelga general. Siguen cuarenta y ocho horas de extrema tensión con varios muertos, veinte heridos graves y centenares de detenciones que provocan la desarticulación del Comité de Defensa Económica y la detención de sus dirigentes. Se pone en evidencia cómo la recién inaugurada república –recibida esperanzadamente por las clases populares- mimetiza sin complejos los modos represivos del régimen anterior cuando se trata de lidiar con las reclamaciones de los desposeídos.

El relato anterior no es una agorera prognosis de historia ficción sobre la aguda conflictividad social en la hipotética República Catalana. Se trata de una sucinta descripción –basada en el excelente ensayo de Manel Aisa- de la huelga de alquileres que sacudió Barcelona en el convulso verano de 1931. El advenimiento de la Segunda República y el impacto profundo de la crisis económica de 1929 desencadenaron un rebrote de las luchas sociales alimentado por las expectativas –luego frustradas- de reformas socioeconómicas profundas generadas por el nuevo régimen. Mutatis mutandis, en la actual situación de agudo deterioro de las condiciones de vida y de intensificación de la violencia inmobiliaria en la ciudad de los prodigios, la respuesta por parte de unas clases populares profundamente desestructuradas dista mucho de la que en aquel momento ofreció una clase obrera altamente politizada por el anarquismo revolucionario. Contrariamente a la hegemonía que encarnaba en la Segunda República el movimiento anarquista frente al minoritario nacionalismo burgués, en la actual fase de exaltada efervescencia identitaria, los escasos brotes de resistencia ante la apisonadora neoliberal son ahogados por el fragor de la omnipresente cuestión nacional. Cabría pues sospechar que –sin menoscabo de su indudable arraigo y del éxito logrado en la movilización popular- el eje nacional-patriótico, con su idealista vocación interclasista aglutinadora de la “voluntat d’un poble”, ha contribuido a esa anestesia al diluir el componente social de las luchas populares que había revitalizado la sorprendente eclosión “quincemayista”.

Y sin embargo, sobran –como entonces- los motivos para la ruptura de la “paz social”. La antigua ‘rosa de fuego’ –de la que Engels decía que era la ciudad del mundo con más barricadas-, deviene, al compás de su conversión en “golosina” para la explotación de la marca Barcelona –la ‘millor botiga del mon’ de los fastos olímpicos y el grotesco Fórum 2004-, un modelo perfecto de la nueva matriz de rentabilidad del capitalismo neoliberal: la extracción de rentas basada en las burbujas de activos y en la – en los clásicos términos de Harvey– acumulación por desposesión. El filósofo francés Henri Lefevre, ya en 1974, en el inicio del apogeo del capitalismo financiarizado, señalaba cuál iba a ser el renovado objetivo del capital ante la crisis de rentabilidad provocada por el agotamiento del modelo industrial-fordista de los ‘treinta gloriosos’: “el inmobiliario y la construcción dejan de ser un circuito secundario, una rama anexa y retrasada del capitalismo industrial y financiero para situarse en primer plano de la nueva matriz de acumulación”. Pocos ejemplos mejores que el de la capital de Cataluña –la antigua fábrica de España- para ilustrar esa drástica transformación de la estructura económica volcada actualmente hacia la valorización del suelo y el espacio urbanos como objetivos predilectos del capital financiero.

En los inicios de la cacareada recuperación de la maltrecha economía española–cogida de los frágiles hilos de la política monetaria expansiva del BCE, el petróleo barato y el coyuntural aluvión turístico- y ante la imposibilidad de reiniciar –por ahora- el inflado de nuevas burbujas hipotecarias por la fragilidad de la demanda de los millenials y el enorme stock de ladrillo procedente de la debacle de 2008, la fiera rentista cambia de estrategia. El siguiente anuncio de la promotora Urbania International, con excelentes relaciones con varios fondos de inversión internacionales, resume, mejor que cualquier colección de datos estadísticos, el modus operandi de la nueva ofensiva de los tiburones inmobiliarios: “La estrategia es hacer una mejora moderada y una renovación del edificio, reemplazando los contratos actuales por un esquema de gestión de vivienda turística, lo que automáticamente trae consigo un aumento de los ingresos por alquiler y la revalorización física de la propiedad misma para la posterior desinversión”. La apuesta por el alquiler es pues la clave de bóveda de la recomposición de la burbuja inmobiliaria y sus élites asociadas.

La tormenta perfecta, que impacta de lleno contra las crecientemente precarias condiciones de vida de unas clases populares machacadas por la devaluación salarial y la pobreza rampante, está servida: las masivas inyecciones de liquidez del BCE, canalizadas hacia la banca y los fondos “oportunistas”; el volcado hacia el alquiler de miles de viviendas procedentes de los despojos del colapso de 2008; la creación –con el señuelo de jugosas ventajas fiscales- de las SOCIMIS,auténticas multinacionales del rentismo “financiarizado” y la invasión vertiginosa del alquiler turístico propulsado por la plataforma Airbnb conforman un ciclón especulativo que torna prohibitivo el acceso a un bien básico para enormes bolsas de población. Su absoluto desvalimiento se agudiza con la complicidad flagrante de los dueños del BOE –con las sucesivas reformas de la neoliberal LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos) y el chollo fiscal del que disfruta el arrendador en detrimento del arrendatario en lugar destacado- con los intereses del sindicato de caseros. Salva Torres, alma mater de la asociación 500×20, que cuenta en su haber con una admirable tarea de investigación financiero-jurídica y de activismo social por la defensa del eslabón más débil de la opresora cadena de la violencia inmobiliaria, indica hacia dónde bascula la preferencia de los “ecuánimes” legisladores: “En 2014, los inquilinos recibieron ayudas por 353 millones de euros mientras que los propietarios consiguieron cerca de 15.000 millones en ayudas, exenciones fiscales y fraude. Pero si a esos regalos añadimos los 1.785,43 millones de euros en desgravación por compra de vivienda habitual, nuestro país es líder europeo en ayudas a la vivienda y en desahucios. Esto tiene un nombre: política clasista y neoliberal a favor de la propiedad frente a la vivienda entendida como un derecho y no como un activo financiero”. Javier Burón,  gerente de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, se refiere lastimosamente a  los “cien años de no tener políticas públicas de vivienda” para explicar la casi absoluta inexistencia de vivienda pública o de alquiler social que pueda amortiguar el embate especulativo.

Los fondos de capital-riesgo como Blackstone, la infausta SAREB –el llamado banco malo, financiado con dinero público procedente del rescate europeo y atiborrado de la morralla inmobiliaria de las extintas cajas- y los 4 grandes bancos “supervivientes” de la hecatombe, convertidos en las mayores inmobiliarias del país tras la plaga de embargos hipotecarios, son los nuevos caseros del alquiler “profesional”.

Barcelona se convierte así en la joya de la corona del ataque combinado de las panzer division financiero-inmobiliarias. Su enorme potencial como meca turístico-congresual, la existencia de un parque de alquiler muy superior al del resto del estado (30% del total de viviendas) y la hegemonía local de una alta burguesía rentista –orbitando alrededor de la todopoderosa Caixa y de gigantes inmobiliarios como Núñez y Navarro- con potentes socios internacionales la convierten en diana predilecta del ataque de los financistas: en 2016la inversión inmobiliaria “profesional” en BCN fue de casi 2000 millones de euros (el 85% del presupuesto global del Ayuntamiento y el 20% del total de todo el país).

El resultado es fácilmente previsible. En los dos últimos años las rentas han escalado más de un 25% en los barrios más “golosos” del centro turístico y siguen acelerándose mientras los desahucios por impago de alquiler ya superan con creces a los de vivienda habitual. Las imágenes de espantados vecinos mostrando angustiados los implacables burofax, en los que los nuevos multi-propietarios les conminan al abandono inmediato de la vivienda mediante la vía expeditiva de la no renovación contractual, representan el símbolo de la nueva ofensiva de violencia inmobiliaria. Los ayuntamientos del cambio y la “regeneración democrática” asisten desbordados ante la avalancha: el señor Burón, a la par que desgrana medidas pretendidamente “realistas”, como fomentar la colaboración público-privada y buscar el equilibrio entre “rentabilidad y habitabilidad”, reconoce la impotencia del ayuntamiento del cambio ante la enormidad de “un problema estructural”. El ritmo de construcción de viviendas sociales de titularidad municipal, a pesar de la aceleración propulsada por los adalides de la regeneración democrática, sigue siendo, en sus resignadas palabras, “una gota de agua en el océano”. El ataque de los “especuladores en activos” -¡cuánta jeremiada nostálgica escuchamos del capitalismo productivo, que hacía cosas útiles para la gente!-, junto con la impotencia –cuando no connivencia descarada- de las administraciones públicas inciden de lleno en el creciente desvalimiento de las clases populares. El 50% de la población forma parte del precariado: persona sin perfil financiero solvente que no le permite contratar una hipoteca pero tampoco pagar alquileres de dos dígitos: la media en BCN es de 14€/m2. El retraso infinito de la emancipación juvenil, la expulsión-gentrificación de la población tradicional de los prohibitivos barrios fashiony el hacinamiento en viviendas compartidas o en la casa de los abuelos configuran un panorama de empobrecimiento generalizado con insospechados daños colaterales. Como refiere el compañero Salva Torres: “Los pequeños propietarios no pueden competir con el mercado profesional de alquiler de las grandes firmas pero nunca se enfrentarán a esa mafia que los empobrece ni a esas leyes que hacen el trabajo sucio de juntar la peor oferta (propietarios empobrecidos) con la peor demanda solvente (inquilinos precarizados). Un mercado así configurado sólo puede degenerar en una guerra entre pobres,  con actitudes reaccionarias de esos propietarios marginales contra los inquilinos”. Asimismo, se está produciendo un aumento inusitado de la fórmula de compra conocida como “nuda propiedad”. Tal argucia perversa consiste en la adquisición de un inmueble habitado por una persona mayor, con el derecho de reversión hacia el comprador en el momento del fallecimiento del titular. El objetivo es rentabilizar la inversión –muy rebajada por la “necesaria” espera a que el “bicho” ocupante pase a mejor vida- a través del alquiler sobrevalorado.

El carácter parasitario e improductivo–en abierto contraste con la oposición, irreconciliable pero transparente, entre explotador y explotado en el lugar de trabajo- de semejante modelo de actividad económica se refleja en su matriz de rentabilidad “precapitalista”: la extracción de rentas de la sacrosanta propiedad privada transmitida por herencia.  La “renta” es el flujo infinito –al contrario que una patente, que tiene duración determinada hasta que revierte al dominio público- de liquidez que recibimos simplemente por ser propietarios de algo, sin aportar trabajo o valor de ninguna clase. Como dice Stuart Mill, –refiriéndose a los terratenientes absentistas-: “Puede decirse que se enriquecen mientras duermen, sin trabajar, arriesgar o economizar. Según el principio general de la justicia social, ¿qué derecho tienen a ese aumento de sus riquezas?”. Ni siquiera la ortodoxia económica neoclásica otorga refrendo teórico para la extracción ilimitada de rentas de un bien de uso depreciable cuyo valor de cambio aumenta –contra toda lógica racional- indefinidamente. ¿Qué justificación tiene cobrar alquileres desorbitados por viviendas antiguas –la mayoría del parque de Barcelona tiene entre 40 y 60 años- que ya han sido amortizadas varias veces por sus propietarios a través del flujo de rentas y las generosas desgravaciones fiscales? Los proudhonianos clásicos consideraban que la explotación capitalista se fundamentaba en distintas categorías económicas que consistían en parasitar el esfuerzo ajeno: la plusvalía en el trabajo, el lucro en el comercio, el interés en el crédito y la renta en el alquiler. Ni que decir tiene cuáles son las predominantes en la actual fase senil y crecientemente depredadora del sistema de la mercancía. Lefevre resume el ataque global  a las condiciones de vida de la población que una matriz rentista-extractiva como la descrita supone: “Todas las condiciones se reúnen así para un dominio perfecto, para una refinada explotación de la gente, a la que se explota a un tiempo como productores, como consumidores de productos y como consumidores de espacio”.

 

LAS RESISTENCIAS: legalismo versus ilegalismo

Hoy es muy difícil esperar que los nuevos sindicatos de vivienda asuman una medida como ésta, pero tal y como los sindicatos laborales combativos deben aspirar a acabar con el trabajo asalariado, los sindicatos de inquilinos deben aspirar a acabar con la renta. Abolir los alquileres puede parecer una propuesta muy extrema, pero ni siquiera el argumentario económico más convencional puede refutar su coherencia

Ruymán Rodríguez

Esa política tiene dos criterios: no engañarse y no desnaturalizarse. No engañarse con las cuentas de la lechera reformista ni con la fe izquierdista en la lotería histórica. No desnaturalizarse: no rebajar, no hacer programas deducidos de supuestas vías gradualistas al socialismo, sino atenerse a plataformas al hilo de la cotidiana lucha de clases y a tenor de la correlación de fuerzas de cada momento, pero sobre el fondo de un programa al que no vale la pena llamar máximo porque es el único: el comunismo

Manuel Sacristán Luzón

Ante la virulencia del embate financiero-inmobiliario contra las condiciones de vida y habitación de unas clases trabajadoras crecientemente desvalidas, surgen los interrogantes acerca de qué tipo de estrategias de resistencia pueden obstaculizar el desarrollo de la maquinaria de la apisonadora neoliberal. ¿Es posible contener, desde las instituciones públicas o los movimientos sociales, los efectos devastadores de un modelo como el descrito? ¿Puede embridarse el voraz capitalismo financiarizado a través de las palancas institucionales o legislativas? ¿Cuáles son sino las posibilidades de construir una resistencia popular eficaz contra la ola desatada de violencia inmobiliaria?

Las organizaciones que se han erigido en protagonistas de la respuesta social ante los efectos más dramáticos del colapso inmobiliario de la última década se caracterizan por la adopción de una estrategia basada en la reducción de daños y en la propuesta de reformas legislativas -de las que la ‘dación en pago’ ha sido la reivindicación estrella-.

El ejemplo paradigmático ha sido la lucha contra los desahucios llevada a cabo por la PAH, cuya “casa matriz” se sitúa en la ciudad de Barcelona. El mérito indudable de llevar a la esfera pública una violencia extrema del sistema –la aberrante arquitectura legal del sistema hipotecario español con su brutal regulación del impago crediticio- queda sumamente atenuado por el grave error que implica centrar casi exclusivamente la lucha contra la violencia inmobiliaria en su medida estelar: la ‘dación en pago’. Además de soslayar con ello la crítica de fondo de todo el sistema de generación de crédito bancario (creación de dinero-deuda de la nada e inflado de colosales burbujas de activos), causante real de la catástrofe inmobiliaria, la cúpula de la organización ha rechazado recurrir a los mecanismos que hubieran sido realmente eficaces para impedir que muchos hipotecados en “quiebra” perdieran su vivienda. Limitándose a la denuncia del abuso que suponía la reclamación de la deuda restante, tras la entrega de la vivienda al banco, se renunciaba a la denuncia global de todo el entramado fraudulento basado en el crédito hipotecario. La PAH-Madrid, organización enfrentada por este motivo a la casa matriz barcelonesa, define la dación como “una alternativa tóxica y letal en su aplicación generalista y populista”. Y lo cierto es que, como han demostrado quienes han tenido el coraje de ir más allá en la investigación y denuncia de los atropellos perpetrados por la banca patria, motivos para cuestionar la legalidad de todo el sistema no faltaban en absoluto. Trapacerías fraudulentas, reconocidas en sentencias de tribunales españoles y europeos, como la masiva titulización de hipotecas–que conducía al absurdo de que el banco que exigía la deuda no era el legítimo acreedor al haberla empaquetado y vendido, desapareciendo su rastro en la nebulosa financiera-; el vencimiento anticipado, que faculta al acreedor para la ejecución de la hipoteca y la reclamación completa de la deuda pendiente transcurridos únicamente dos impagos o la colusión de la gran banca europea en la fijación del Euríbor y del IRPH para cargar intereses abusivos –el 90% de las hipotecas eran de tipo variable- al incauto deudor son sólo algunos botones de muestra de las cargas de profundidad que podían desvelar la flagrante ilegalidad de todo el procedimiento hipotecario. Sin embargo, cumpliendo a la perfección con el “sostenella y no enmendalla”, en su última Iniciativa Legislativa Popular, la PAH sigue insistiendo en su propuesta de dación en pago “retroactiva”, junto con otras medidas paliativas como el etéreo alquiler justo o “asequible”. No es en absoluto osado aventurar que semejante táctica derrotista ha facilitado, a su pesar, la gestación de la actual burbuja del alquiler gracias al volcado al sediento mercado de centenares de miles de viviendas procedentes de lanzamientos hipotecarios –incluidas miles procedentes de daciones en pago- por parte de la gran banca y de la SAREB. Tales daños colaterales explican quizás la dureza de la PAH-Madrid en su descripción de las causas del “distanciamiento” ocurrido en la organización: “unos llegaron al Congreso, Asambleas o alcaldías. Su instrumentalización del problema hipotecario les rindió diferentes beneficios personales y políticos. Otros seguimos de manera organizada en la defensa de nuestras familias frente a bancos, jueces y políticos”. Quizás una pista –innegablemente malévola- que explique su moderantismo adaptativo la proporcione el antropólogo social Gerard Horta al consignar la rápida “colocación”, como asesores o cargos municipales en el consistorio barcelonés, de los principales responsables de los colectivos proinmigrantes y activistas contra el CIE, surgidos al calor del triunfo  electoral del ciudadanismo progresista encarnado en Barcelona en Comú –cuyos máximos dirigentes provienen de la PAH-.

Paralelamente a la basculación del rentismo financiero-inmobiliario de la propiedad al alquiler, el activismo social centrado en la lucha por la vivienda “digna” se ha desplazado de la contención de los enormes daños provocados por el drama hipotecario a la lucha contra la redoblada violencia inmobiliaria causada por la burbuja del alquiler – actualmente, el 93% de los desahucios en Barcelona son por impago de arrendamiento-. El día 12 de mayo de 2017 se celebró la presentación en sociedad del Sindicato de Inquilinos de Barcelona. “La defensa del derecho a la vivienda y a un alquiler asequible, estable, seguro y digno” constituirían, según su manifiesto fundacional, sus propósitos fundamentales. La formación de un parque público de vivienda social, la lucha por la regulación de los precios, la reforma de la neoliberal LAU y el asesoramiento a afectados por los efectos de la draconiana legislación vigente representan sus ejes prioritarios de actuación. En sus coloristas –el naranja es el uniforme del movimiento- encuentros ciudadanos, el mantra del alquiler “justo”, las invectivas contra los fondos “buitres” y la lucha contra la “especulación que nos ahoga” centran las intervenciones. El ambiente armonioso remite a las “evangélicas” asambleas de la PAH, con sus referencias a la inteligencia colectiva y a vehicular las emociones a través del lenguaje dulcificado –empoderamiento, revolución democrática, ciudadanismo, femenino genérico, etc- de clara ascendencia quincemayista. Al igual que la PAH, su decálogo de propuestas, rezuma legalismo y requerimientos de reformas a las administraciones públicas que contengan la apisonadora de la violencia inmobiliaria. En su manifiesto fundacional, el sindicato se ubica en la tradición abierta por la huelga de alquileres del 31 –como si su manifiesto carácter reformista-paliativo pudiera entroncar con el anarquismo revolucionario- que “nos recuerda que la lucha por los derechos de los inquilinos no es aquí una experiencia nueva”.

La recién constituida –marzo de 2017- Coordinadora de asambleas de vivienda de Barcelona reclama en su declaración de principios medidas similares: limitación de alquileres, reducción de alojamientos turísticos, paralización de  desahucios sin alternativa habitacional, etc. Añadiendo asimismo en su exhortación final una dupla de exigencias dirigida a las inmobiliarias, conminándolas –cuál si de la fábula del escorpión y la rana se tratara- a que dejen de “especular con el precio del alquiler” y exigiendo a la administración que intervenga tomando medidas contra el vaciamiento de los barrios.

La genealogía de las referidas organizaciones –junto con el observatorio DESC, el llamado think tank de la PAH y del sindicato de inquilinos-, “compañeros de viaje” de la nebulosa de los Comunes y del nuevo municipalismo “regeneracionista”, podría remontarse a los colectivos de lucha por el derecho a la vivienda surgidos en los años previos al colapso de 2008. Resulta llamativa la notable coincidencia de postulados con el contenido de la “Carta de medidas contra la violencia inmobiliaria y urbanística”, del año 2006. El documento fue redactado por la Plataforma vecinal contra la especulación, en el marco del Taller contra la violencia inmobiliaria y urbanística, caldo de cultivo del que surgió la V de Vivienda, organización que protagonizó las primeras movilizaciones masivas en Barcelona por el derecho a la vivienda y que fue uno de los embriones de la PAH -fundada en el año 2009-. Una somera ojeada muestra que las medidas propuestas –control de precios, reforma de la LAU, denuncia de la especulación desaforada, etc.-no han variado significativamente en la última década. La primera frase de la Carta define a la perfección la esencia sociológica del movimiento: “Soñar con un piso en condiciones adecuadas se ha convertido en una pesadilla para un gran número de habitantes de Barcelona”.

La justificación de la moderación de tales medidas adquiere siempre ribetes tacticistas, basados en la prudencia y la adaptación a los malos tiempos: hay que ser realistas y no pedir imposibles, sintonizando con el sentir mayoritario de la población, para sumar adhesiones y elaborar programas de mínimos que aglutinen sensibilidades diferentes evitando sectarismos. La dulcificación terminológica –tan característica de los “compas” de la nueva política, descendiente bastarda del quincemayismo- refleja ese afán de apelación al sentido común de los hombres y mujeres de bien: garantizar derechos ciudadanos, lucha contra la pecaminosa especulación, construcción de alternativas de regeneración democrática, transversalidad de las luchas, municipalismo, etc.

El primer punto de las diez propuestas del manifiesto del Sindicato de Inquilinos barcelonés resume esta aspiración de fuerte aroma pequeñoburgués: “hace falta estabilidad y una mayor duración de los contratos para poder desarrollar proyectos vitales”. Como parte indisoluble de este realismo, carente de veleidades utópico-revolucionarias, se apela a la contención de los poderes económicos exigiendo reformas legales (en lugar destacado, la furibundamente neoliberal LAU) y la intervención pública en el control del ataque encarnizado del capital financiero contra las “frustradas” seguridades de la clase media. Detrás de fórmulas como la búsqueda del «reequilibrio del contrato social en favor de la ciudadanía», se esconde el mismo “benestarismo” naïf que ha llevado a la bancarrota a la socialdemocracia, incapaz de comprender que el capitalismo neoliberal no entiende de límites ni de contrapesos redistributivo-keynesianos. La actual alcaldesa de Barcelona y antigua lideresa del movimiento antidesahucios expresa la esencia armonista del movimiento: “El anhelo de tener una vivienda propia es muy respetable y entonces en un modelo ideal de vivienda debería existir un fuerte parque de vivienda social, un parque importante de alquiler regulado como hay en otros países, un parque de cooperativismo y cesión de uso (modelo entre la propiedad y el alquiler) y podría haber también pequeña propiedad. No hay que confundir la pequeña propiedad con la gran propiedad de la especulación con la vivienda”.

No se pueden dejar de escuchar, por debajo de las bellas proclamas ciudadanistas del derecho a la ciudad, los ecos de la sarcástica descripción de Lefevre acerca de los vanos anhelos de vuelta a un capitalismo redistributivo característicos de la atribulada middle class: “Colgar el abrigo en el vestíbulo de la entrada. Y, ya más ligero, salir a tus asuntos después de haber confiado los niños a los Jardines de Infancia de la galería, reunirte con los amigos y tomar algo juntos en el drugstore. He aquí realizada la imagen perfecta de la alegría de vivir”.

¿Existen otras formas de resistencia contra la violencia “legal” del sistema de la mercancía alejadas de la “ilusión gradualista” o del reformismo paliativo? Entroncando –con mucha más justicia histórica que el sindicato barcelonés- con el movimiento anarcosindicalista de los años 30, se ha fundado también este año el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria. En la sección “Finalidades y medios” de su declaración de principios aparece el siguiente postulado: “El objetivo del sindicato es garantizar para todas las personas sin recursos una vivienda digna. Intentará lograrlo organizando a l@s afectad@s, promoviendo en ell@s la necesidad de entender sus problemas como un conflicto colectivo, tejiendo redes de solidaridad y apoyo mutuo y reforzando la idea autonomista de que les corresponde a ell@s resolver, sin delegar, sus propios problemas”.

Aparentemente, el diagnóstico y las estrategias tienen una música similar a la de las organizaciones “hermanas” de la ciudad condal. Nada más lejos de la realidad: el ideario del Sindicato canario excluye la confianza en la vía legalista-institucional con sus vanas esperanzas de alterar el statu quo a través de la presión sobre los poderes del Estado. A años-luz de quienes ven en el “respetable anhelo a tener una vivienda propia” un legítimo ideal de vida, sus actuaciones reflejan la necesidad de tirar por la calle de en medio, sin rebajarse ni desnaturalizarse con la tentación reformista. Ni una sola mención a reformas legislativas ni a recurrir a las palancas de la política oficial para introducir cuñas en la maquinaria del expolio: se aspira a crear una organización que “no nos reduzca a simples reguladores de las desigualdades del Sistema. Una estrategia que ponga sobre la mesa la necesidad de probar otras alternativas de gestión de la vivienda, que aspire a que ésta se dé de forma directa por parte de los vecinos sin injerencias de intereses privados y que plantee la necesidad de que las decisiones sobre las viviendas las tomen quienes las habitan

Ruymán Rodríguez, uno de los portavoces del Sindicato, autor de una magnífica recopilación de textos donde relata sus experiencias de activismo social, describe las herramientas que sirven para la aplicación práctica de tales principios: “Socializamos suministros, paramos desahucios, realojamos familias sin techo, recurrimos a huelgas de alquileres… Queremos ser el tipo de herramienta que era el sindicalismo anarquista en los años treinta pero adaptada a los tiempos que corren”.

Se trata de aprovechar las perspectivas transformadoras y de movilización social que abre –ante la desactivación bajo la hegemonía neoliberal del conflicto clásico en el centro de trabajo- el frente de lucha por la vivienda, una problemática que implica a todos los mecanismos coercitivos del sistema: los tres poderes legales, el empresariado, la clase rentista-financiera y las fuerzas de seguridad. Contrariamente a la confianza del frente ciudadanista en el legalismo y la capacidad institucional para cambiar la “correlación de fuerzas”, el Sindicato canario propugna la defensa del ilegalismo como principio de actuación. Acompañado, cuando sea necesario, del recurso siempre táctico a la legalidad y a los resortes institucionales como mecanismos para aprovechar el lado garantista que –a pesar de su carácter de clase- tiene la legislación de una “democracia” moderna. El compañero Ruymán expresa con brillantez las insolubles contradicciones de la ilusión gradualista de las nuevas fuerzas del cambio: “Cuando se rehuye el conflicto, solucionamos los problemas y déficits del Sistema y lo reforzamos en vez de debilitarlo. En la FAGC (Federación Anarquista de Gran Canaria) nos dimos cuenta de esta incongruencia cuando asistentes sociales y ayuntamientos empezaron a enviarnos gente para que la realojáramos. La lucha social no puede permanecer insensible a las necesidades de la gente, pero tampoco puede ser el tapón de las fugas del Sistema ni la oportunidad de reenganche de los excluidos al modelo capitalista”.

Se trata pues de evitar la doble tentación del infantilismo revolucionario –grupúsculos que ven la insurrección a la vuelta de la esquina, habituales en la fragmentada constelación de los “autónomos” de extrema izquierda- y de la institucionalización domesticada: los dos guettos  a través de los que se encierra y desactiva la posibilidad práctica de incidir en la modificación sustancial de la vida cotidiana.

Como demuestra la práctica, breve pero fructífera, del sindicato canario, la necesidad de poner en jaque a la constelación jurídico-policial de blindaje de la sacrosanta propiedad privada exige poner el acento en el papel neurálgico de la okupación como herramienta política y no meramente asistencial. En lugar de una concepción defensiva de la okupación, como medio de realojo de las víctimas de la violencia inmobiliaria ante la falta de alternativas habitacionales –enfoque característico de la PAH-, se trata de recurrir a la okupación política como herramienta de socialización y arma de lucha contra el establishment: la “Comunidad la Esperanza”, la mayor comunidad “okupa” de España y la sede del sindicato canario, es el símbolo del intento de trascender el cariz paliativo del realojo mediante el carácter combativo de la okupación política como revulsivo para aglutinar colectivos y unificar las luchas.

Las prácticas comunitarias que en ella se desarrollan ofrecen atisbos de las potencialidades de desarrollo de la vida social, sin las bridas y camisas de fuerza que las reglas del juego imperantes en la sociedad mercantil imponen. A pesar de su condición minoritaria, el solo hecho de crear entornos autónomos donde se abran posibilidades de desarrollar actividades que impliquen cooperación, apoyo mutuo y estímulo de tejidos asociativos y vecinales supone la puesta en cuestión de los cimientos de la ciudad-mercadería y de los pragmáticos consejos de los reformistas pequeñoburgueses que tan sarcásticamente describe el subcomandante Marcos: “lo que deberían hacer es ver cómo administrar el muro sin pretender derribarlo: cambiar de guardia, intentar hacerlo un poco más justo, amable. De todas formas, resígnense, siempre estarán de este lado. Si siguen así, sólo le están haciendo el juego a la administración, al gobierno, al Estado, al cómo se diga, no importa la diferencia porque el muro es el muro y siempre ¿lo oyen? , siempre estará ahí”.

Mientras no resurja la movilización social, aletargada desde la luminosa eclosión quincemayista y anestesiada actualmente por las falsas expectativas creadas por el asalto institucional y el frenesí identitario, la tarea de la hora consiste en la construcción paciente de nueva cultura material de vida que vaya agrietando ese muro que algunos piensan que es inútil intentar derribar -colaborando con ello, quizás involuntariamente, en su mantenimiento-. En las sabias palabras de Joaquín Miras, “Ahora no hay movilización social; la que se inicia en el 15-m del 2011 ha sido desmontada por quienes se convierten de inmediato en sus usufructuarios que proclaman que basta con votarles a ellos para cambiar el mundo. El cambio que pueda llegar a haber en una sociedad, poco o mucho, integrado a medio plazo o a corto plazo, depende de la movilización, de la lucha social que haya habido (…) Pero eso no es lo que ocurre ahora aquí. Aquí no hay movilización de masas, lucha social organizada, o como queramos decirlo. Y proseguimos en pleno neoliberalismo”.

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