Por Javier Díaz Ortiz

¡Qué vergüenza! Una absoluta falta de respeto por la democracia nos asola en estos días tan convulsos. Desde las chabacanerías legislativas del Govern de la Generalitat de Catalunya hasta los inútiles medios de opresión del ejecutivo de Mariano Rajoy. En estas semanas previas al presumible referendum que se celebrará el 1 de octubre nos vemos superados por la avalancha de ineptitud e irresponsabilidad de ambos ejecutivos, estatal y autonómico, para abordar la cuestión del encaje territorial a través de las vías democráticas. Tanto el Gobierno de España como el Govern de la Generalitat se acusan mutuamente de cercenar la democracia y de poner en jaque los derechos y libertades de las personas que viven en Catalunya. Pues bien, sorprendentemente, y pese a lo improbable del caso, ambos coinciden y tienen razón al mismo tiempo: los dos ejecutivos están maltratando la democracia para intereses propios en una guerra fría absurda que no conduce sino al enfrentamiento de la ciudadanía en Catalunya y en el resto de España.

La secuencia cronológica de los últimos acontecimientos nos lleva en primer lugar a Parlament de Catalunya en la nefasta jornada del 6 de septiembre cuando la mayoría parlamentaria resultado de la amistad condicionada entre JuntsxSí y las CUP sometió a votación la ley que amparaba la celebración de un referendum de autodeterminación, y que finalmente fue aprobada, como se esperaba, en una jornada en la que ni tan siquiera se permitió la posibilidad de presentar enmiendas a la totalidad y el debate parlamentario fue un auténtico caos. Carme Forcadell no estuvo a la altura del cargo y, desoyendo el criterio de los Letrados del Parlament y del Consejo de Garantías Estatutarias, encaminó una sesión kafkiana hasta su culminación obviando el mínimo de independencia que se exige a la máxima autoridad de la Cámara. Fue en todo caso una jornada para olvidar; una vergüenza parlamentaria como pocas en la historia.

Con todo y más, la ley salió adelante con los únicos votos de JuntsxSí y las CUP, y ha generado un revuelo mediático y social que a nadie ha dejado indiferente. Pese a ser declarado nulo y suspendido inmediatamente por el Tribunal Constitucional, sus defensores mantienen su celebración legitimándose en el derecho a decidir y en la libertad de la ciudadanía catalana para elegir su relación con España. Ahora bien, ¿es semejante esperpento defendible bajo el amparo del derecho de autodeterminación de la ciudadanía? Desde el punto de vista jurídico, claramente no; desde el punto de vista de las garantías democráticas mínimas, mucho menos. Este plebiscito, fuera de la calificación legal que pueda dársele, carece de unos estándares mínimos de calidad democrática que garanticen el correcto desarrollo de una jornada de votación en el marco de una democracia seria. En primer lugar, y salvando la falta de cobertura legal que lo desampara, es preciso detenerse en el órgano colegiado que será la máxima autoridad del referendum en materia de funcionamiento, organización y escrutinio de votos: la Sindicatura Electoral. Este órgano está formado por 5 miembros elegidos de forma arbitraria por la mayoría parlamentaria que copan JuntsxSí y las CUP, y por ende, completamente contaminado por intereses políticos y carente de cualquier tipo de imparcialidad o independencia. Bien es sabido lo que ocurre en un juicio cuando alguien resulta juez y parte al mismo tiempo. Tampoco tienen ningún tipo de reconocimiento internacional, ni observadores ni vectores de control del normal desarrollo como se exigen en cualquier jornada electoral.

Pero la celebración del referendum conlleva una serie de retos más allá del ámbito técnico y administrativo. La esencia de esta jornada es el hecho mismo de depositar un voto en una urna, y que de la conjunción de todos los votos nazca un resultado. En este caso eso no es un valor seguro, ya que la habilitación de colegios electorales se está convirtiendo en una de las más arduas tareas para la Generalitat, puesto que son muchos los municipios que se han negado a ceder las instalaciones para tal efecto. Esto es mucho más grave de lo que parece, porque con que un solo municipio, por pequeño y aislado que sea, no habilite un lugar en el que ejercer el voto todo el referendum quedará de nuevo deslegitimado por no ser capaz de ofertar la participación a toda la ciudadanía sin excepción. Pero esto no significa que los ediles y regidores opositores del referendum deban ceder, sino todo lo contrario, es la Generalitat la que debería conseguir esas instalaciones en todas las poblaciones, labor tan ilegal como irrealizable, y dejar de presionar o aconsejar la dimisión de regidores y ediles que no quieren participar en una farsa partidista.

Este órdago lanzado por los partidos independentistas era una llamada de atención para un gobierno estatal que ha sido una estatua de sal en los últimos años, siendo un colegio de brillante inoperancia ante un conflicto que viene de lejos y que ha superado las vagas expectativas de un ejecutivo inepto para resolver esta cuestión. El gobierno de Mariano Rajoy ha sido el perfecto adversario; invisible, escondido tras la Constitución, bloqueado en sus planteamientos y cerrado al diálogo. Incapaz de plantear alternativas serias, antes de que se convocase el referendum ya estaba anunciando que recurriría esto y aquello. Utilizando a los Jueces y Tribunales como instrumento de represión tras la aparición del problema en lugar de buscar vías de entendimiento para evitar la propia aparición. La integración de Catalunya en el marco del Estado español es una cuestión de debate político que debe resolverse a través de la negociación y el mutuo acuerdo, no a golpe de sentencia que, por muy pertinente que sea, no conduce sino a alentar todavía más las ansias de desobediencia. La democracia ha asistido atónita al registro de imprentas y revistas sospechosas de colaborar con los preparativos del referendum. No menor ha sido la vergüenza cuando el juez Yusty Bastarreche, acérrimo opositor declarado de Manuela Carmena y Ahora Madrid, prohibió, a instancias del Partito Popular de Madrid, un acto a favor del derecho a decidir que se iba a celebrar en instalaciones del Ayuntamiento. Esto mismo se ha repetido en ciudades como Gijón y Vitoria, donde la policía ha llegado a desalojar a los asistentes a un acto al que acudía la diputada anticapitalista Anna Gabriel.

La legislatura del inmovilismo en la que nos encontramos comienza a recoger lo que sembró, o mejor dicho, lo que dejó de sembrar cuando correspondía. Su única oferta de entendimiento para los partidos independentistas fue una invitación para Carles Puigdemont al Congreso de los Diputados con linchamiento público a modo de circo romano (en sentido figurado, no se escandalicen las sensibles bancadas populares). Pero en su libre dirección de la política interior pueden hacer, y hacen, cuanto gusten y ya los españoles cargamos con la responsabilidad de quienes juegan al buscaminas con un problema que demanda una respuesta seria pero democrática, no judicial. El objetivo no es someter al pueblo de Catalunya hasta que se resigne, sino alentar los deseos de permanecer en España; cosa que no se consigue correteando por los pasillos del Tribunal Constitucional cuando no apetece sentarse en una mesa y hablar. En cualquier caso, los días hablará por sí solos, la crisis pasará y el 2 de octubre llegará y no arderán los lagos ni el mar se tragará la tierra; o sí, ¿quién sabe?

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