Por Alba Martínez @Albita_m_g

Como cada año, llega el 6 de diciembre, y los españoles celebran el consenso que llevó a aprobar la Constitución de 1978 hace 38 años. En todo este tiempo se ha tocado poco de la carta magna. Los españoles menores de 57 años no votaron los pactos constitucionales. En definitiva, se trata de un texto que la mayoría de ciudadanos no ha elegido o no se le ha preguntado si sigue de acuerdo con que todos y cada uno de los artículos que contiene y se aprobaron en su momento.

España se encuentra en momento de cambio y muchos desafíos para los que el texto constitucional ha quedado algo anticuado. Toda constitución se defiende con reformas y la española sólo ha sufrido dos leves retoques, uno en 1992 y otro en 2011 realizados por PP y PSOE, cuando estuvieron de acuerdo y con un proceso rápido. La primera ocasión vino determinada por el Tribunal Constitucional, para adaptarse al Tratado de Maastricht, e introdujo el derecho de los extranjeros a ser elegidos en unas elecciones municipales. Se hizo en 23 días. En 2011, también con urgencia, los partidos mayoritarios pactaron en diez días un texto (artículo 135) que fija un tope al déficit público.

Tras la muerte de Franco, la violencia de extrema derecha no cesó y a esto se sumó el terrorismo de ETA. El miedo a la violencia y el afán de reconciliación fue el contexto en el que se redactó la Constitución de 1978. Se pretendía un mirar hacia adelante “sin ira”. Ni los crímenes del franquismo, ni las violaciones de derechos humanos, ni la legitimidad de la monarquía se cuestionaron.

Sin embargo, aquella coyuntura en la que la violencia y el terrorismo era lo predominante, cambia en la actualidad. Ahora el Estado español  se caracteriza por crisis económica, crisis territorial, máximos en los indicadores de desigualdad, déficit democrático y falta de transparencia.

El sistema parlamentario español es previsible, formalizado y racionalizado en exceso. Son necesarias modificaciones a favor de las minorías y del parlamentarismo para una mejor representación política. Es menester facilitar el ejercicio de la función de control y de las comisiones de investigación e impedir abusos en el recurso a los decretos leyes. Los ciudadanos deben poder votar a sus representantes en listas abiertas y no confiar en unas listas políticas cerradas. Asímismo, también se necesita una representación más proporcional dentro del Congreso (Reforma de la ley electoral).

En cuanto al sistema de organización territorial, se requiere un nuevo pacto de convivencia. Hay que buscar un nuevo diseño de la España de las autonomías. El modelo vigente no ha solucionado la situación con Cataluña y Euskadi.

Por su parte, existen otros temas que deberían ser sometidos a reformas: Es necesario un compromiso por la igualdad de género, reforzar el concepto de España como un Estado aconfesional, modificar la cláusula del Estado social, acabar con la misión que se le encomienda al ejército de garante de la unidad de la patria, garantizar el derecho al acceso a la información pública  y transparente o el tema de la monarquía (posibilidad de someterla a referéndum).

En la actualidad el PP tiene la llave de estas reformas y por lo que se ve no está muy por la labor. El pasado miércoles, durante la sesión de control, el diputado de Podemos, Iñigo Errejón, le preguntó a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría por la posibilidad de “ensachar” o “actualizar la Constitución. Ésta no respondió a la pregunta, se limitó a retar a Podemos a presentar su propuesta.

Una reforma constitucional requiere el consenso de todas las fuerzas parlamentarias. Para estos cambios se debe de contar de forma unánime con todas las fuerzas políticas.

 

 

 

 

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