El Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado que reducirá a la mitad, de 60.000 a 30.000 millones,  la compra de activos en enero del próximo año, continuando la senda que ya inició en mayo de este año, cuando la redujo de 80.000 a 60.000 millones. Esta medida se une a la también anunciada de mantener el tipo de interés de referencia en el 0%, el nivel mínimo que mantiene desde marzo de 2016, así como los tipos de facilidad de préstamo (0,25%) y de depósito (-0,25%), y ha afirmado que continuarán así por un período de tiempo prolongado.

Aunque estas medidas fueron anunciadas meses atrás y los países miembros fueron puestos en sobre aviso, hay riesgos que deberían tenerse en cuenta, porque ni las instituciones europeas ni el gobierno español han hecho aún sus deberes para asegurar que esta decisión no perjudique a la actividad y al empleo.

La política de gasto e inversión pública debe complementar el efecto expansivo que la política monetaria ha venido teniendo en los últimos años y que no se podría mantenerse por si sola. Bien, esto no ha sucedido, o no al menos con la intensidad que requiere la situación.

El BCE ha pedido que termine la devaluación salarial impuesta desde 2010 con las políticas de austeridad aplicadas y de las que España es referente. Se necesita empuje del consumo de las familias para que comience realmente la reactivación económica y la creación de empleo. Esto no está teniendo lugar, aunque desde el Gobierno nos digan lo contrario, y las retribuciones salariales apenas crecen, a pesar de que el PIB sí lo hace y las empresas obtienen ya beneficios superiores a los que tenían antes de la llegada de la gran recesión.

Es necesario un mayor papel de la política fiscal, realizar una reforma fiscal integral de la que resulte globalmente un aumento de los ingresos públicos y de la tributación de los que más tienen, con mayor gasto público en partidas esenciales y con más inversión pública en sectores y actividades claves para el desarrollo (como el I+D+i y las TIC) y generar mejor empleo, de más calidad y con mejores salarios. Esto es básico para que ciudadanos ganen poder de compra y mejore su calidad de vida.

El Gobierno insiste en mantener recortes en las políticas esenciales que sustentan el estado de bienestar, necesarias para lograr el crecimiento: sanidad, educación, pensiones, prestaciones por desempleo, etc. No dedica los recursos necesarios a las políticas de empleo, cuando la reforma laboral de 2012 es la principal culpable de la baja calidad del empleo que se crea y de la devaluación salarial.

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