Recientemente, los medios de comunicación se han hecho eco de las estimaciones de la Abogacía del Estado del coste que podría suponer a la ciudadanía española,  las reformas normativas acometidas por los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista en el sector energético, específicamente en los recortes a las energías renovables. Según la Abogacía del Estado la cuantía reclamada podría superar los siete mil millones de euros, aunque hay otras fuentes que hablan de que podría llegar incluso a los 10.000 millones de euros.

De perder todas las demandas de los inversores y hacer frente a las indemnizaciones, el impacto que podría tener tanto en las cuentas públicas, como en el sistema eléctrico es considerable; y sin duda recaería nuevamente en el bolsillo de las personas, bien sea vía Presupuestos Generales del Estado, bien repercutiéndolo en la factura eléctrica. 

En los pasados Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno del Partido Popular se autohabilitó para poder cargar vía presupuestos el pago de indemnizaciones a raíz de eventuales laudos arbitrales, a cargo del superávit del sistema eléctrico.

Además, hay que tener en cuenta que el antecedente más cercano del pasado mes de mayo, no es favorable a los intereses del Gobierno, ya que el CIADI (Institución a nivel mundial dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales) emitió el primer laudo sobre esta cuestión, en el que estimó parcialmente la demanda del fondo luxemburgués Eiser Infrastructure Limites, compensándole con 128 millones de euros.

“Este resultado no hace presagiar nada bueno, ya que compromete seriamente el resultado del resto, y por tanto, las reformas acometidas por el actual Gobierno, podrían no solo haber supuesto un freno a la transición energética hacia un modelo sin emisiones contaminantes, sino que la reciente reforma eléctrica podría convertirse en una simple dilación en los pagos” ha declarado Rosa Martínez, coportavoz de EQUO y miembro de la comisión de Energía e Industria.

“Por otra parte, la reforma dañó seriamente la credibilidad de España ante los inversores internacionales y no se realizó con el consenso que merecía una reforma de tal calado, el único objetivo que perseguía, la reducción del déficit, se ha puesto en cuestión ya por la propia Abogacía del Estado” concluye Martínez.

Para clarificar esta situación, los diputados Rosa Martínez, de EQUO, y Josep Vendrell, de En Comú Podem, han planteado al Gobierno una serie de preguntas:

  • ¿Cuáles son los criterios en los que se basa la Abogacía del Estado para hacer la estimación de 7.000 millones la cuantía reclamada por arbitrajes con motivo de los recortes a renovables?
  • Por otra parte, existen otros expertos que cifran la cuantía en una cantidad superior a los 10.000 millones ¿Tiene el Gobierno sus propias estimaciones? En caso afirmativo, ¿a cuánto ascenderían las cuantías reclamadas en caso de resoluciones favorables a los demandantes.
  •  ¿Va a hacer frente el Estado al coste de estos laudos vía Presupuestos Generales del Estado como recientemente ha manifestado que lo hará con la sentencia del Tribunal Supremo en relación al bono social eléctrico? ¿Piensa el Gobierno trasladar este coste al sistema eléctrico y por tanto repercutirlo en el recibo de la luz?
  • ¿Apuesta el Gobierno por la contratación de asistencia jurídica al margen de la Abogacía del Estado? En caso afirmativo, ¿cuáles son los costes previstos que requeriría dicha externalización para defender a España?
  • Conforme a la elevada cuantía reclamada, ¿está valorando el Gobierno dotar a la abogacía del Estado de recursos y estructura suficiente para afrontar los laudos? En caso afirmativo, ¿qué medidas se están tomando?

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