La sequía en este 2017 se deja ver nítidamente en los embalses y ríos de nuestro país. Seguimos manejando los periodos secos con políticas propias del siglo pasado, donde la oferta de agua, por descabellada que sea, ha sido cubierta. Los efectos de la sequía se podrían evitar en gran medida si la gestión de nuestros recursos hídricos se hiciera de otra forma.

 La primavera de este 2017 ha sido la más seca desde 1965, un 23% por debajo de la media, según la Agencia Estatal de Meteorología y las previsiones para el otoño tampoco son demasiado buenas en cuanto a lluvias y nieves. Llegamos al mes de noviembre con unas reservas de agua embalsada del 37% y bajando.

Un 75% del territorio de España se encuentra en zonas susceptibles de sufrir desertificación, pero la política agraria ha apostado por una agricultura de regadío sobredimensionada y no adaptada al clima Mediterráneo, que consume el 84,3% del agua, según los últimos datos del INE (2015). El 15,7% restante se lo reparten el abastecimiento y los usos industriales.

Cultivos de secano, como el olivar, el almendros o la vid, se han convertido ahora en inmensos consumidores de agua. El maíz o la alfalfa también requieren altas y continuas cantidades de agua.Ahora nos encontramos evidentemente con los ríos y los embalses secos.

¿Qué podemos hacer?

El Gobierno pretende establecer un consenso estatal en materia hídrica con su nuevo “Pacto nacional por el agua”. Se usará la sequía para justificar la construcción de más embalses, trasvases e infraestructuras que nos han llevado a estar como estamos, sin agua.las sequías, además de meteorológicas, son responsabilidad de una mala gestión política.

La solución pasa por tener unos ríos y unos acuíferos en buen estado nos asegura el abastecimiento y el riego en épocas de sequía, además de preservar los ecosistemas asociados que nos ayudan también a tener agua limpia disponible.

 

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