Durante el segundo trimestre del año, el número de desahucios practicados en España fue de 16.859, más de 185 cada día, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Se trata de una cifra similar a la que se produjo en los primeros tres meses de 2017, en la que se produjeron 189 desahucios a diario.

Es necesario crear un parque de viviendas públicas de alquiler que permita alojar a las personas con menos ingresos ya que el mercado privado de alquileres es insuficiente, además de altamente especulativo. No se puede tratar del mismo modo a un “moroso profesional” que a quien, por tener recursos limitados, no puede hacer frente a una subida de la renta arbitraria.

La reforma de la Ley de Arrendamientos Urbamos beneficia a los arrendadores, que pueden deshacerse con facilidad de los inquilinos para alquilar los inmuebles a precios más elevados. La Admininstración pública debe adoptar medidas orientadas a luchar contra la desocupación e infrautilización injustificada de los inmuebles, muchos de los cuales se encuentran en manos de los bancos, para favorecer su puesta a disposición de las personas y colectivos con menos recursos, y exige también medidas para facilitar el realojo efectivo e inmediato de las personas desahuciadas de sus hogares.

Por Comunidades, Cataluña sigue siendo en la que se practicaron más desahucios (3.625, el 21,5% del total), seguida por Andalucía (2.947), la Comunidad Valenciana (2.287) y Madrid (1.791). Sólo estas cuatro comunidades concentraron el 63,2% de todos los lanzamientos practicados en España en el periodo mencionado.

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