EQUO considera que en la cumbre sobre interconexiones energéticas que reunirá mañana 27 de julio en Lisboa al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, al presidente francés, Emmanuel Macron, al primer ministro portugués, Antonio Costa y al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, el Gobierno tiene en su mano una oportunidad idónea para fijar su posición en materia de interconexiones y demostrar sus verdaderas intenciones en materia energética. La ministra Teresa Ribera aseguró al desgranar las líneas maestras de su cartera su propósito de “desplazar el modelo centralizado del sistema energético, basado en la oferta, hacia uno descentralizado, basado en la gestión de la demanda”.
De ser cierta esta postura, la formación política opina que este es un buen momento de ratificarla anunciando en la cumbre de Lisboa la suspensión del proyecto de la autopista eléctrica submarina de Bizkaia con Francia hasta que quede demostrada su necesidad y cómo va a contribuir a la transición energética que el gobierno planea. “Si la apuesta del Gobierno hacia la descentralización del modelo es inequívoca, debería suspender la interconexión submarina de Gatika en la cumbre de Lisboa y analizar con rigor su utilidad. Esta cumbre es una gran oportunidad para el que el Ejecutivo haga un gesto que confirme su modelo de transición energética, y marque diferencias con la política de Álvaro Nadal, también en lo referente a grandes infraestructuras energéticas”: insiste Rosa Martínez, que ya ha reclamado, en varias ocasiones al anterior ejecutivo y sin éxito, informes sobre la necesidad, viabilidad y rentabilidad de esa infraestructura de coste descomunal.
Según lo presupuestado el proyecto costará 1.870 millones de euros a los que han de sumarse los sobrecostes, altamente probables dada la complejidad de una obra sin precedentes, todo un desafío técnico que requeriría cruzar un cable por el Cañón de Capbretón a una zona de profundidad máxima de 1.500 m. “Que nadie se lleve a engaño. Estos sobrecostes, según el acuerdo de reparto, correrán a cargo de las personas y empresas consumidoras de electricidad de forma mayoritaria vía factura de la luz” advierte Martínez. Y añade “existe una alta posibilidad de que el proyecto sea fallido, tecnológica, y energéticamente. Nos dejaría un agujero económico al igual que ocurrió con el proyecto Castor o la regasificadora de El Musel”.
Martínez recuerda que del Comité de Expertos sobre la Transición Energética ya puso en entredicho estos proyectos de interconexiones. Trasladaron en su informe muchas dudas en cuanto a su contribución a la reducción de emisiones, incluso dejaban abierta la posibilidad de que estas infraestructuras aumenten el precio de la electricidad.
Para la diputada resulta necesario además que el Gobierno se autoimponga una política de transparencia total desde el minuto uno en este y otros proyectos, “siendo el Ejecutivo quien, por iniciativa propia facilite información rigurosa sobre la necesidad y los costes, y no sea la ciudadanía la que siempre se vea obligada a reclamar ese ejercicio y elaborar los análisis necesarios para despejar las dudas sobre su viabilidad”.
El partido verde aspira a un modelo más eficiente, más justo y que contribuya a democratizar la energía, que sigue en manos de oligopolios y monopolios.
