La desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.
La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes.
Según la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, proclamada por la Asamblea General en su resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992, como conjunto de principios que deben ser aplicados por todos los Estados, se producen desapariciones forzadas siempre que:
«se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y queluego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley.»
El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General, en virtud de la resolución A/RES/65/209, expresó su preocupación, en particular, por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.
Desapariciones forzadas España
En España hay 114.226 personas desaparecidas, lo que convierte al país en el primero en número de desapariciones forzadas de la Unión Europea y en el segundo en el mundo, después de Camboya.
En contraste con esa dura realidad que afecta a miles de familias, ningún Gobierno en la democracia recuperada tras la muerte del dictador Francisco Franco, se ha responsabilizado de la búsqueda de esas personas, de atender a las familias y de garantizarles verdad, justicia y reparación.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) surgió a raíz de la exhumación de una fosa común en la que se encontraban los restos de 13 republicanos civiles asesinados por un grupo de pistoleros falangistas el 16 de octubre de 1936. Ocurrió en la localidad leonesa de Priaranza del Bierzo, en el mes de octubre del año 2000.
La asociación presentó los primeros casos ante la ONU en agosto de 2002 sigue reclamando hoy en día la reparación del Estado. A partir de entonces llevaron a cabo decenas de exhumaciones de fosas comunes, consiguiendo llevar las cuestiones sobre la memoria histórica a la agenda política; entre otras cosas para que el 20 de noviembre de 2002 la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados condenara unánimemente el golpe de estado franquista.
“Las víctimas del franquismo seguirán sin reparación del Estado, y sin que exista un organismo público que las atienda, las respalde, las reconozca y busque a sus seres queridos”, señalan desde la asociación al respecto de tan señalado día.
