En septiembre de 2006, el Parlamento aprobó una ley que prohibía la tortura y que entró en vigor en noviembre de ese año, pero la policía sigue torturando de forma habitual a las personas detenidas para obtener confesiones. Muchos de estos casos afectan a miembros de la oposición y a activistas políticos. Uno de ellos es Joaquín Elo Ayeto, activista y miembro del partido de oposición Convergencia para la Democracia Social que actualmente se encuentra recluido. Fue detenido el 25 de febrero de este año en su casa de Malabo y llevado a la Comisaría Central de Policía. Mientras estaba en la comisaría lo golpearon con brutalidad y lo colgaron de las manos. La policía quería que confesara una presunta conspiración para matar al presidente.

Algunos casos atroces de tortura documentados por Amnistía Internacional tuvieron lugar entre 1988 y 2009. Entre ellos se encuentran los de 10 miembros del partido político Unión Popular detenidos y torturados en las comisarías de policía de Bata y Malabo en febrero y marzo de 2009.

Un detenido dijo al juez de instrucción que, en una ocasión, lo habían atado al suelo y le habían ofrecido dinero para que “confesara”. En otra ocasión, la policía le llenó la boca de papel, lo metió en un saco, lo ató, lo colgó y lo golpeó. Aunque el detenido dio los nombres de quienes presuntamente lo habían torturado, no se realizó ninguna investigación, y no se llevó a nadie ante la justicia.

Las autoridades de Guinea Ecuatorial deben poner fin a décadas de abusos y violaciones de derechos humanos tales como tortura, detenciones arbitrarias y homicidios ilegítimos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, 40 años después de que el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo se hiciera con el poder.

Las personas de Guinea Ecuatorial que cumplan 40 este año nacieron y crecieron en un país en el que los derechos humanos se han violado de manera constante y sistemática. La gente lleva demasiado tiempo viviendo en un clima de temor a causa de la impunidad por los abusos y violaciones de derechos humanos tales como el encarcelamiento, por cargos falsos, de defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y políticos de oposición”, ha manifestado Marta Colomer, encargada de campañas sénior de Amnistía Internacional para África Occidental.

Ha habido destellos de esperanza, como la ley de 2006 que prohibía la tortura, o el reciente anuncio del presidente Nguema de un proyecto de ley para abolir la pena de muerte. Sin embargo, a menos que el gobierno tome medidas significativas para hacer cumplir la ley, respetar plenamente los derechos humanos y poner fin a la represión, el número de víctimas de violaciones de derechos humanos en Guinea Ecuatorial seguirá creciendo. Esta situación debe terminar.

El 14 de abril de 2019, el presidente Nguema anunció su intención de presentar al Parlamento un proyecto de ley para abolir la pena de muerte en Guinea Ecuatorial, donde las últimas ejecuciones registradas tuvieron lugar en enero de 2014.

El presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ocupó el poder el 3 de agosto de 1979, tras un golpe de Estado contra el presidente Francisco Masie Nguema. Desde entonces ha presidido un alarmante declive de la situación de los derechos humanos, que ha incluido tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y persecución de activistas políticos y de defensores y defensoras de los derechos humanos, actos bien documentados todos ellos por Amnistía Internacional a lo largo de los años.

 

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