63 centros concertados siguen segregando por género a su alumnado

La nueva ley de educación del Gobierno, la LOMLOE, más conocida como “ley Celaá”, prohíbe que los centros que separan por sexos a los alumnos puedan ser subvencionados, lo que da “la suficiente cobertura jurídica” para retirar la financiación pública a este tipo de centros.

El tema ha vuelto a salir a la luz después de que el pasado mes de octubre Cataluña anunciara que los colegios que segregan por género a su alumnado dejarán de recibir financiación pública. Es decir, el gobierno de la Generalitat de Cataluña dejará de financiar el próximo curso los grupos de infantil, secundaria y estudios postobligatorios de escuela diferenciada que acaban el concierto el curso 2022-2023.

La decisión la ha hecho pública el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, quien ha afirmado que: “En el sigo XXI no puede haber ninguna escuela que con financiación pública siga separando niños y niñas en las aulas. Las escuelas, libres de cualquier tipo de discriminación. La segregación por género aumenta los estereotipos y legitima el sexismo”.

Por lo tanto, al menos 63 colegios concertados distribuidos por todo el país y que segregan a su alumnado perderán la financiación pública, de acuerdo con los datos proporcionados a Newtral.es por 13 de las 17 comunidades autónomas, además de las dos ciudades autónomas.

Estos centros se distribuyen por nueve autonomías del país, aunque faltan datos de Galicia y de Murcia, de las que Newtral.es no había recibido información en el momento de la publicación del artículo.

Madrid: 17 centros concertados con segregación por género

En concreto, las regiones que superan la decena de colegios concertados con segregación por género son tres: Madrid, que encabeza la lista con 17 centros, seguida de Cataluña con 11 y de la Comunidad Valenciana con 10.

Newtral.es ha obtenido la información de los centros que segregan por género a través de los gabinetes de prensa de las distintas consejerías de educación y a través de la Delegación del Gobierno en el caso de Ceuta y Melilla. En algunos casos, un mismo centro cuenta con dos sedes, una por cada género, mientras que en otros casos hay dos centros que pertenecen a una misma institución, uno para chicas y otro para chicos.

Por ejemplo, tal y como explica la startup fundada por Ana Pastor, los colegios La Vall y La Farga, en Cataluña, que pertenecen a Institució Familiar d’Educació funcionan como si se tratara de sedes de un mismo centro y, hasta Primaria, niños y niñas comparten aulas en La Farga. A partir de entonces, los niños se quedan en La Farga y las niñas comienzan su estancia en La Vall. Esta dualidad entre centros distintos sucede en, al menos, una decena de casos.

Si embargo, la nueva ley educativa señala que los centros “sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos”, es decir, públicos y concertados, “desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas” y “no separarán al alumnado por su género” para “favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”. Por lo tanto, tras la entrada en vigor de la LOMLOE., “las comunidades autónomas, que son las competentes a la hora de conceder los conciertos, deberán actuar conforme a la ley”.

María Violeta Álvarez Fernández, profesora de política educativa en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo, ha explicado a Newtral.es que: “Si desean financiación pública han de pasar a escolarizar a ambos sexos, como ya ha advertido Navarra, por ejemplo. Pero si persisten en su actitud simplemente se les exigiría cumplir con la legalidad o pasar a ser netamente privados”. En el caso de pasar a ser privados, el coste de la matrícula debería ser asumida por los alumnos.

Según el profesor de Primaria, Pedagogía y Políticas de Inclusión y Exclusión de la Universidad de Murcia, Andrés Escarbajal, si se llevara a cabo la retirada de fondos públicos a los centros concertados que segregan a su alumnado por género, el Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse “y ello puede tardar algunos años” y mientras tanto, el perjuicio para estos colegios será “económico” e “ideológico”.

Por lo tanto de esta forma la LOMLOE recupera la coeducación “en cualquier centro que aspire a ser financiado con dinero público”, como indica Álvarez Fernández pero “lo hace manifiestamente en contra de varias sentencias del Tribunal Constitucional (TC)”, tal y como señala a Newtral.es el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Alfonso Aguiló Pastrana.

En 2018, el Pleno del Constitucional concluyó que la segregación por sexos en el sistema educativo “no puede ser considerada discriminatoria”. Además, el Constitucional desestimó un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Socialista contra la LOMCE, ley de educación que establecía que “no constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos”.

El Tribunal Constitucional concluía que esta diferenciación “responde a un método pedagógico que considera esta opción educativa ‘más eficaz’ que otras”, aunque lo hacía con cuatro magistrados en contra.

Aunque Alfonso Aguiló Pastrana defiende este tipo de educación, no todo el mundo comparte su opinión como es el caso de Andrés Escarbajal que califica a la educación diferenciada de “anomalía educativa”.

Carmen Rodríguez Menendez, profesora del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo, en declaraciones a Newtral.es cree que cuando un centro recibe fondos públicos no puede segregar a su alumnado porque, a su juicio, la meta de un colegio es ser “un espacio de socialización en el que se prepara para la vida”, donde “hombres y mujeres vivimos y convivimos”.

Carmen Heredero, miembro del Consejo Escolar del Estado por CCOO, también se muestra en contra de la educación diferenciada, y considera que los colegios de este tipo “no buscan la igualdad entre los sexos”. Además se pregunta cómo puede ser inconstitucional “no dar dinero público a una educación que va en contra de los supuestos ideológicos aprobados por la ley”, ya que la Constitución señala que “hay que buscar la igualdad entre los sexos y que es discriminatoria la desigualdad”.