Este martes, parte de las 91 familias de Écija se ha concentrado a las puertas de la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía para reivindicar la titularidad pública de sus viviendas, ubicadas en la calle Estatuto de Autonomía del barrio de La Alcarrachela, que han pasado a una empresa privada.

Los vecinos han pedido nuevamente al Gobierno andaluz que rectifique y defienda la titularidad pública de unas viviendas sociales que son patrimonio de todos los ecijanos y que fueron adquiridas por la sociedad mercantil Desarrollos urbanísticos la Ría del Rompido, S.L. por poco más de 15.300 euros por vivienda.

Las citadas 91 viviendas salieron a subasta como consecuencia de la liquidación de la ya extinta empresa municipal Sedesa y fueron adquiridas por un fondo de inversión privado por 1.150.000 euros.

Los moradores no son responsables son víctimas

Los vecinos han recordado que la quiebra de la empresa municipal Sedesa se debió a la mala gestión de sus administradores, por lo que los moradores de las viviendas no son responsables sino víctimas. Sin embargo, las viviendas han sido adquiridas por un fondo de inversión cuyo objeto social es la compraventa de viviendas, algo que les provoca una gran incertidumbre sobre cuál va a ser el futuro de sus familias, la mayoría de ellas familias vulnerables que no pueden comprar las viviendas al precio que les ha propuesto el fondo buitre que las ha adquirido y que por tanto podrían acabar en la calle.

91 familias vulnerables de Écija podrían acabar en la calle después de que sus viviendas fuesen adquiridas por un fondo de inversión privado/ Imagen: cadena SER
91 familias vulnerables de Écija podrían acabar en la calle después de que sus viviendas fuesen adquiridas por un fondo de inversión privado/ Imagen: cadena SER

Pese a la compra, las viviendas se mantendrán bajo tutela pública hasta 2030, fecha en la que finaliza su régimen de protección oficial, sin embargo, la empresa puede subir el coste del alquiler a los vecinos dentro de la franja permitida que actualmente pagan 80 euros.

En un comunicado leído este martes durante la concentración de protesta los moradores denuncian que las viviendas acabarán malvendidas a un fondo buitre “para enriquecer a sus inversores a costa del esfuerzo de nuestro pueblo”.

Además, han recordado que cuando las viviendas salieron a subasta, la Junta de Andalucía “se comprometió ante el Ayuntamiento de Écija” a que, en el caso de que las comprara un fondo buitre, la Junta “ejercería su derecho de retracto” para preservar el “interés social y público” de las mismas. La Junta de Andalucía incumplió la promesa por haber desestimado su ejercicio mediante una resolución y por no haber comunicado sus intenciones al Ayuntamiento antes de la finalización del plazo, impidiendo así “su ejercicio de forma delegada” por parte del Consistorio.

Sin embargo, los vecinos han señalado que la Junta de Andalucía todavía puede rectificar admitiendo el recurso de alzada que ha presentado el Ayuntamiento de Écija, donde se le pide que rectifique su posición.

Nuevas movilizaciones para finales de este mes y para octubre

Los vecinos han estado arropados por varios representantes políticos como la portavoz socialista de Fomento en el Parlamento andaluz, Beatriz Rubiño, el coordinador de Izquierda Unida en Andalucía, Toni Valero, el secretario general del Partido Comunista de Andalucía, Ernesto Alba, el concejal de IU en Écija, Eligio García, y de otros parlamentarios de Unidas Podemos por Andalucía.

Toni Valero ha manifestado que se está ante una lucha «justa y de sentido común» de los vecinos de Écija y ha denunciado que «el PP está poniendo el puente de plata a los fondos buitre, permitiendo que éstos se hagan con todo y ahora también con lo que es patrimonio público, como son las viviendas sociales».

Valero ha insistido en que “viviendas públicas donde viven decenas de familias en Écija” están siendo “vendidas a un fondo buitre creado ex profeso para ello, dejando a estas familias en una situación de absoluta desesperación porque han visto lo que pasa cuando un fondo buitre quiere hacer negocio con un derecho, como es el derecho a la vivienda”.

Por ello, ha recordado que el PP “no se puede poner mirando para otro lado” y “tiene que garantizar el derecho a la vivienda a esas familias vulnerables que se ven amenazadas por un fondo buitre” recuperando esas 91 viviendas “para lo público”.

Por su parte, Eligio García ha recordado que los moradores “están actualmente en régimen de alquiler con una opción a compra si ellos lo estiman oportuno y ellos lo que quieren es permanecer en las condiciones que actualmente tienen, y esas condiciones se las garantiza la titularidad pública, y no que se haga negocio con esas viviendas que a duras penas se hicieron desde una empresa pública municipal hace ya más de 20 años”.

“Son familias vulnerables que fueron seleccionadas precisamente por eso” y “son viviendas sociales que no queremos que se mantengan, como están actualmente, en manos de empresas privadas para especular con las mismas”, ha zanjado García.

Las 91 familias tienen la intención de «seguir luchando» y ya se han organizado nuevas movilizaciones en Écija para finales de este mes y para octubre. «No vamos a parar. Lo que queremos es una respuesta».

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