A la cárcel por salvar vidas

Son muchas las personas víctimas de la criminalización de la ayuda humanitaria, lucha sindical, barrial y cualquier grupo que ponga de relieve la crueldad del capital las que se enfrentan a procesos judiciales en los que sus derechos se ven constantemente vulnerados. Un mecanismo para limitar las protestas y cualquier manifestación de indignación con las desigualdades que el sistema crea y que cientos de siervos que aspiran a desarrollar porque la única meta que tienen es la de azotar a la clase trabajadora tan fuerte como lo hacen sus jefes, a pesar de que nunca vayan a heredar la empresa o el capital que posee al que lamen la bota.

Hace unos días conocía, de rebote y por las redes sociales, una campaña orquestada por el grupo Free Humanitarians que lucha por la libertad de varias personas acusadas de tráfico y pertenencia a organización criminal, entre otros cargos, y que se suman a las decenas de casos y personas que han de lidiar con la incertidumbre y una tortura sistemática orquestada por los que ven sus intereses afectados. Son aquellos que luchan por salvar las vidas que se quedan en las fronteras los que en este caso están molestando a quien únicamente pretende inflar sus bolsillos con un dinero obtenido en un sistema injusto que provoca miseria y muerte a base de represión.

En España no es nada nuevo y son muchos los casos sonados y no tan sonados los que se acumulan a la sombra de los medios que encubren y tergiversan la continua represión sufrida por el bipartidismo que tiene en el punto de mira a cualquier grupo capaz de desestabilizar lo que con tanto esfuerzo construyó el dictador. Una forma de actuar que nos lleva de vuelta al siglo pasado y que se reproduce por todo el continente con una tendencia autocrática preocupante.

El caso de Helena Maleno en España se convertía en uno de los ejemplos más famosos de cómo el gobierno y los cuerpos policiales, que supuestamente velan por nuestra seguridad, actuaban para acabar con la ayuda que la periodista y activista prestaba a quienes trataban de cruzar el Mediterráneo y se quedaban a la deriva. Cientos de personas han podido ser ayudadas por los cuerpos de rescate gracias a sus alertas y no han acabado en el fondo del mar como miles en la frontera más mortífera del mundo. Todo ello le ha salido caro y su persecución ha sido continua. La defensa de la vida no puede estar amenazada y mucho menos criminalizada por respetar los Derechos Humanos que España y el resto de la UE pretende abanderar sin ruborizarse.

Los casos en otros escenarios como la lucha por el derecho a la vivienda, un trabajo digno o cualquiera que apunte contra la injusticia del sistema y de quienes lo mantienen también son comunes. Callar cualquier voz disidente es necesario para evitar una muchedumbre que pueda gritar y exigir sus derechos. De igual manera, en otros países la criminalización de la ayuda humanitaria también llega a los límites que en España contemplamos. En Francia, el llamado delito de solidaridad tiene una pena de 5 años y 30.000 euros a «toda persona que hubiera facilitado, mediante ayuda directa o indirecta, la entrada, circulación o residencia irregular de un extranjero» siendo un ejemplo más de cómo tratar de garantizar los derechos de las personas migrantes y refugiadas supone un riesgo para quien decide ir contra una ley inhumana que pretende desincentivar la migración a través de la violencia.

Algo que no podrán arrebatar por mucho que golpeen y por muy fuerte que lo hagan, será la dignidad que hay en cada una de las personas que deciden poner su futuro en juego por luchar por la vida de las personas migrantes y refugiadas, la cual es mucho mayor en cada activista que en todo un conjunto de siervos al capital que pasarán a la historia como villanos.

Hoy se juzgan a Sarah, Seán y Nassos, los cuales, además de todo el proceso que han de atravesar, estuvieron más de 100 días en una cárcel de alta seguridad. Incluso organizaciones como Human Rights Watch ven una criminalización en todo lo sucedido ante las evidencias de este y otros muchos casos que se cobran la salud mental e integridad de cientos de personas defensoras de los derechos humanos.

Estos párrafos los escribo desde el Líbano trabajando por el respeto de los derechos humanos de las personas refugiadas y habiendo pasado, años atrás, varios meses colaborando con organizaciones en Serbia, Bosnia y Grecia tratando de luchar por sus derechos. Todo esto no es algo ajeno y en España también sucede con alarmante asiduidad. Somos muchos los que nos solidarizamos con las víctimas de la criminalización porque entendemos que los derechos han de ser respetados, independientemente de la procedencia de quien migra. La próxima víctima de todo su montaje puedes ser tú. O yo. Hasta entonces, nos seguimos leyendo. Mientras tanto, fuerza a quienes ya sufren sus efectos.