La declaración del próximo lunes del exsubgobernador del Banco de España Javier Aríztegui en el juicio por la salida a bolsa de Bankia se espera con expectación, a la espera de saber si avala la versión oficial o la matiza a raíz de los correos electrónicos que se han conocido las últimas semanas.

Durante un mes, antiguos altos cargos e inspectores han repetido ante los jueces de la Audiencia Nacional, casi como consigna, que el regulador jamás obligó al grupo financiero a adoptar decisiones como la integración de las siete cajas, su tratamiento contable, el propio debut bursátil o el relevo en la presidencia.

Según esta versión, el Banco de España se limitaba a recomendar y evaluar las propuestas de Bankia, papel secundario que sólo abandonó el que fuera gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez en 2012, cuando rechazó la posible fusión con Catalunya Caixa y NCG Banco que le propuso Rodrigo Rato para asegurar el futuro de la entidad.

Un encuentro que no había trascendido durante la vista hasta la declaración del exdirector de Inspección Pedro González, que contra todo pronóstico se convirtió en la revelación de esta fase testifical en la que, aunque con menor intensidad que en la instrucción, volvió a surgir el debate sobre las advertencias del inspector José Antonio Casaus.

Para sorpresa de las partes, González aportaba un correo del 5 de julio de 2010 en el que su subordinado -Casaus- resumía los «graves» problemas de solvencia, liquidez y rentabilidad de las cajas de los que había despachado personalmente con Fernández Ordóñez.

En él se refutaba lo sostenido por el exgobernador, que semanas antes aseguró que no recibió ninguna alerta de sus inspectores hasta 2012 y dijo que desconocía las polémicas comunicaciones que Casaus remitió a sus superiores, cuyo contenido «acertó por casualidad».

El mensaje abrió una brecha en la versión de estos altos funcionarios, cuyo periplo judicial, primero como testigos, y más tarde, en la recta final de la investigación, algunos de ellos como acusados, comenzaron a preparar en 2014.

Así se desprende del correo enviado por Casaus el 12 de junio de ese año a su superior inmediato, José Antonio Gracia, a los ex directores generales de Supervisión Mariano Herrera y Jerónimo Martínez Tello, y al exjefe del grupo de Inspección en Caja Madrid Francisco Javier del Río.

En el escrito, al que ha tenido acceso Efe, el inspector asegura que tiene «meridianamente claro que el núcleo central del proceso es la salida a bolsa», tanto para los inversores como para UPyD, que interpuso la querella inicial.

Para ambas acusaciones «es importante involucrar al Banco de España» ya que para los afectados «supondría incorporar la garantía del Estado en su afán por recuperar su inversión», mientras que la formación magenta «incrementaría el rédito político», señala el correo..

Por este motivo, «es clave conocer lo que se decía en el folleto», un documento «muy pesado (en todos los sentidos)» del que concluye que el agujero de 3.000 millones que afloró en Bankia en la reformulación de las cuentas de 2011 tras la marcha de Rato era verosímil.

A ello remitía en una comunicación posterior, fechada el 11 de diciembre de ese año, en el que insistía: «De cara a defender la imagen razonablemente fiel de las cuentas de 2010, 2011 y 2012, con unos resultados tan diferentes, podemos simplificar y resumir diciendo que la clave está en la estimación de los deterioros de los activos del sector promotor».

Desde esta perspectiva, «el incremento en la estimación de deterioros es lo que explicaría en gran parte el pasar de un beneficio de 300 millones en 2011 antes de la reformulación a las pérdidas de 3.000 millones».

«Creo sinceramente que esto es verdad y desde luego mi verdad», sentenciaba Casaus, que recuperaba este análisis informal una semana después de que los peritos judiciales, colegas cedidos por el Banco de España, indicaran en que el folleto de la salida a bolsa no reflejaba la imagen fiel de la entidad.

Extremos que los expertos Antonio Busquets y Víctor Sánchez ratificaron en mayo de 2017 en sendos peritajes, en los que negaron que la reformulación se produjera por los efectos de una «inesperada recesión» como achacó Supervisión, sino por pérdidas sin justificar.

Para el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, que cumple condena por las tarjetas «black», Anticorrupción pide cinco años de prisión por presunta estafa a inversores, delito que atribuye a los otros antiguos administradores (José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú), para los que solicita entre cuatro años y dos años y medio de prisión.

Las acusaciones particulares y populares, por su parte, elevan su petición hasta los doce años de cárcel para una treintena de exdirectivos y el socio auditor.

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