Este miércoles se ha celebrado la segunda vista oral, de tres previstas, del juicio contra el futbolista del Real Club Celta de Vigo, Santi Mina, por una presunta agresión sexual a una mujer el pasado 16 de junio de 2017, en el que también se acusa al jugador de la UD Ibiza David Goldar por supuesta cooperación necesaria.
Goldar se había ido con la mujer a la caravana que tenía estacionada en las proximidades de una discoteca de Mojácar (Almería) y Mina aprovechó para introducirse en el vehículo con intención de satisfacer su «apetito sexual», a pesar de la «manifiesta voluntad contraria» de la presunta víctima, a quien acabó agrediendo sexualmente.
En el juicio se ha contado con la declaración de tres guardias civiles; un detective privado contratado por ambos futbolistas, para analizar, tras seguirla, si la mujer llevaba después de la agresión “una vida social normal”; dos médicos forenses, y dos psicólogas del Instituto de Medicina Legal de Almería.
Cuatro lesiones genitales
Los médicos forenses han explicado que la víctima presentaba cuatro lesiones genitales, equimosis que podrían ser compatibles con el momento en el que se produjo la presunta agresión sexual, y que la mujer se mostró «nerviosa, ansiosa» y con «rechazo a la exploración» ginecológica que se le practicó.
Ministerio Público pide 8 años de prisión para Mina
En la actualidad, la mujer presenta sintomatología ansiosa y depresiva grave y su vida cotidiana ha resultado «muy afectada», ya que sufre trastorno de estrés postraumático crónico. Por ello, el Ministerio Público pide para Mina una pena de ocho años de prisión por un delito de agresión sexual, una orden de alejamiento de 500 metros durante diez años, así como que se le imponga la medida de libertad vigilada durante otros diez años al futbolista.
La acusación en el caso de Goldar se basa principalmente en que este, «habiendo podido evitar la acción, en ningún momento hizo absolutamente nada para evitar la agresión sexual», por lo que se considera que fue cooperador necesario de Mina.
La acusación particular pide para Mina y Goldar nueve años y medio de cárcel
Por ello, la acusación particular pide para ambos nueve años y medio de cárcel, además del resto de medidas accesorias ya solicitadas por el Ministerio Público, como son las órdenes de alejamiento o la medida de libertad vigilada durante diez años tras la pena y el resarcimiento económico a través de la responsabilidad civil que se fije judicialmente.
Los guardia civiles han señalado que fue una amiga de la denunciante la que alertó a las fuerzas y cuerpos de seguridad porque «no daban con ella» y había pasado «mucho tiempo» desde que se había ido. Cuando acudieron al local de ocio en el que estaban, la víctima se encontraba con sus amigas junto a la Policía Local. La mujer explicó que estaba manteniendo una relación sexual voluntaria con Goldar dentro de la caravana, cuando apareció Mina y le propuso «hacer algo», a lo que ella se negó. Mina habría salido del vehículo para entrar poco después y agredirla sexualmente.
El detective privado ha explicado por su parte que hizo un «seguimiento a la mayor distancia posible» de la víctima en julio y octubre de 2019, excepto cuando otra detective se hizo pasar por una persona interesada en alquilar un piso para conversar con la denunciante. Todo ello con el objetivo de comprobar si parte de lo expuesto en un informe psicológico, como si salía con amigos, si tenía pareja, cambios en su forma de vestir… se ajustaba a la realidad. Aunque ha reconocido que no tiene conocimientos concretos de psicología o medicina, ha declarado que la mujer tenía un comportamiento normal y no vio nada anormal.
¿Vestía falda y ropa ajustada?
La abogada de los acusados ha preguntado si la posible víctima “llevaba faldas y ropa ajustada” en su vida cotidiana, a lo que el detective ha contestado, delante de la jueza y los fiscales, que “es habitual en ella”.
Esta pregunta ha escandalizado a la opinión pública ya que que el Estatuto de la víctima del delito estipula que podrán ser adoptadas medidas para su protección, entre ellas, las destinadas a evitar que se formulen preguntas relativas a la vida privada de la víctima que no tengan relación con el hecho delictivo enjuiciado, salvo que el tribunal considere que deben ser contestadas para valorar adecuadamente los hechos o la declaración de la víctima.
El juicio está previsto que concluya este jueves con la comparecencia de otras siete personas en calidad de peritos y la práctica de la prueba documental. A continuación, las partes expondrán sus informes finales y quedará visto para sentencia.
