Abogado de Assange: «Este caso no afecta a una persona o a un medio, sino a la libertad de prensa en el mundo»

Después de más de una década de la la mayor filtración de secretos militares por medio de Wikileaks, Julian Assange se ha vuelto a enfrentar este miércoles a la petición de extradición de EE.UU., después del recurso de apelación del gobierno estadounidense para revocar el fallo de la jueza británica, Vanessa Baraitser, que el pasado enero bloqueó la extradición del periodista australiano.

Mientras Baraitser señala que el activista sufre un deterioro en su salud mental por lo que presenta “riesgo de cometer suicidio” si es trasladado al otro lado del Atlántico, la justicia norteamericana pretende tumbar los informes médicos de la frágil salud física y mental de Assange.

Baraitser también indicó que existen dudas sobre si EE. UU. podría garantizarle seguridad al periodista mientras espera por un juicio en sus cárceles, conocidas por sus «duras condiciones», pero Washington no desiste en sus exigencias y según documentos citados por Reuters este miércoles, ratificó la oferta de permitir que Assange cumpla su condena en Australia, el país donde nació, después de culminar su juicio en Estados Unidos.

Coincidiendo con el inicio de la audiencia, que se prevé que dure dos días, Aitor Martínez, abogado de su equipo de defensa, concedió una entrevista a RT en la que señaló que Assange, recluido en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, solo pudo seguir la sesión judicial por videoconferencia durante unos minutos debido a su deteriorado estado de salud.

El letrado ha explicado que tras la detención del fundador de WikiLeaks en abril de 2019 se solicitó su ingreso en un centro hospitalario, pero en su lugar fue trasladado a un centro penitenciario de máxima seguridad lo que provocó que se agravase su estado físico y le dificultó la comunicación con él.

Además, ha asegurado que este miércoles se le restringió la posibilidad de mantener una interlocución fluida y directa con sus abogados, así como estar presente en la propia vista de apelación, algo que sí se permitió a los fiscales estadounidenses.

Por otro parte, ha señalado que EE.UU. ha ofrecido al tribunal ciertas garantías para que Assange, en caso de que sea extraditado, no sea ingresado en una prisión de máxima seguridad ni sea objeto de medidas de carácter especial, unas promesas violadas sistemáticamente por el país norteamericano en casos de extradición.

Acción judicial que afecta a toda la libertad de prensa del mundo

Aitor Martínez considera que esta «es una acción judicial que afecta a toda la libertad de prensa del mundo en su conjunto, porque lo que criminaliza EE.UU. es la publicación de información veraz proveniente de fuentes anónimas, con la que además se ha acreditado la comisión de graves crímenes internacionales, como son los crímenes de guerra cometidos en Irak y en Afganistán», por lo que este caso es un «gravísimo precedente para la comunidad de medios libres del mundo».

Y añadió que: «En pleno siglo XXI estamos viendo un retroceso en las libertades básicas, como son la libertad de prensa para los medios y el derecho de acceso a la información para los individuos», destacando que toda la comunidad internacional tiene que posicionarse ante tal precedente.

Para finalizar el letrado recordó que «el derecho de acceso a la información de los ciudadanos es fundamental para que se pueda realizar un efectivo control del poder. Sin medios libres que puedan controlar el ejercicio del poder, descendemos peligrosamente hacia sistemas totalitarios donde los gobernantes tendrán amordazada a la prensa y la información sensible relativa a crímenes, corrupción y demás atropellos quedarán fuera del conocimiento del ciudadano, generándose poderosos gobiernos que viven en la absoluta impunidad».

Pena de 175 años de cárcel en caso de extradición

«Estados Unidos no puede ampararse en el velo de la seguridad nacional para esconder crímenes de guerra. La información revelada por WikiLeaks, por la que ahora se solicita la extradición de Julian Assange para afrontar nada menos que una potencial pena de 175 años probaba muertes, torturas, desplazamientos de miles de personas en Iraq y Afganistán e información que la ciudadanía debía conocer, en el marco de acceso a la información»

Este jueves se celebrará la segunda y definitiva vista de la apelación y la defensa de Julian Assange espera que la justicia británica esté al nivel del momento histórico que enfrenta.