Francisca García y Eva Rodríguez, Presidenta y Vicepresidenta de ACAI.
Estos días estamos asistiendo a la publicación de diversas informaciones por parte de algunos medios de comunicación sobre la práctica sanitaria de aborto provocado en nuestro país. En ellas, entre otros aspectos, se advierte de los desplazamientos que las mujeres tienen que realizar entre diversas provincias españolas para acceder a la IVE, un hecho sin duda indeseable que debería ser una prioridad para las distintas administraciones sanitarias autonómicas, tal y como hemos venido denunciando todas y cada una de las veces que nos sentamos a abordar un concierto sanitario con dichas administraciones. Sin embargo, en el marco de esa denuncia no se incluye la voz de las y los profesionales que durante más de 35 años han garantizado a las mujeres españolas el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en un contexto de acoso e inseguridad jurídica. Como mucho se incluyen algunas de nuestras posiciones, sin citar la fuente de la que provienen, y solo aquellas que se ajustan, por descontextualización, al relato parcial que se está mostrando.

En esta tribuna quisiéramos hablar de la realidad que se está silenciando tal vez porque es labor del periodismo analizar las causas por las que los hechos se producen, ya que si realmente hay una intención de aproximarse a las soluciones hay que conocer las razones de la situación denunciada.

Durante la fase de elaboración de la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva, las y los profesionales que participamos junto a la entonces Ministra de Igualdad, Bibiana Aído en la elaboración de la Norma, pusimos un énfasis especial en diversos aspectos claves para ACAI. Uno de ellos es que la mujer no tuviera que pagar en modo alguno por su intervención, que la prestación de IVE fuese considerada como una prestación sanitaria del Sistema Nacional de Salud y fuese financiada por este. Este objetivo se cumplió y hoy la mujer no paga por su derecho, por el recurso de aborto provocado.

En este sentido, quisiéramos informar que cada vez que un medio de comunicación se refiere a las clínicas acreditadas IVE concertadas con las administraciones sanitarias autonómicas para garantizar la gratuidad de la prestación como “clínicas privadas”, le está haciendo un flaco favor a las mujeres, ya que esas “mujeres reales” que luego acuden a nuestros centros para realizar su intervención llegan a ellos con la falsa creencia de que tienen que pagar por su derecho y su recurso, algunas pensando incluso que están realizando un hecho delictivo, dadas las asociaciones que el término “privado” connota en el imaginario colectivo. Por lo que una vez más agradeceríamos que de referirse a los centros acreditados en estos términos, al menos, se advirtiera a las mujeres, las verdaderas protagonistas a su pesar de esta situación, de que no tendrán que pagar por su intervención de aborto provocado y de que esta práctica es legal y es segura, la tasa de morbimortalidad en nuestro país es prácticamente cero.

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El segundo aspecto en el que ACAI incidió en esa fase de construcción normativa fue en la necesidad imperiosa de formar a los/as profesionales de la Sanidad Pública sobre todas y cada una de las técnicas de IVE, tal y como establece la OMS. Insistimos en la obligación de crear unidades multidisciplinares públicas que abordasen, de una manera empática, la prestación desde todos los puntos que afecta el aborto provocado: sanitario, social, psicológico, legal…ACAI lo pidió y consiguió que dicha disposición fuese incluida en la Ley actual. Sin embargo, esa “insistencia” que se obvia en muchas de las informaciones sobre aborto, ha sido desatendida sistemáticamente como sabemos. A día de hoy el aborto provocado no se enseña en las carreras de salud, tampoco durante la especialización, no se han creado unidades multidisciplinares y por supuesto no se ha recogido la oferta de mano tendida que hicimos y seguimos haciendo para formar a profesionales de la Sanidad Pública en nuestros centros IVE.

Y seguimos insistiendo, no solo porque en modo alguno, y en contra de la calificación como parte interesada que constantemente se nos atribuye, no nos oponemos a que el aborto se haga en centros públicos directamente. A lo que sí nos oponemos es a que ese aborto no se haga con la calidad, seguridad, intimidad y libertad que merecen las mujeres.

En relación a lo anterior, ACAI viene denunciando desde hace diez años que hoy por hoy los centros IVE tienen dificultades para garantizar el relevo generacional porque el aborto sigue siendo una práctica sanitaria que no se enseña, estigmatizada, no normalizada, que provoca una objeción de conciencia profesional que no moral, abortar no suma en mi trayectoria profesional, por tanto, ni me formo en ella ni la realizo.

Sumadas a las razones anteriores, se obvia también que a menudo los criterios de acreditación de centros para una cirugía menor y mayor ambulatoria que establecen las administraciones para abrir o no cerrar centros IVE son tan desproporcionados e irreales que ralentizan o impiden la disposición de dichos centros en determinadas provincias. El motor de estas trabas responde a posiciones ideológicas o simplemente a la ignorancia de las necesidades médicas de este recurso sanitario.

Frente a esta situación, se está dando, bajo nuestro punto de vista, una solución fallida a este problema. Las distintas administraciones que están asimilando el recurso directamente desde sus centros públicos lo están haciendo única y exclusivamente a través de un método, la técnica farmacológica. ¿Por qué? Porque el aborto con fármacos no requiere prácticamente de la intervención profesional porque es la mujer la que prácticamente por sí misma realiza la IVE y por tanto no encuentra tantas resistencias profesionales. Pero esa solución que ya ha sido adoptada y “vendida” como un éxito en comunidades como Cataluña, Navarra, Baleares y parte de Galicia ¿es realmente deseable? Bajo nuestra perspectiva no, es simplemente un retroceso en la calidad y la seguridad sanitaria.

Renunciar a formar profesionales, a crear unidades multidisciplinares que ofrezcan todos los métodos para que la mujer pueda elegir de acuerdo a su situación personal y sanitaria la técnica, instrumental o farmacológica, más acorde a sus circunstancias; no solo es una merma de la seguridad sanitaria, sino de la libertad legítima de la mujer. La OMS recomienda que los/as profesionales que realicen abortos deben conocer todos los métodos para poder entre otras cosas subsanar el fallo de la técnica farmacológica, situada entre un 2% y un 5% de los casos, siendo el embarazo evolutivo entre un 1% y un 2% de los casos. Y para poder apoyarse también en los fármacos en el caso de abortos instrumentales cuando sea necesario.

Cuando oímos hablar de que la solución a la falta de formación, a la no existencia de centros IVE públicos o privados en determinadas provincias, cuando escuchamos que la solución a todos los problemas de la IVE en España pasa por generalizar el método farmacológico, a ser posible telemático, en detrimento de una técnica, la instrumental, elegida por más del 70% de las mujeres a las que se les ha dejado elegir entre métodos; sabemos que esa solución es una salida en falso, un atajo que privará a las mujeres de calidad, seguridad, intimidad y sobre todo de libertad.

También nos preguntamos a qué intereses responde esa obcecación, si bien dicha pregunta resulta un tanto retórica, cuando observamos que desde que esta técnica se está imponiendo y potenciando, el precio de los medicamente esenciales que la hacen posible se ha multiplicado por 1000. Es decir, la imposición de un método sobre otro, cuando ambos son necesarios, ambos deben convivir y están obligados a entenderse, responde a los intereses de aquellos que también financian los congresos, las ponencias, los cursos y las investigaciones de profesionales y sociedades científicas a los que solo les interesa vender las bondades de un solo método y no las de ambos, como defendemos desde ACAI.

En relación a las interrupciones de la gestación más allá de la semana 22 por patología fetal extremadamente grave e incurable o incompatible con la vida, hace mucho tiempo que ACAI viene pidiendo la creación de protocolos de actuación médica que clasifiquen dichas patologías, protocolos también jurídicos para la seguridad legal de mujeres y profesionales, pero también en este caso se aborda solo la denuncia, pero no la solución.

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Quisiéramos acabar esta reflexión pidiendo que se deje de señalar a las y los profesionales de los centros IVE como parte del problema y no de la solución. Y lo pedimos no por nosotros/as sino por las mujeres que atendemos. Durante más de 35 años se ha garantizado la prestación en España, durante ese tiempo hemos advertido de los problemas, advertencias que no se han querido considerar, del mismo modo que no se han querido atender las soluciones que hemos aportado, al considerarnos como “parte interesada”. Lamentablemente esos prejuicios solo perjudican en última instancia a las mujeres, bien lo sabemos por nuestro trabajo diario con ellas.

Son muchas las mujeres que han pasado por nuestros centros y que se han sentido acompañadas y respetadas en su intimidad, por respeto a su confidencialidad no vamos a relatar sus testimonios, nos cabe, sin embargo, introducir una pregunta que queremos creer que no será retórica, ¿se podrá decir lo mismo si la solución a los problemas de la IVE se lleva a cabo mediante atajos que no respeten su situación médica y su libertad?

El verdadero progreso científico no pasa por imponer un método sobre otro, en este caso el farmacológico, como solución, sino por formar a los/as profesionales, crear unidades multidisciplinares y sobre todo por respetar la libertad de las mujeres.

Francisca García y Eva Rodríguez, Presidenta y Vicepresidenta de ACAI.

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