El plazo que la Junta Electoral Central ha dado al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, para que se quiten de los edificios que dependan de su administración los lazos amarillos y las «esteladas» acaba este miércoles en un clima que anticipa un nuevo conflicto institucional, ya que el Govern ha anunciado que su respuesta será «combativa».
Cuarenta y ocho horas es el plazo que tiene la Generalitat para apartar de los edificios públicos lo que en la resolución emitida el lunes considera símbolos aptos y legítimos si forman parte de los programas electorales de los partidos, pero no del espacio público.
Para el Govern, tal y como afirmó ayer la consejera de Presidencia, Elsa Artadi, la decisión de la autoridad electoral es «ridícula».
Acabado el plazo, podrían darse nuevas reclamaciones en caso de incumplimiento, y éstas las registrarían por ejemplo los partidos políticos. Cabe recordar que fue una reclamación de Ciudadanos la que dio pie a la resolución de la Junta Electoral.
Podrían dirigirse a la Junta Provincial o a la Junta Electoral, y en ambos casos el paso siguiente, siempre y cuando la reclamación fuera por incumplimiento, se trasladaría la cuestión a la Fiscalía o se iniciaría el proceso de apertura de expediente, explican fuentes parlamentarias.
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