Hace 12 años, 17 trabajadores de Ayuda en Acción fueron ejecutados en Muttur, Sri Lanka. Mujeres y hombres que fueron asesinados en sus oficinas el 6 de agosto de 2006, mientras brindaban asistencia a las víctimas del tsunami. Desde entonces, todavía no se ha establecido un tribunal que ofrezca garantías. Desde la ONG exigen el enjuiciamiento de los responsables.

Los trabajadores humanitarios raramente han sido blanco de tal violencia. Este asalto, liderado por miembros de las fuerzas gubernamentales de Sri Lanka, constituye un crimen de guerra. La Convención de Ginebra establece que, durante la guerra, la protección de los civiles y de los trabajadores humanitarios sigue siendo un principio inquebrantable.

Sorprendidos en sus oficinas, los 17 cooperantes de Acción contra el Hambre fueron asesinados. Su único propósito era apoyar a las poblaciones locales. Después de haber trabajado para más de 100 000 personas en Sri Lanka desde 2005, la organización abandonó el país dos años después de los asesinatos. Más allá de las víctimas, sus familiares y compañeros de trabajo, también se perjudicó a toda una población.

Desde 2006, el gobierno de Sri Lanka, después de fallar en su deber de proteger a su población y a todos los trabajadores humanitarios, ha fallado en su deber de proporcionar justicia”, explica Pauline Chetcuti, directora de Política y Defensa Humanitaria de Acción contra el Hambre. Las investigaciones nacionales que se llevaron a cabo fueron inútiles y las investigaciones de Acción contra el Hambre han sido pasadas por alto.

“Para hacer frente a esta impunidad, en 2014 conseguimos que se abriera una investigación a nivel internacional, que ha conducido a un informe sobre los crímenes cometidos durante la guerra civil de Sri Lanka. El Consejo de Derechos Civiles de las Naciones Unidas ha fundamentado nuestras conclusiones sobre la implicación de las fuerzas gubernamentales y las amenazas a las familias y los testigos”, agrega Pauline Chetcuti.

A partir de entonces, las Naciones Unidas y el gobierno de Sri Lanka aprobaron el establecimiento de un tribunal internacional especial, requerido por el Consejo. Sin embargo, se ha visto retrasado constantemente. De hecho, Sri Lanka está obstaculizando el proceso al rechazar la presencia de jueces internacionales. Las Naciones Unidas han afirmado recientemente en un informe del Relator Especial sobre la lucha contra el terrorismo que “ninguna de las medidas adoptadas hasta ahora para cumplir el compromiso adoptado por Sri Lanka de proporcionar justicia de transición es apropiada para garantizar un progreso real”.

En Acción contra el Hambre no dejaremos de reclamar justicia para las 17 víctimas de la masacre de Muttur. Esta tragedia no hace sino recordarnos que los trabajadores humanitarios, al igual que la población civil, siguen estando amenazados en las zonas de conflicto, a pesar de que nuestra acción es muy necesaria. Ninguna misión humanitaria puede llevarse a cabo bajo tales condiciones”, afirma Pauline Chetcuti.

Esta tragedia no es un evento aislado. El 19 de agosto de 2018, Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, se rendirá homenaje a todos aquellos que han perdido la vida en el terreno y a quienes continúan prestando asistencia a millones de personas en todo el mundo. La comunidad internacional debe vigilar para garantizar que no prevalezcan la indiferencia y el desprecio. La seguridad de todos los trabajadores humanitarios no es opcional. “Exigimos a las autoridades competentes que exhorte a Sri Lanka a poner en funcionamiento un mecanismo realista e independiente para combatir la impunidad al mismo tiempo que se garantice la rendición de cuentas”, concluye Chetcuti.

Doce años después de la masacre, no olvidamos y no abandonaremos nuestra búsqueda de justicia: M. Narmathan, I. Muralitharan, R. Arulrajah, T. Pratheeban, A. Jaseelan, G. Kavitha, K. Kovarthani. , V. Kokilavathani, S. Romila, M. Ketheswaran, M. Rishikesan, SP Anantharajah, G. Sritharan, S. Koneswaran, S. Ganesh, Y. Kodeeswaran, ALM Jawffar.

Deja un comentario