Desde que en 2010 se aprobase la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo miles de mujeres han sido víctimas de acoso y hostigamiento por parte de los grupos antiabortistas.

De manera sistemática, los grupos ultraconservadores se concentran en los centros que practican interrupciones voluntarias de embarazo para clamar contra el aborto y hostigar al personal y a las mujeres que acuden allí.

Este mismo miércoles se inicia una campaña de 40 días de concentraciones frente a la clínica Dator de Madrid. La campaña también está convocada en otros puntos del país, como Valencia y el Puerto de Santa María en Cádiz.

Hasta el día 1 de noviembre, los manifestantes estarán a las puertas de la clínica de 9:00 de la mañana a 21:00 de la noche sin guardar distancia, entregando folletos y portando pancartas con el mensaje: «Rezamos por tu bebé».

Esta clínica viene soportando este hostigamiento desde hace al menos una década. Además de las concentraciones, Dator tiene que soportar insultos, amenazas y que les llamen asesinos casi a diario a través de las redes sociales.

Según denuncia una trabajadora, los manifestantes no informan sino que dan su visión y acosan a las mujeres con gritos, imágenes de fetos y pintadas.

Por culpa de estas acciones las mujeres llegan a los centros con ansiedad y miedo y los trabajadores deben cambiar las citas concertadas ya que este tipo de intervenciones requieren de un estado de salud físico y psicológico en buenas condiciones.

Según un estudio realizado por ACAI en el que se entrevistaron a cientos de mujeres, el 89% de ellas se sienten acosadas y un 66,67% amenazadas por la presencia de estas personas.

Además, el 95,67% cree que las concentraciones deberían estar prohibidas y el 91,67% estima que las mujeres tendrían que poder recibir ayuda.

Muchas de las mujeres que acuden a estas clínicas deciden no denunciar porque la interrupción del embarazo sigue siendo un estigma y hay mucho tabú e implica revelar algo que no tienen por qué contar.
Según José Antonio Bosch, abogado de ACAI, las instituciones no hacen nada y alegan que el derecho a la libertad de expresión y de manifestación son constitucionales.

En febrero de este año, el Defensor del Pueblo pidió al Ministerio del Interior la protección de las mujeres que acuden a abortar y a finales del año pasado el PSOE planteó también la necesidad de crear zonas seguras alrededor de las clínicas para que las mujeres asistan libres de acoso.

El acuerdo de Gobierno con Unidas Podemos recoge la necesidad de garantizar «la intimidad de las mujeres que acuden a las clínicas IVE, su integridad física y moral, así como su derecho a la libre circulación».

Bosch considera que sin una ley no hay nada que hacer. En Francia, por ejemplo, este acoso esta tipificado como delito en su Código Penal. La obstaculización del aborto en el país galo podría alcanzar multas de hasta 30.000 euros y dos años de prisión.

Por su parte, Irlanda, después de que entrara en vigor la nueva ley de interrupción del embarazo y se constatara la presencia de movilizaciones antiabortistas ante los centros, ha introducido recientemente la posibilidad de crear zonas de seguridad alrededor de las clínicas.