Un tribunal antiterrorista de Arabia Saudita condenó al activista Loujain al Hathloul a cinco años y ocho meses de prisión el lunes, alegando que intentó «cambiar el sistema político del reino y promover una agenda extranjera usando internet».

Aunque la sentencia fue inferior a los 20 años exigidos por el fiscal, fue un castigo severo para una joven cuyo único delito fue defender los derechos de conducción de la mujer (antes de que Arabia Saudita levantara la prohibición en 2018) y la tutela masculina. La semana pasada, un tribunal ordinario rechazó su denuncia de tortura “por falta de pruebas”.

“Después de casi tres años en detención preventiva y cinco semanas de un proceso acelerado en el Tribunal Penal Especial, mi hermana ha sido condenada hoy a 5 años y 8 meses de cárcel, usando leyes antiterroristas”, ha confirmado Alia al Hathloul, quien ha reconocido que la familia se encuentra “hundida” ante el hecho de que Loujain tenga que pasar una noche más en prisión. “No vamos a descansar hasta que no esté libre”, asegura en un comunicado.

Lina dijo que Loujain, de 31 años, rompió a llorar después de escuchar la sentencia y tiene la intención de apelar. La joven fue arrestada junto con más de una docena de otros activistas en mayo de 2018, días antes de que se levantara la prohibición de conducir que defendía. Desde entonces, su encarcelamiento y juicio han sido objeto de muchas críticas. Organizaciones internacionales de derechos humanos y políticos occidentales han pedido a Arabia Saudita que la libere.

Apoyo internacional y mensajes contra Arabia Saudita

“Debe ser liberada de inmediato. Defender los derechos humanos no es terrorismo”, ha tuiteado la relatora de la ONU para los defensores de derechos humanos Mary Lawlor.

La sentencia incluía la suspensión de la mitad de su sentencia de 68 meses de prisión “en atención a sus condiciones”, ya que su salud era delicada después de la huelga de hambre que llevó a cabo el noviembre pasado para que se le permitiera comunicarse con su familia.

Loujain al Hathloul

La semana pasada, un tribunal ordinario rechazó una denuncia de tortura y malos tratos de los defensores de derechos humanos. El juez concluyó que su declaración era insuficiente y no pudo detectar a los responsables al encontrarse con los ojos vendados. Cuando pidió los registros de seguridad, la respuesta fue que no estaban disponibles porque «se eliminarán automáticamente después de 40 días. Según las organizaciones de derechos humanos y su familia, la joven sufrió palizas, descargas eléctricas y falso ahogamiento (waterboarding) entre mayo y agosto de 2018.