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Adjudicar la alimentación de cinco residencias a una empresa que sirvió comida podrida: la gestión de Ayuso

La dignidad de nuestros mayores, en manos de la especulación y el desinterés, se convierte no solo en un titular, sino en un llamado a la reflexión y la acción.

La Comunidad de Madrid, bajo el mandato de Ayuso, ha puesto sobre la mesa una propuesta que roza lo ridículo en el terreno de la gestión: entregar el control de la alimentación de cinco residencias públicas a una empresa con un historial de negligencias alimentarias. Esta decisión, lejos de ser un acto aislado, se inscribe en una serie de polémicas que han sacudido el sistema de atención a los más vulnerables en la región. Lo denuncia ElDiario.

DESATENCIÓN Y NEGOCIOS POR ENCIMA DE LA SALUD

Plataforma Femar S.L., la compañía en el ojo del huracán, ha sido reiteradamente acusada de distribuir alimentos en condiciones deplorables a centros de atención. Las denuncias, que datan desde enero de 2022, vienen de mano de Comisiones Obreras y abarcan desde la mala calidad de los alimentos hasta casos extremos donde la comida servida contenía larvas de gusano. A pesar de esto, la Comunidad de Madrid pretende volver a confiarles la alimentación de nuestros mayores. El colmo de esta situación se evidencia en las fotografías que familiares de los residentes, horrorizados, han compartido con los medios: platos de comida con patatas negras, espinacas que más bien parecen vomitivo, carne cruda, y lasañas que distan mucho de ser apetecibles. Julia, cuya madre sufre de Alzheimer y ha perdido más de 20 kilos debido a esta negligencia, no oculta su indignación ante ElDiario: «La gota que colmó el vaso fue encontrar coliflor podrida en el plato de mi madre».

MULTAS INSIGNIFICANTES FRENTE A GRAVES INCUMPLIMIENTOS

Isabel Díaz Ayuso intentó minimizar las acusaciones señalando que Femar había sido multada con más de 43.000 euros por estas irregularidades. Sin embargo, esta cifra dista mucho de la realidad, ya que la única sanción relacionada directamente con la gestión de los alimentos fue de apenas 542,78 euros, por romper la cadena de frío. Las multas más cuantiosas no tenían que ver con la calidad de los alimentos, sino con falsedades administrativas sobre la localización de sus almacenes. Ccuando Femar quedó inicialmente fuera del concurso por no cumplir con los requisitos de proximidad de sus almacenes, recurrió a un Tribunal Administrativo de Contratación Pública, que le dio la razón basándose en una interpretación laxa de los pliegos. Así, las triquiñuelas administrativas prevalecen sobre la salud y el bienestar de los residentes.

UNA DECISIÓN QUE DESPRECIA A LOS MÁS VULNERABLES

La potencial adjudicación de este contrato a Femar, a pesar de las numerosas denuncias y la evidente desatención a la calidad, envía un mensaje escalofriante sobre las prioridades del Gobierno de Ayuso. No es solo una cuestión de incompetencia administrativa; es un claro desprecio por los derechos y la dignidad de los más vulnerables. El negocio por encima de la nutrición: la triste realidad de nuestras residencias. Julia, al igual que muchos otros familiares, ha presenciado cómo la salud de su madre se deterioraba bajo el cuidado de la residencia, evidenciando que el problema no solo reside en la enfermedad, sino en la calidad de la alimentación que se les proporciona. «¿Cómo es posible que una persona aumente de peso con la comida de un hospital y no con la de su residencia?», se pregunta con razón.

LA IMPUNIDAD FRENTE A LA INDIGNACIÓN CIUDADANA

Este escenario no solo revela falencias en la gestión y supervisión de los contratos públicos, sino también una alarmante falta de empatía hacia aquellos que dependen del sistema de atención social. La impunidad con la que operan ciertas empresas, amparadas por decisiones gubernamentales cuestionables, es un reflejo de una sociedad que parece haber perdido el norte en cuanto a sus valores y prioridades. La dignidad de nuestros mayores, en manos de la especulación y el desinterés, se convierte no solo en un titular, sino en un llamado a la reflexión y la acción. La comunidad debe exigir responsabilidades, transparencia y, sobre todo, respeto por la vida y bienestar de las personas mayores. La alimentación en las residencias no es un mero contrato; es una cuestión de humanidad y justicia social.
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