La Comunidad de Madrid ha detectado cerca de 200 contratos de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda relacionados con la trama Púnica que supuestamente sirvieron para financiar actos del PP de Madrid entre 2009 y 2013. Así lo han confirmado fuentes del grupo parlamentario de la Asamblea Unidas Podemos Izquierda Unida, que solicitó información de este tipo de contratos públicos en una pregunta escrita remitida al Gobierno regional.

Existen cerca de 200 contratos con la cláusula del 1%, que obligaba a la empresa adjudicataria a pagar ese porcentaje de la cantidad de la obra en concepto de publicidad y a contratar para ello a un empresario que colaboraba con el partido para desviar el dinero.

El Gobierno de Ignacio González fue alertado de la facturación irregular, pero no hizo nada. Aquella denuncia se tramitó en 2013. Fueron varios funcionarios de la Consejería de Transportes quienes avisaron de las anomalías, tal y como adelantó eldiario.es.

«Haz que la paguen»

Una de las personas que dio aquella voz de alarma fue Francisco Barrueco, funcionario de la Consejería de Transportes, que presentó una denuncia a sus superiores, como miembro de la Junta de Personal. “El auténtico problema que nos alertó fue el procedimiento de la distribución de facturas. En la administración cada mínimo pago tienen un montón de firmas, de informes… lo que nunca se vio es que el asesor de un alto cargo entre al despacho del director de obra y le entregue en mano una factura diciendo ‘haz que la paguen’. Es un procedimiento muy ajeno a las prácticas ordinarias a la administración”, explica a La Ventana de Madrid la SER.

El asesor era Arturo Escribano, que trabajaba para el director general de Carreteras, Borja Carabante, y enviaba a las empresas las facturas ya con el nombre de la empresa beneficiada y el importe que debían pagarle, sin que hubiese ningún tipo de margen de maniobra para pagar esos conceptos a otras empresas. “Esta persona les decía que tenían que pagar las facturas sin mayor explicación”.

Francisco Barrueco envió un escrito alertando de estas prácticas al Consejero de Transportes, Pablo Cavero y se reunió en persona con Borja Carabante, viceconsejero de Transportes, “fue una reunión enormemente desagradable, muy extraña, nos recibió fuera de sí. Con muy poca educación negó que hubiera irregularidades. Y nos reprochó por qué la Junta de Personal se dedicaba a este tipo de asuntos”.

“Cuando en la Consejería de Transportes se da orden que en todos los contratos se incluyan esa cláusula, esa decisión no la toma un funcionario. Esa decisión se ha tomado muy arriba. Cuando digo muy arriba digo alguien capaz de dar órdenes a un Consejero de Transportes”, apunta el funcionario, dejando claro que, en aquella época. en la Comunidad de Madrid, no se movía un papel sin que lo supiese Esperanza Aguirre.

El magistrado sospecha que durante los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González –actualmente imputados– esta cláusula del 1 sirvió para nutrir la caja ‘b’ del PP.