Por Erika MartínezJose Ramón Becerra 

Durante estos últimos meses la cuestión de la energía se ha situado en el primer plano en la agenda política. Así, el Parlamento Europeo ha aprobado ambiciosos objetivos vinculantes para el conjunto de la UE en materia de eficiencia energética y generación de energía renovable en el horizonte de 2030. A su vez comenzó a tramitarse hace unas semanas en el Parlamento Vasco el Proyecto de Ley de Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas Vascas.

El Gobierno Vasco ha planteado esta norma como un primer paso para avanzar en la senda del ahorro energético, que hasta la fecha ha sido –y es- el patito feo de la política energética vasca. Sin embargo desde EQUO Berdeak creemos que su papel debe de ser más ambicioso: esta Ley debe poner de manifiesto la verdadera apuesta del Gobierno por una sociedad más sostenible y marcar una hoja de ruta para abordar de una vez por todas la imprescindible transición energética que necesita el país, y hacerlo además de una forma coordinada entre las diferentes administraciones vascas.

Por supuesto, hablar de transición energética es hablar no sólo de mejorar la eficiencia o incrementar la cuota de energía renovable, sino también de retos ineludibles como la descentralización de la producción energética o la democratización de su gestión a través de la participación ciudadana.

Por otra parte es evidente la estrecha relación que existe entre la producción de energía y el cambio climático, uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos hoy en día como sociedad. De cómo seamos capaces de afrontarlo dependerá en gran medida nuestro futuro modo de vida.

Llegados a este punto, cabe resaltar que la preocupación de la sociedad vasca al respecto ha alcanzado máximos históricos. Según los resultados del primer estudio de percepción ciudadana realizado en Euskadi sobre energía y cambio climático, la sociedad asume que luchar contra esta amenaza exigirá cambiar de hábitos. Así, un 88% considera necesario reducir el consumo de energía, mientras que un 95% apuesta por desarrollar más las energías renovables.

Por eso el dicho de que “la mejor energía es la que no se consume” debe ser la base de la nueva política energética vasca y, por qué no, también de una nueva forma de organizar nuestra economía: los edificios donde vivimos y trabajamos, cómo nos movemos por nuestros pueblos y ciudades… Poco a poco este modelo insostenible de derroche energético debe ir dando paso a un nuevo escenario con edificios que casi no consuman energía, calles exclusivas para peatones y bicicletas o vehículos eléctricos compartidos. Pero llegar hasta esa meta exige planificación a corto, medio y largo plazo.

En este tránsito ineludible, una de las principales dificultades es la resistencia al cambio que muestran las élites políticas y económicas. Así, durante estos últimos años hemos visto cómo los acuerdos sobre cambio climático alcanzados en las distintas cumbres internacionales (París, Marrakech, Bonn) se quedan en papel mojado por falta de compromiso y lentitud de los Estados a la hora de trasladarlos a leyes efectivas. De ahí que lo más rápido y eficaz sea comenzar con la implicación de las administraciones locales y autonómicas.

Por todo ello el proyecto de Ley de Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas Vascas es un instrumento interesante para impulsar la realización de auditorías energéticas, la producción y el consumo de energía limpia en las instalaciones públicas, la construcción de edificios autosuficientes desde el punto de vista energético, la electrificación del transporte o la movilidad no motorizada.

Ahora bien, no parece lógico que, con el escaso margen que tenemos para cumplir los objetivos contra el cambio climático, los plazos y metas que se marque la Ley sean tan poco ambiciosos. Las administraciones vascas deben dar ejemplo y actuar como agente tractor para el cambio en otros sectores económicos y, por ende, abrir oportunidades de empleo verde en sectores sostenibles y con futuro.

De hecho, nada más esclarecedor para conocer la verdadera ambición con la que el Gobierno Vasco aborda la transición energética que analizar la dotación de recursos que pone a su disposición. Pues bien, el proyecto de ley pasa de largo sobre este punto, pero la lógica y la experiencia demuestran que, sin la pertinente dotación presupuestaria, las administraciones locales difícilmente podrán hacer frente a las inversiones exigidas. En contrapartida, es preciso incorporar un régimen sancionador para penalizar los incumplimientos, o de lo contrario la Ley se convertirá en papel mojado.

Objetivos ambiciosos, financiación municipal, mecanismos de evaluación y seguimiento… nada de esto sería suficiente si en la Ley no se incluyen foros destinados a la participación ciudadana, eje transversal y básico en un modelo de gobernanza moderno, abierto y democrático.

En definitiva, mientras Euskadi no tenga una Ley de Cambio Climático que aborde la transición energética de manera integral, la Ley de Sostenibilidad Energética parece una buena forma de impulsar desde lo público el avance hacia un futuro más sostenible. Un reto para el que la sociedad está preparada, pero que necesita de una Administración ejemplar y comprometida. ¿Sabremos hacer de este reto una oportunidad?

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