Al fiasco del IMV se une la próxima colaboración público-privada para su tramitación

Entidades público-privadas gestionarán y certificarán situaciones que, en principio, darían derecho a recibir el IMV.

Julia Castillo – Activista social

El IMV (el Ingreso Mínimo Vital) se coció con el aplauso de la ONU y del FMI, por tan maravillosa idea del gobierno patrio. Lo parieron en mayo del 2020. En pleno confinamiento por la pandemia.

Se aprobó, en la Cámara, con el apoyo del PP y la abstención de VOX. Detallitos suficientes para que apareciese, así, de repente, una mosca tras la oreja de los que nos cuestionamos todo lo que nos intentan meter con vaselina.

Si lees la publicación de La Moncloa del 29 de mayo 2020, al respecto, verás sus previsiones:

• Llegará a 850.000 hogares en los que viven 2,3 millones de personas, con especial incidencia en los hogares en los que viven menores
• Supondrá la práctica erradicación de la pobreza extrema, que actualmente afecta a 600.000 hogares y 1,6 millones de personas
• Será compatible con rentas salariales e incluirá incentivos al empleo en forma de bonus para quienes empiecen a trabajar o aumenten el número de horas de ocupación
• Se establecen una amplia variedad de tipologías de hogar, cada una con un nivel de renta garantizado que oscila entre los 5.538 y 12.184 euros anuales

Sabemos, porque así ha sido denunciado en múltiples ocasiones, que ha fracasado. Al menos hasta la fecha.

No ha llegado ni a 850.000 personas (no familias). Otro dato, y quizá más claro: del total de personas catalogadas como en riesgo de pobreza, solo el 8% de estas han recibido el IMV. 8 de cada 100. ¿Es o no un fiasco?

La gestión es tan intrincada que no la ha solicitado más que un porcentaje mínimo de los que tendrían derecho a la ayuda.

Se han recibido solicitudes, miles de solicitudes “con defectos de forma”. Eso ha dejado fuera a familias en situación de gran vulnerabilidad (Es fácil darse cuenta de que la vulnerabilidad y la falta de “soltura burocrática” suelen ir unidas).

Los servicios sociales, que ayudan a estas personas a tramitar las solicitudes y preparar la documentación necesaria, se han visto desbordados. Esto ha dado pie a que “generosos personajes” se estén lucrando a base de ayudarles con esos trámites. Y no es el primer caso, ni será el último, de personas con muy escasos recursos, que han pagado por el trámite y luego no han conseguido el subsidio.

Pues bien, ahora rizan el rizo y ponen en marcha, ya oficialmente, aquel REAL DECRETO del mes de mayo de 2020 y con retoques. Retoques que, dicen, mejorará, ayudará, aumentará, la posibilidad y la cuantía del IMV.

¿Es cierto?

Me temo que no. No, al menos, en la mayoría de los casos.

Si bien aumentan las posibilidades de alcanzar tamaña limosna (sigue siendo caridad), no desaparecen los problemas que tenía hasta ahora.

Hablan, anuncian, dicen que habrá ayudas añadidas para los hijos pequeños. Lo que no dicen es que es una ayuda aparte, que se tramita aparte también y no solamente aparte, sino que no depende de la Seguridad Social como el IMV sino de Hacienda. ¡Ala, otro trámite para liarlo más si cabe!

Pero hay un punto, quizá el más grave, que es el de una nueva puerta a otra PRIVATIZACIÓN DE LO PÚBLICO: se abre un registro de entidades colaboradoras. Entidades que gestionarán y certificarán situaciones que, en principio, darían derecho a recibir el IMV. En principio decimos porque faltaría que la administración dé el visto bueno, ya que ellos son los que aprueban, o no, el derecho a esa ayuda. Es cierto que hablan de entidades muy especiales. Unas que llevan etiquetas de “social” hasta en la ropa interior. No discuto sus intenciones (bueno, yo sí, lo confieso, pero es porque sospecho hasta de mi sombra), pero está claro que las “pequeñas” no van a poder registrarse como colaboradoras. Basta leer las condiciones para darse cuenta. ¿Lo dudáis? Esta es una de las condiciones para optar al registro:

Disponer de puntos de atención directos a las personas en todas las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

¿Qué entidades, sin ánimo de lucro, creéis que reúnen esa condición?, ¿las pequeñas ONG?

Por supuesto no van a trabajar gratis (nuevamente aparece la “colaboración público-privada”) y, aunque sean entidades sin ánimo de lucro, puedo explicarles, sabiendo de qué hablo, que esto solo significa que no queda beneficio después de pagar todos los gastos. En esos gastos hay… “GASTOS” (a buen entendedor… no explico más porque sería explicar demasiado y no procede).

Claro que, respecto al dinero, el presupuesto es el que es. Y si no llega, te quedas esperando. Hay que tener en cuenta que, por lo que he visto, no se prevé un aumento de este, aunque no es que importe mucho, porque en octubre les faltaba por adjudicar la mitad del aprobado. Es más, el señor Escrivá acaba de confesar, y estamos a finales de diciembre, que quedarán 1000 millones de euros del presupuesto sin adjudicar. ¡Ay dios!

Es decir, su tramitación es vergonzosa, caótica e injusta. ¡Hummmm! ¿no es lo que está pasando con todo lo que tramita la administración relativo al “bienestar social”?

¡Qué no, señores del gobierno más progresista de la historia! ¡qué así no es!, ¡así no se hace!

Por cierto, que el IMV sigue siendo CARIDAD y un país progresista, democrático y moderno, no puede tolerar la CARIDAD y mucho menos practicarla.

Hay que poner soluciones, no parches.

Hay que ser justos, no caritativos.

Se trata de erradicar la necesidad de la NECESIDAD.