Al menos una líder social o defensora de derechos humanos fue asesinada cada 18 días durante 2017 en Colombia, según el informe «Violencias basadas en género y discriminación» de la Defensoría del Pueblo del país, presentado este lunes en Bogotá.

«Según la Alerta Temprana 026 de 2018, en el año 2017 fueron asesinadas 23 mujeres lideresas o defensoras (…) En promedio, cada 18 días una lideresa fue asesinada en Colombia», señaló el documento.

La entidad alertó además de riesgos de violencia sexual en 24 de los 32 departamentos del país y afirmó que la presencia de grupos armados asociados al narcotráfico en zonas fronterizas supone una amenaza añadida para las mujeres y las personas con identidades sexuales diversas.

«Las violencias basadas en el género y la discriminación suponen una vulneración flagrante de los derechos humanos», dijo el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, durante la presentación del informe.

El funcionario se mostró preocupado por cómo los estereotipos y prejuicios «continúan permeando a la institucionalidad a través de funcionarios que se niegan a aplicar la normatividad» y afirmó que «las mujeres y personas LGTBI son fundamentales para edificar la paz».

Según el informe, «los altos índices de impunidad» y los prejuicios de los funcionarios de la Justicia colombiana provoca desconfianza en las víctimas y desincentiva la denuncia de estos hechos.

En el documento, de 33 páginas, la Defensoría detalla que la «violencia sexual fue usada como estrategia de combate para apalancar los intereses de todos los actores armados» y atemorizar a las poblaciones, e incluso a los mismos combatientes con el objetivo de «reforzar líneas de mando».

La entidad afirmó que una de las causas que provocan estas violaciones a los derechos es el desempleo de las víctimas, pues están más expuestas que aquellas mujeres que cuentan con un empleo.

Por ello, alertó de que los mecanismos de protección no están funcionando y recomendó a varios ministerios fortalecer las estrategias de prevención de las «violencias basadas en género y la discriminación por orientación social e identidad de género».

Respecto a la identidad de los agresores, la Defensoría concluyó que las parejas o exparejas de las mujeres continúan como «los principales actores que ejercen violencia».

Otra causa que señaló la entidad es el incremento de grupos armados ilegales que ocuparon terrenos de las FARC después de que la antigua guerrilla se desmovilizara tras firmar un acuerdo de paz con el Gobierno en noviembre de 2016.

Por todo lo anterior, la Defensoría pidió al Estado colombiano mejorar sus políticas para el acceso a la justicia, salud y educación, con las que se puede garantizar el «goce de todos los derechos».

«Si las entidades del Estado generan acciones en la materia, avanzaremos en el cumplimiento de la repsonsabilidad internacional del Estado respecto a la prevención, sanción y erradicación de las violencias», concluyó el informe.

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