En agosto de 1990, tras la invasión de Kuwait por Irak, la familia reinante Al Sabah entra en pánico y da la orden a la Kuwait Investment Office (KIO) de que reparta dinero a otros países para conseguir su participación en una intervención militar capitaneada por EEUU y obtener su apoyo en la votación de las Naciones Unidas. Uno de los que gestionan esas generosas donaciones es Javier de la Rosa, el delegado de KIO en España, que ya mantiene relaciones con Manuel Prado y Colón de Carvajal, el administrador y testaferro de Juan Carlos I.
Al conocer que KIO está repartiendo millones a gobernantes de todo el mundo, Juan Carlos I y Prado ven la oportunidad de conseguir el dinero para saldar la deuda que mantiene con el príncipe saudí Salman bin Abdelaziz y para ello acuden de nuevo a De la Rosa, a quien llevan presionando un año para que les ayude a finiquitar el crédito. Como parece fácil justificar ante los kuwaitíes que esa cantidad forma parte de la inversión global para cosechar apoyos a la reconquista de su país, De la Rosa acaba aceptando, tal y como informaba este martes el diario Público.
Con la excusa de que España tiene que ser el portaaviones gigante de los vuelos militares desde EEUU hacia la guerra con Irak, los responsables de KIO dan su visto bueno al pago de 100 millones de dólares y cursan una solicitud reiterada personalmente por Juan Carlos I a través de una llamada al presidente de KIO en agosto de 1990. Por tanto, con esa llamada De la Rosa deja claro ante sus socios kuwaitíes que ha sido el propio monarca quien le ha pedido que consiga ese dinero.
De la Rosa solo transfiere 80 millones de dólares de los 100 prestados a la cuenta de Prado en el banco Sogenal de Ginebra, por tanto, quedan pendientes 20 millones para saldar la deuda. La partida de 80 millones de dólares sería repartida después entre varias cuentas de distintas entidades bancarias suizas, tal y como constata la sentencia de la causa judicial del caso KIO, firmada el 23 de junio de 2006 por el magistrado Javier Gómez Bermúdez como presidente del tribunal.
En el resto de los puntos incluidos en la relación de «hechos probados» que el tribunal considera acreditados figuran también muchos otros envíos de grandes sumas, como una partida de 75 millones de dólares a Lombard Odier, sucursal de Ginebra, a la atención de Thierry Lombard, un dinero ingresado en una cuenta del citado banco de la que era titular FAHAD AL SABAH, es decir, el propio presidente de KIO hasta 1992.
Después de la guerra, Fahad Al Sabah, será demandado por los nuevos responsables de la agencia de inversiones kuwaití. Además, debido a la gestión de KIO tras la invasión, un tribunal de Londres ordenará, en febrero de 1994, el embargo preventivo por valor de 500 millones de dólares de sus cuentas.
Entre los gestores del holding contra los que se querella la otra parte de la familia Al Sabah figura Fouad K. Jaffar, anterior vicepresidente de KIO, quien se reenvía cuatro millones de dólares a sí mismo, y el propio Javier de la Rosa, vicepresidente del Grupo Torras y vehículo de las inversiones de KIO en España.
Los responsables de la oficina kuwaití en Londres se habían aprovechado de las circunstancias bélicas para autoadjudicarse comisiones por 300 millones de dólares, que hicieron llegar a sus propias cuentas de Suiza y otros paraísos fiscales.
La querella contra los anteriores gestores de KIO finaliza el 22 de junio de 1999 con la sentencia del Tribunal Comercial de Londres, que condena a Fahad al Sabah, Fouad Jaffar y De la Rosa a pagar conjuntamente 450 millones de dólares, más 100 millones de intereses. Mientras tanto, en España se prolongará la instrucción de la causa hasta que se dicta sentencia de 2006.
De la Rosa declaró en los juzgados de Londres que la desaparición de fondos de la caja del Grupo Torras (filial de KIO en España) se justificó ante los kuwaitíes diciéndoles que se había utilizado para el pago de favores políticos realizados en pro de la liberación del emirato, con el fin de que la aviación estadounidense pudiera disponer a discreción de las bases aéreas españolas de Rota y Torrejón y de que el propio jefe del Estado se asegurase del reabastecimiento de los bombarderos de EEUU.
Sin embargo, fuentes que conocen de primera mano cómo se desarrollaron los acontecimientos aseguran a Público que «el rey no se hizo cargo de nada en absoluto, pues todas las operaciones fueron ejecutadas por el Ministerio de Defensa sin su participación. Está claro que la versión de De la Rosa sólo intentaba justificar ante los nuevos caudillos kuwaitíes que hubiera entregado tan elevada cantidad de dinero al administrador de los negocios de Juan Carlos I, y sólo porque se lo había pedido personalmente el monarca español».
Todo termina con la suspensión de pagos del Grupo Torras y las sentencias condenatorias para Prado y De la Rosa, que pasan algún tiempo en prisión y acaban enfrentados judicialmente, especialmente después de que el abogado de KIO, José Maía Stampa Braun, permitiese un careo entre ambos que puso de manifiesto las ramificaciones de la operación hasta el propio rey. El letrado se empeñó en impedir que trascendiera la implicación del monarca.
Nada se supo de los últimos 20 millones de dólares, aunque diversas fuentes consultadas por Público creen que probablemente ese dinero es el que la Fiscalía del Supremo ha descubierto recientemente en un trust de la isla de Jersey administrado por el testaferro Joaquín Romero Maura, que formó parte en la época de KIO del círculo de confianza de Manuel Prado y del rey. Esa sociedad instrumental, contaba con fondos por valor de unos 10 millones de euros, y el destinatario de los movimientos era aparentemente Juan Carlos I, aunque, como era habitual, las transferencias no se hacían a su nombre.
En 1994, ante este escándalo y las investigaciones judiciales iniciadas, Manuel Prado se retira como gestor y socio de la fortuna del rey y, según aseguran a Público fuentes acreditadas que conocieron los hechos, anuncia a unos pocos magnates de su confianza que quien le reemplazará será Alberto Alcocer, ayudado y asesorado por su primo y socio, Alberto Cortina.
Cuenta Soleado
Alcocer será quien presente al rey al bróker suizo Arturo Fasana, quien al año siguiente abrirá la cuenta Soleado en la entidad Credit Suisse de Ginebra, una cuenta que servirá como plataforma de aterrizaje de grandes cantidades de dinero evadidas al fisco español y como trampolín para reenviarlas desde Suiza a los paraísos fiscales en los que atesoran sus fortunas los multimillonarios.
Ese instrumento de canalización de capitales para ocultarlos a la Agencia Tributaria funciona en secreto pero es conocido por las mayores fortunas españolas que lo emplean en su provecho durante quince años, hasta que sale a la luz gracias a las investigaciones judiciales sobre la trama de corrupción Gürtel, puesto que Francisco Correa, el cabecilla de la red, también lo emplea para blanquear sus propias comisiones del entramado de cohecho.
Sin embargo, las comisiones rogatorias solicitadas a Suiza por los jueces españoles se ven limitadas al conocimiento de los movimientos de los imputados en el caso Gürtel, así que la información sobre la cuenta Soleado transmitida desde Ginebra a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en febrero de 2010, llegará con todos los datos e identidades tachados de los otros 32 millonarios y 22 sociedades que emplearon ese vehículo de evasión fiscal, algo que no es delito en Suiza.
El informe de la UDEF sigue enterrado en el sumario hasta que, 25 años y tres días después de la creación de Soleado, el periodista José Antequera consigue una copia y publica en Diario 16 su contenido, a lo largo de varios capítulos en febrero de 2020, revelando que «implica a supuestos testaferros de Juan Carlos I y conduce a grandes fortunas de españoles en Suiza».
Público ha obtenido también el informe completo de la UDEF sobre Soleado y en él queda claro que José Ramón Blanco Balín, socio y asesor de Los Albertos e imputado en la trama Gürtel, es quien se hace cargo de la gestión de los fondos que transitan por esa cuenta de evasión fiscal masiva.
Fuente: Público, Contrainformación
