La Fiscalía del Tribunal Supremo ve suficientes indicios de que el diputado del PP Alberto Casero pudo cometer los delitos de malversación y prevaricación de caudales públicos en su etapa como alcalde de Trujillo (Cáceres).

El Ministerio Público ha elaborado un informe después de que una juez de Trujillo elevara exposición razonada al Supremo en la que pedía que se tomara declaración como investigado a Casero al entender que entiende que «existen indicios racionales de la comisión (…) de sendos delitos continuados prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos».

Alberto Casero, quien fue la mano derecha del que fuera secretario general del PP Teodoro García Egea y responsable, por su error en la votación, de que la reforma laboral del Gobierno saliera adelante, firmó varios contratos como alcalde de Trujillo con un psicólogo para asistir a víctimas de violencia machista, con la Cámara de Comercio de Perú y con asociaciones culturales y empresas de comunicación, al margen de los órganos municipales competentes, por los que el Ayuntamiento acabó siendo condenado por su impago.

Alberto Casero al borde de la imputación por malversación y prevaricación de caudales públicos
Alberto Casero al borde de la imputación por malversación y prevaricación de caudales públicos

Contrato al psicólogo

Casero contrató a Pablo Bonilla el 3 de marzo de 2017 como psicólogo para asistir a mujeres víctimas de violencia de género, quien cobró por esos trabajos más de 6.000 euros a pesar de estar dado de baja de la Seguridad Social. El 29 de agosto de ese mismo año firmó también un contrato menor por valor de 18.000 euros anuales.

Según indica el escrito, «Casero no informó ni aportó al Ayuntamiento el contrato suscrito, ni se instruyó expediente de contratación ni se recabó informe del Órgano de Contratación sobre la necesidad del servicio, ni se aprobó el gasto». Tampoco consta que Bonilla realizara los servicios por los que presentó factura desde julio a octubre de 2017 y eso que ese tipo de actividad se canalizaba a través de la Comisión de Violencia de Género «a la que no le consta ninguna actuación» por parte de esta persona.

Bonilla acabó reclamando parte de las facturas que no había cobrado por la vía judicial se condenó al ayuntamiento a abonarlas.

Convenio con la Cámara de Comercio de Perú

El 6 de septiembre de 2017, Casero firmó un convenio con la Cámara de Comercio de Perú por el que se comprometía a realizar una aportación económica de 25.000 euros para financiarlo sin informar a los servicios económicos ni jurídicos del Consistorio ni dar copia del convenio al interventor.

Ese convenio no fue aprobado en pleno ni por resolución de alcaldía y no se sometió a información pública ni se publicó en el BOE y, aunque ese contrato pudiera considerarse de patrocinio, Casero no podía adjudicarlo directamente porque superaba los 18.000 euros y por tanto precisaba licitación, recuerda la fiscal.

La Cámara de Comercio de Perú reclamó facturas por importe de 15.000 euros que no fueron abonadas por el consistorio ya que existía una nota de reparo del interventor.

Otros contratos

Además de estos dos asuntos, la fiscal menciona otros tres: el compromiso «verbal» de Casero en 2017 con la Asociación Cultural Bon Vivant para celebrar en Trujillo la gala Pop Eye a cambio del patrocinio institucional de 18.000 euros, el contrato en enero de 2018 a Icaro Consultores en Comunicación para organizar la Feria Internacional del Queso por un importe de 14.300 euros como contrato menor y el contrato con Radio Interior SL, en el marco de la feria internacional del queso, para promocionarla, por un importe superior a los 15.000 euros.

La fiscal recuerda que de lo actuado se ha podido constatar que las personas o empresas contratadas por Casero no recibieron todo o parte de las prestaciones económicas a las que éste se había obligado en calidad de alcalde y decidieron llevar al Ayuntamiento de Trujillo a los tribunales que fue condenado a saldar las deudas.

En concreto, la fiscal dice que el psicólogo presentó factura por importe de 2.949 euros; la Cámara de Perú dos facturas de más de 15.000 euros cada una, pendiente de resolución judicial; Icaro Consultores reclamó 17.306 euros y Radio Interior 18.119 euros.

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