El exalcalde de Trujillo (Cáceres), Alberto Casero, ha llegado a un acuerdo este martes con la Fiscalía, aceptando una condena de un año y nueve meses de prisión, seis años de inhabilitación y el pago de una indemnización cercana a los 70.000 euros por delitos de prevaricación y malversación durante su gestión municipal.
Tras una audiencia previa de poco más de una hora en la Audiencia Provincial de Cáceres, el acuerdo entre las partes fue aceptado, y el magistrado dictó sentencia oral, especificando las penas a cumplir conforme a lo acordado.
El fallo declara a Casero culpable de prevaricación y malversación en la gestión de cinco contratos públicos de servicio, patrocinio o convenios realizados entre marzo de 2017 y diciembre de 2018, incumpliendo las formalidades legales requeridas por la normativa vigente.
Tras este acuerdo, Casero, representado por el abogado Bernardo del Rosal, evitará la prisión, pero deberá pagar una suma inicial de casi 10.000 euros al ayuntamiento de Trujillo, seguida de pagos mensuales de 1.000 euros durante 60 meses.
Anteriormente alcalde de Trujillo entre 2011 y 2019, Casero se enfrentaba a una petición de ocho años de prisión, inhabilitación absoluta durante 20 años y al pago de una indemnización cercana a los 70.000 euros según la Fiscalía.
Posterior a su etapa como alcalde, Casero fue diputado nacional entre 2019 y 2023. Renunció voluntariamente a su escaño y abandonó su partido en marzo de este año, después de la propuesta del Tribunal Supremo de enjuiciarlo por delitos vinculados a esos contratos municipales.
El juez del Supremo explicó que Casero había concertado una serie de contratos de servicio, patrocinio o convenios sin seguir los procedimientos formales adecuados, realizando contrataciones verbales o sin publicidad en casos que requerían trámites específicos, entre otras irregularidades.
El origen de esta causa se remonta al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Trujillo, a raíz de una denuncia de la Fiscalía sobre contratos y acuerdos realizados por Casero durante su mandato como alcalde. Tras su condición de diputado nacional, el caso fue trasladado al Tribunal Supremo y regresó al ámbito judicial local después de su renuncia al cargo parlamentario.
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