Este lunes, el ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha afirmado que, más allá de las irregularidades que pudiera haber cometido Juan Carlos I cuando era el Jefe del Estado, el problema en España es la monarquía, que impide apartar del cargo a quien participa en prácticas corruptas. 

Garzón ha hecho esta reflexión después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recalcase que «lo que se juzga no son instituciones, sino a personas».

El ministro de Consumo, en relación al tema de los presuntos negocios ocultos en el extranjero del rey emérito, ha opinado a través de unos mensajes publicados en su cuenta de Twitter que «la clave no es si Juan Carlos es buena persona», sino «cómo y, sobre todo, por qué pudo hacer lo que hizo». «Instituciones, no personas», ha subrayado.

Según Garzón, una democracia avanzada no pide a sus ciudadanos actos de fe para confiar en individuos supuestamente honestos y no corruptos sino que en su lugar diseña instituciones para desincentivar y evitar la corrupción: elecciones, rendición de cuentas o la transparencia.

«Eso es, en esencia, lo que reclama la tradición política republicana, la cual va mucho más allá de la elección democrática del jefe de Estado», ha reivindicado.

Además, ha señalado que la democracia debería consistir en tener normas y reglas que impidan que cualquiera, por bueno que parezca al principio, pueda convertirse en corrupto y ser revocado del cargo y no en exigir moralidad a los dirigentes y representantes públicos.

Asimismo ha lamentado no tener un buen bloque de liberales políticos que acepten estas tesis y ha criticado que usan el nombre de liberales aquellos que no son sino aduladores monárquicos dedicados a construir defensas de cualquier comportamiento.

El pasado lunes, tras conocerse la decisión del rey emérito de abandonar España y trasladarse al extranjero ante la repercusión mediática que estaban generando ciertos acontecimientos pasados de su vida privada, Garzón exigió que se juzgue a Juan Carlos I y se encuentre a los cómplices de una trama que no pudo ser «tejida y mantenida por una sola persona».

Por su parte, Izquierda Unida ha solicitado al Tribunal Supremo que reabra la querella presentada contra el rey emérito y que se archivó el año pasado por el presunto cobro de comisiones por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas, aprovechando que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ordenase la reapertura de la pieza del caso Villarejo sobre este asunto.

A través de su abogado, Juan Carlos I aseguró que permanece a disposición de la Fiscalía para cualquier trámite o actuación que considere oportuna.