En 2017, el Tribunal Europeo dictaba que los números 902 para atención al cliente de tarificación adicional eran ilegales. Ahora, el ministerio que dirige Alberto Garzón prepara una ley que contempla la prohibición de estos números, una medida con la que pretende poner fin a un abuso generalizado que se ha visto agravado durante la pandemia, porque las restricciones de movilidad, aforo y presencialidad impedían a los consumidores acudir a las oficinas pertinentes cuando tenían algún problema con algún servicio.

Los 902 son de los pocos números por los que el usuario tiene que pagar, ya que los 901 tienen un coste compartido y para el resto de números los operadores ofrecen tarifas planas desde fijos y móviles.

El uso de estos números se establecieron antes de la llegada de los móviles y cuando aún existían cabinas telefónicas. Llamar a estos números era más caro que una llamada provincial, pero más barato que una nacional.

Los 902 ha reportado unos importantes ingresos a las empresas, una llamada desde un móvil a estos números puede suponer un desembolso de hasta seis veces más que si se hace desde un fijo.

Según la ley, «en caso de que el empresario ponga a disposición de los consumidores y usuarios una línea telefónica a efectos de comunicarse con él en relación con el contrato celebrado, el uso de tal línea no podrá suponer para el consumidor y usuario un coste superior a la tarifa básica, que tal y como sentenció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no podría exceder del coste de una llamada a una línea telefónica fija geográfica o móvil estándar».

El ministerio de Consumo ha destacado que el acceso «a una atención eficaz, transparente y de calidad y una información completa, veraz y accesible en los Servicios de Atención al Cliente, Quejas, Reclamaciones e Incidencias, no pueden estar condicionados por los recursos económicos del consumidor y estos no se pueden ver reducidos o perjudicados como consecuencia del ejercicio de un derecho básico».

Según indicó FACUA este jueves, con estas líneas de alto coste muchas empresas vulneran la legislación de defensa de los consumidores y en muchos casos, obtienen beneficios por cada llamada recibida, una práctica también prohibida por la normativa de telecomunicaciones.

Con esta reforma se pretende que los consumidores dispongan de un número geográfico de tarifa básica, con prefijos de toda la vida, y acabar así con los sobrecostes en las facturas.