El cabeza de lista de Unidas Podemos al Congreso por la provincia de Málaga y coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, se ha comprometido a luchar contra la «corrupción legal» presente en el sistema español, que ha identificado como la «privatización» de los servicios públicos.

Así lo ha defendido acompañado por los candidatos gallegos al Congreso Antón Gómez-Reino y Yolanda Díaz en un mitin en el Teatro García Barbón de Vigo, donde ha criticado la desviación de un «30 por ciento de los pacientes» del sistema sanitario público andaluz al privado puesta en marcha por el Ejecutivo que preside Juanma Moreno. Así, ha reprobado que esta administración haya aceptado costear el 60 por ciento de este gasto beneficiando, en su opinión, a los propietarios de centros privados.

Ante esta situación, ha advertido de la posibilidad de que el Partido Popular (PP), Ciudadanos y Vox puedan formar gobierno y ejecutar políticas como las llevadas a cabo en Andalucía, entre las que ha destacado el aumento de los precios de las escuelas infantiles. A su juicio, estas acciones son «machistas», ya que dificultan que las familias puedan acceder a estos servicios y provocan que las mujeres se vean obligadas a renunciar a sus empleos para poder atender a sus hijos.

Por esta razón, ha apostado por una educación gratuita desde los 0 años hasta la universidad y ha recordado que países como Grecia y Noruega garantizan el acceso a la formación superior sin coste alguno para las familias, mientras España es el «tercer país (europeo) con los másteres más caros». Garzón ha afirmado que, al permitir que las personas con menos recursos puedan estudiar en la universidad y acceder así a puestos de trabajo con una remuneración superior, se podrán eliminar las «barreras de clase».

En esta línea, ha resaltado que el fracaso escolar está ligado al «código postal», en referencia a la capacidad económica de las familias, y puesto como ejemplo que el de los hijos de los campesinos es cinco veces más elevado que el de los descendientes de las clases altas.

EMIGRACIÓN JUVENIL

Además, el líder de Izquierda Unida ha lamentado que los jóvenes se hayan visto obligados a emigrar ante la falta de oportunidades laborales en España, una situación que, a su juicio, requiere un plan de retorno.

Mientras, ha apuntado que el 50 por ciento de los jóvenes que sí residen en España lo hacen en casa de sus padres porque no tienen capacidad económica para independizarse. Así, ha denunciado que se haya comenzado a «expulsar a la gente de sus barrios» y que se haya permitido que el precio de la vivienda haya quedado «a merced de los caprichos del libre mercado».

En este sentido, ha advertido de que los derechos como la vivienda o la sanidad «están amenazados» y ha reiterado que solo el proyecto de Unidas Podemos antepone los «derechos humanos» a los «intereses empresariales». Asimismo, ha apostado por luchar por los derechos sociales, «la única forma de hacer un homenaje a las personas que lucharon para que la democracia estuviera instalada».

COSTE DE LA ELECTRICIDAD

Asimismo, ha abogado por «darle la vuelta» a la «privatización» de empresas públicas realizada durante años y, en concreto, ha hecho referencia al caso de Endesa. Ha defendido, además, la necesidad de contar con una empresa pública de energía que garantice que «nadie pasa frío» en invierno y ha señalado que 3,7 millones de españoles no pueden hacer frente al gasto que supone tener el frigorífico encendido.

Durante el mitin, la cabeza de lista de En Común-Unidas Podemos al Congreso por la provincia de Pontevedra, Yolanda Díaz, ha apostado también por «intervenir» el precio de la electricidad, así como por «eliminar del mercado a las centrales nucleares e hidroeléctricas».

Adicionalmente, Alberto Garzón ha denunciado que la crisis haya sido «aprovechada» por las mismas empresas que «financian a determinados medios (de comunicación)» y que «están detrás de las cloacas policiales», en referencia al supuesto espionaje realizado al líder de Podemos, Pablo Iglesias.

En el acto, Yolanda Díaz, que ha ocupado un escaño de la coalición electoral de En Marea en el Congreso en la última legislatura, ha criticado también que sean las grandes empresas las que «gobiernan» realmente España y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aceptar sus demandas al no haber derogado las reformas laborales. Así, ha retado al secretario general del PSOE a afirmar que quiere un gobierno que apoye a las clases sociales más bajas.

En relación al empleo, ha denunciado que, de los 21,5 millones de contratos firmados en 2018, 18 millones fueron temporales, por lo que ha insistido en la importancia de conseguir que el contrato «ordinario» sea el indefinido.

A mayores, aunque ha puesto en valor que Podemos alcanzase un acuerdo para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros, ha reivindicado la necesidad de que se incremente el salario base.

El cabeza de lista de En Común-Unidas Podemos al Congreso por la provincia de A Coruña, Antón Gómez-Reino, ha afirmado que el PSOE no se comprometerá a trabajar por una bajada de los alquileres de las viviendas y ha instado directamente a la fuerza política que lidera Pedro Sánchez a tener en cuenta la necesidad de «llegar a acuerdos».

POSIBLES PACTOS POSTELECTORALES

En referencia a su etapa como diputado de En Marea en el Congreso en esta legislatura, Gómez-Reino ha puesto en valor los «avances» conseguidos desde 2015. No obstante, ha advertido de que, tras el 28 de abril, solo habrá tres escenarios posibles: un regreso al «siglo pasado» con un gobierno de extrema derecha (si el PP, Ciudadanos y Vox consiguen sumar una mayoría absoluta), un Ejecutivo de derechas con «políticas liberales» (en relación a un posible pacto entre PSOE y Ciudadanos) o un proyecto que sitúe a Galicia «en el centro», en relación a una victoria de En Común-Unidas Podemos.

La ‘número 2’ de En Común-Unidas Podemos al Congreso por la provincia de Pontevedra, Ángela Rodríguez ‘Pam’, ha señalado la necesidad de que la formación Unidas Podemos no solo sea «decisiva», sino de que pueda formar parte del Ejecutivo central ya que, en su opinión, cualquier otra opción, conllevaría un gobierno de derechas.


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