Alberto Luceño y Luis Medina declararon este lunes como imputados ante el juez Adolfo Carretero por vender supuestamente en marzo de 2020 material sanitario al Ayuntamiento de Madrid por un valor de 11 millones de euros y por lo que habrían cobrado una comisión de casi seis millones de euros.
El juez investiga a los dos empresarios por estafa agravada, falsedad documental, blanqueo de capitales y, en el caso de Medina, añade también el delito de alzamiento de bienes. Ninguno de ellos ha querido responder a las acusaciones o la Fiscalía y solo se han limitado a contestar a las preguntas del juez.
Alberto Luceño ha defendido la legalidad de las comisiones millonarias que cobró por vender material sanitario al Ayuntamiento de Madrid y considera que los márgenes de beneficio, que en ocasiones superaban la mitad de los contratos, son “un porcentaje normal” afirmando que esta operación, que el juez define como un fraude y una estafa, fue “una operación limpia”.
Además, ha negado que los porcentajes de sus comisiones superasen la mitad de los contratos. “Esos datos no son reales, me llevé el 47% que en nuestro trabajo es un porcentaje normal”, ha señalado. Y ha añadido: “Mi intención era parte ayudar al Ayuntamiento y, por supuesto, cobrar por mi trabajo”.
Por su parte, Medina, que fue quien proporcionó el contacto de Elena Collado, coordinadora de presupuestos del consistorio, a Luceño ha explicado que buscó a un primo del alcalde, al que no conocía previamente y cuyo contacto se lo facilita una amiga en común, que preside la CIS University, para conseguir contactar con el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida. «Al ser primo del alcalde, imaginé que me podría dar un contacto en el ayuntamiento», señaló. Además, ha asegurado no tener conciencia de haber cometido ningún delito.
«Carlos Martínez Almeida me dio un mail, que creo que era de Elena Collado, como responsable de compras que estaba en ese momento». El hijo de Naty Abascal ha asegurado que no ha visto a la alto cargo del consistorio de la capital en su vida y que quien llevó prácticamente todo el contacto con ella posteriormente ha sido su socio.
«Los precios y las comisiones las fija San Chin Choon»
Luceño ha cargado en el empresario malayo San Chin Choon la responsabilidad de calcular las comisiones. “Los precios los fija San Chin Choon, mi comisión también la fija San Chin Choon y la del señor Medina también”, ha señalado. Luis Medina ha dicho que no tuvo ningún contacto con el empresario de Malasia y que “no pactamos comisiones, entendí que me iba a tocar un tercio”.
Adolfo Carretero ha insistido sobre todo en lo relativo a la estafa y ha preguntado si el objetivo real era «lucrarse» con esos contratos, a lo que ambos empresarios han respondido que lo que querían era «ayudar» pero, por supuesto, cobrando por el trabajo.
El juez también hizo hincapié en la relación que ambos mantuvieron con la empresa Leno, a la que se adjudicaron los contratos del Ayuntamiento de Madrid y desde cuya cuenta bancaria salió posteriormente el dinero que ingresaron Medina y Luceño. Medina aseguró que no conoce ni a la compañía ni al empresario San Chin Choon, quien se niega a colaborar con la justicia española, mientras que Luceño dijo que llevaba desde 2018 siendo «agente exclusivo» de la firma malaya, aunque no había hecho ninguna operación con la empresa antes de la crisis sanitaria.
La Fiscalía Anticorrupción mantiene en su querella que la documentación aportada por ambos investigados es falsa. Luceño ha dicho que «ningún documento presentado en el banco es falso, sólo hay una errata en la fecha, las firmas son las del señor Medina y del señor San Chin Choon».
Retirada de pasaportes y comparecencia cada quince días
Las explicaciones de los empresarios, por el momento, no ha convencido ni al juez ni a la Fiscalía Anticorrupción. El magistrado que instruye la causa ha dictado un auto en el que les ha retirado el pasaporte para evitar que viajen a Malasia a destruir pruebas con el empresario con el que ya han hablado y les ha impuesto la obligación de comparecer cada quince días.
El juez ha señalado que «los delitos cometidos son graves no solo por su enorme trascendencia pública sino también porque llevan aparejadas penas de 23 años de prisión, que supone la posibilidad de riesgo de fuga».
En vuestro puñetereo trabajo, lo normal es ser subnormal… y ladrón.